Por Mariana Lovera
“Mañana, mañana les hablo de política”.
La frase de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros podría haber pasado como una salida simpática para esquivar las preguntas de los reporteros. El problema es que, en política, los “mañana” también llegan.
Y ya llegó.
Así que la pregunta es inevitable: ¿será este el día en que la gobernadora hable de política?
Pero no de política en abstracto. No de discursos sobre unidad, transformación o continuidad. De la política que durante los últimos días se metió, literalmente, hasta Casa de Gobierno.
Porque lo ocurrido ya no puede despacharse únicamente como una serie de fotografías incómodas que circularon en redes sociales.
Las imágenes difundidas mostraron cajas y material que presuntamente correspondía a propaganda de Alfonso Sánchez García, alcalde con licencia de Tlaxcala capital y uno de los aspirantes a encabezar la coordinación estatal de los trabajos de la Cuarta Transformación. El material habría estado dentro de Casa de Gobierno, un inmueble público directamente relacionado con la administración estatal.
Desde ese momento surgieron preguntas bastante sencillas: ¿quién metió el material?, ¿quién permitió que estuviera ahí?, ¿qué se hacía con él?, ¿durante cuánto tiempo ocurrió?, ¿participaron servidores públicos?, ¿se utilizaron recursos gubernamentales? y, quizá la más incómoda, ¿quién sabía?
La primera respuesta oficial llegó a través del coordinador de Comunicación Social, Antonio Martínez Velázquez: la gobernadora desconocía lo ocurrido, había ordenado investigar y, si se comprobaban responsabilidades, habría consecuencias.
Y consecuencias hubo.
Al menos administrativamente.
Un día después, el propio vocero confirmó el cese de tres personas relacionadas con el caso. Hasta ese momento no se habían dado a conocer públicamente sus nombres, cargos ni exactamente qué hicieron para ameritar su separación.
Aquí aparece una contradicción que merece explicación.
Si no ocurrió nada irregular, ¿por qué hubo ceses?
Y si hubo elementos suficientes para despedir a tres personas, entonces sí ocurrió algo suficientemente serio dentro de Casa de Gobierno.
Eso no demuestra por sí mismo que existiera una operación electoral ordenada desde las más altas esferas del gobierno. Tampoco acredita automáticamente responsabilidad de Alfonso Sánchez García ni de la propia gobernadora.
Pero sí vuelve insuficiente la explicación de que simplemente nadie sabía nada.
La pregunta que nadie quiere contestar
Carlos Augusto Pérez Hernández, también aspirante dentro de Morena, puso el dedo exactamente ahí.
Primero sostuvo que será el pueblo de Tlaxcala quien determine quién encabece el movimiento, pero posteriormente endureció su postura y lanzó una pregunta difícil de esquivar:
“¿Cómo vas a desconocer lo que está pasando en tu casa?”
Pérez Hernández calificó el asunto como delicado y sostuvo que Morena no puede reproducir prácticas que durante años cuestionó a otros partidos. También ha advertido que cualquier intervención de gobiernos municipales, estatal o federal rompería el piso parejo de la competencia interna y pondría en juego la credibilidad del movimiento.
Y ahí está precisamente el problema político.
Morena construyó buena parte de su legitimidad denunciando el uso del aparato gubernamental para fabricar candidaturas, cargar dados y construir sucesores.
Por eso, cuando algo parecido se denuncia dentro de un gobierno emanado de Morena, el estándar no puede ser menor.
Debe ser mayor.
Y Carlos Augusto no es el único aspirante de Morena que está cuestionando lo que ocurre.
Raymundo Vázquez Conchas ha sido todavía más frontal.
El diputado federal con licencia —y también aspirante a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación— lleva meses acusando una presunta intervención de la estructura gubernamental para favorecer el proyecto de Alfonso Sánchez García.
Pero después de conocerse el episodio de Casa de Gobierno endureció el discurso.
Vázquez Conchas lamentó lo que calificó como el uso de Casa de Gobierno como “búnker de operaciones” y almacén de propaganda a favor de Alfonso Sánchez García, cuestionó la legalidad del proceso interno de Morena y anunció que llevaría las presuntas irregularidades ante los órganos internos de su partido.
Incluso ha sostenido que la dirigencia nacional de Morena ya conoce las denuncias relacionadas con el proceso tlaxcalteca.
La Unión de las Izquierdas, que también cuenta con dos integrantes en el proceso interno, pidió a Morena investigar el presunto uso político del inmueble y calificó estas prácticas como una forma de “mapachería”, al advertir sobre posibles intentos de incidir desde estructuras de poder en la definición de candidaturas.
