Angelo Gutiérrez Hernández | Por años, los gobiernos de Morena insistieron en construir un discurso basado en la confrontación, el nacionalismo de ocasión y la negación sistemática de una realidad que lastima a millones de mexicanos, la del crecimiento del poder del crimen organizado.
Primero fue Andrés Manuel López Obrador, con aquella política de “abrazos, no balazos”, que terminó convertida en una estrategia de tolerancia frente a organizaciones criminales que ampliaron su presencia territorial, diversificaron sus actividades ilícitas y aumentaron su capacidad de violencia.
Y hoy, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, el problema ya no es solamente interno, porque sus consecuencias alcanzan el ámbito internacional y colocan a México en una posición de aislamiento y desconfianza.
Lo ocurrido esta semana en Panamá es una señal inequívoca.
Mientras 19 países del continente participan en la Coalición Anticárteles de las Américas (A3C), también conocida como “Escudo de las Américas”, impulsada por Estados Unidos para combatir al narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de armas y otras amenazas transnacionales, México permanece fuera de ese esquema de cooperación estratégica.
En Panamá se reunieron ministros, mandos militares y responsables de seguridad de casi todo el continente. Estados Unidos, Colombia, Argentina, Chile, Guatemala, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Jamaica y otras naciones construyen una nueva arquitectura hemisférica de seguridad para enfrentar lo que Washington ya considera una amenaza regional como son los cárteles de la droga.
México, paradójicamente, no forma parte de ese acuerdo político, aun cuando es en territorio nacional donde operan algunas de las organizaciones criminales más poderosas del continente.
Todo esto evidencia que México atraviesa un grave problema que es la creciente desconfianza hacia quienes hoy nos mal gobiernan.
Porque cuando en el extranjero se observan territorios dominados por el crimen, procesos electorales bajo sospecha, señalamientos contra personajes vinculados al poder político y medidas como el retiro de visas a actores relevantes del entorno morenista, lo que se deteriora es la credibilidad del Estado mexicano.
Es importante ser responsables y en Acción Nacionales lo hemos sido, porque cualquier acusación sobre vínculos entre políticos y organizaciones criminales debe sustentarse en investigaciones y resoluciones de las autoridades competentes, pero también es cierto que la percepción internacional sobre México se construye a partir de hechos, decisiones y señales políticas que el propio gobierno ha generado durante años.
Por eso es grave que nuestros socios estratégicos fortalecen alianzas regionales, intercambian inteligencia y coordinan operaciones, mientras México aparece cada vez más distante de esos mecanismos.
Hay una paradoja que no debe pasar desapercibida. Aunque el gobierno mexicano decidió no incorporarse al Escudo de las Américas, la Armada de México participa en Panamax 2026, un ejercicio multinacional en el que intervienen 19 países para proteger el Canal de Panamá y enfrentar amenazas regionales.
Es decir, la cooperación operativa existe, pero la distancia política permanece, pero la lucha contra el crimen organizado ya no es solamente un asunto de seguridad pública. Se ha convertido en un tema de seguridad hemisférica.
Estados Unidos y diversos gobiernos del continente están organizando sus estrategias bajo esa lógica. México, por su ubicación geográfica, su peso económico y su importancia regional, debería estar encabezando esos esfuerzos, no observándolos desde fuera.
Nuestro país no puede normalizar la violencia, ni aceptar que regiones enteras permanezcan bajo la influencia de grupos criminales. Tampoco puede resignarse a que la confianza internacional se erosione.
México merece un gobierno que combata a los delincuentes, no que genere dudas; que fortalezca las instituciones, no que las debilite; que construya alianzas internacionales, no que se aísle.
La verdadera pregunta es qué ha hecho los gobiernos de la 4T para llegar a este punto.
La respuesta es evidente: pactar con los criminales y olvidarse del pueblo bueno.
