Mariana LOVERA | Al menos 45 expedientes se encuentran bajo investigación por señalamientos de trabajadores del Gobierno de Tlaxcala que aseguran haber enfrentado presiones, amenazas o afectaciones laborales relacionadas con el respaldo a determinados grupos o figuras políticas.
Antonio Martínez Velázquez, coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, explicó que los casos siguen en proceso de análisis y que será la Secretaría de la Función Pública la instancia encargada de determinar si existieron conductas irregulares.
Durante Diálogos Circulares, el vocero adelantó que podría solicitarse a la titular de esa dependencia, Isabel Maldonado, presentar un reporte sobre el estado que guardan las investigaciones y las medidas adoptadas en cada expediente.
El tema surgió después de que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros hiciera referencia a presuntas inconformidades de trabajadores del sector salud, quienes habrían señalado a la dirigente sindical y diputada local Blanca Águila Lima de ejercer presión para favorecer políticamente a la senadora, Ana Lilia Rivera.
Martínez Velázquez evitó validar o descartar esas acusaciones y sostuvo que no corresponde al área de Comunicación Social determinar responsabilidades.
“Yo no sé si eso sea cierto. Puede ser que no sea cierto”, señaló, al insistir en que cualquier acusación deberá comprobarse mediante los procedimientos institucionales correspondientes.
Sin embargo, enfatizó que ninguna persona puede condicionar la permanencia en un empleo, amenazar con despidos o utilizar el acoso laboral para obligar a un trabajador a participar en favor de algún proyecto político.
Afirmó que la postura del Gobierno del Estado es garantizar que el personal pueda tomar decisiones políticas de manera libre, sin que su empleo, salario o derechos sean utilizados como mecanismo de presión.
El funcionario agregó que el señalamiento realizado por la gobernadora no debe interpretarse como una sentencia contra una persona en particular, sino como un llamado para que cualquier trabajador que se sienta intimidado pueda denunciarlo.
También recordó que actualmente no existe un proceso electoral formal, aunque consideró necesario evitar desde ahora cualquier intento de utilizar las estructuras gubernamentales o sindicales con fines partidistas.
Martínez Velázquez concluyó que las investigaciones deberán establecer si los hechos ocurrieron y quiénes serían responsables, pero reiteró que el derecho laboral no puede estar condicionado por preferencias, simpatías o decisiones políticas.