Por su parte, la oposición ya encontró municiones y como era previsible, no dejó pasar el episodio.
Juan Manuel Cambrón Soria anunció que el PRD presentará una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales contra quien resulte responsable y fue más lejos: señaló a la gobernadora por considerar que, como responsable política del Ejecutivo, debe garantizar que Casa de Gobierno no sea utilizada con propósitos partidistas.
El dirigente perredista incluso colocó sobre la mesa una expresión mucho más pesada: “elección de Estado”.
Desde el PRI, la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca anunció también que acudiría ante las autoridades electorales.
Su argumento es igualmente sencillo: si dentro de un inmueble oficial se estaba operando políticamente en favor de un aspirante, corresponde investigar quién lo permitió y determinar responsabilidades.
Y soltó otra frase que resume buena parte de la discusión:
“Aunque no es su casa, es la casa de los tlaxcaltecas”.
No solamente los partidos opositores han reaccionado.
Así que aquello que comenzó con unas fotografías ya produjo ceses, amenazas de denuncias, cuestionamientos de aspirantes del propio Morena y acusaciones de una eventual elección de Estado.
Demasiado ruido para reducirlo a tres empleados que aparentemente actuaron por su cuenta.
¿Y Alfonso?
También hay una pregunta para Alfonso Sánchez García.
Porque una cosa es que hasta ahora no exista una resolución que acredite que él ordenó o conoció alguna operación desde Casa de Gobierno, y otra muy distinta es ignorar que el material que detonó todo este escándalo presuntamente promovía su imagen.
Por eso una explicación pública también le convendría.
¿Su equipo sabía de ese material?
¿Quién lo produjo?
¿Quién lo llevó?
¿Tenía conocimiento de que presuntamente se encontraba dentro de Casa de Gobierno?
¿Hubo integrantes de su estructura trabajando desde ahí?
Si la respuesta a todo es no, decirlo con claridad ayudaría a deslindar responsabilidades.
Porque el silencio, cuando todos los reflectores apuntan al mismo sitio, rara vez termina ayudando.
Tres cesados y demasiadas incógnitas
Hay algo que no termina de cuadrar.
Se anunció una investigación.
Se prometieron consecuencias.
Después fueron cesadas tres personas.
Pero seguimos sin conocer públicamente toda la historia.
¿Quiénes son?
¿Qué cargos tenían?
¿Qué hicieron?
¿Quién les dio instrucciones?
¿Actuaron solos?
¿Desde cuándo?
¿Quién permitió el ingreso de propaganda?
¿Existían más funcionarios involucrados?
¿Se utilizaron vehículos, personal, dinero, horarios o cualquier otro recurso público?
Y, sobre todo:
¿la investigación terminó con esos tres ceses o apenas comenzó?
Porque existe un riesgo evidente: que tres trabajadores terminen convertidos en fusibles políticos para cerrar un escándalo cuyas dimensiones todavía no conocemos.
Si fueron responsables, que se explique y se demuestre.
Pero si recibieron instrucciones, entonces la investigación no puede detenerse en quienes cargaron las cajas. Tiene que llegar hasta quien decidió que esas cajas estuvieran ahí.
Ya es mañana, gobernadora
Lorena Cuéllar tiene una oportunidad para terminar con las especulaciones.
No necesita defender a Alfonso Sánchez García, aunque sea si delfín.
Tampoco condenarlo.
Necesita explicar qué ocurrió dentro de un inmueble que forma parte del gobierno que ella encabeza.
Quiénes fueron cesados.
Por qué.
Qué encontró la investigación.
Quién autorizó el ingreso del material.
Y hasta dónde llegará el deslinde de responsabilidades.
Eso sería mucho más efectivo que permitir que durante días el vacío de información sea llenado por versiones, acusaciones y sospechas.
Porque además existe una dimensión política imposible de ignorar: la sucesión de 2027 ya comenzó, aunque formalmente todos pretendan que todavía falta mucho.
Los aspirantes recorren municipios, aparecen en bardas, encabezan reuniones, construyen estructuras y miden fuerzas.
Y en semejante escenario, encontrar propaganda de uno de ellos dentro de Casa de Gobierno no es un detalle menor.
Mucho menos cuando después del escándalo el propio gobierno termina cesando a tres personas.
Por eso quizá llegó el momento de cumplir aquella promesa improvisada frente a los reporteros: “Mañana, mañana les hablo de política”.
Gobernadora: ya es mañana.
Se lo digo así… sin maquillaje ni retoques..