- Patricia Hernández Lima cuestionó la decisión del Ayuntamiento de Totolac de entregar la presidencia de comunidad a su suplente y pidió la intervención de las autoridades electorales.
Mariana LOVERA | La presidenta de comunidad de San Miguel Tlamahuco, Patricia Hernández Lima, llevó ante las autoridades electorales una disputa con el Ayuntamiento de Totolac, al considerar que las acciones emprendidas para retirarla del cargo podrían constituir violencia política contra las mujeres en razón de género.
Hernández Lima afirmó que el conflicto se agravó el pasado 11 de septiembre, cuando, mientras se encontraba en el edificio del Ayuntamiento, se tomó protesta a su suplente, Noemí “N”, para asumir la presidencia de comunidad.
La funcionaria aseguró que no fue convocada a la sesión extraordinaria de Cabildo en la que, según su relato, se concretó dicha determinación. Al pedir una explicación al alcalde Benjamín Atonal Conde, señaló que recibió como respuesta que existía una investigación administrativa relacionada con su desempeño.
La presidenta comunitaria cuestionó que un procedimiento de esa naturaleza pudiera utilizarse como argumento para retirarla de manera inmediata de una responsabilidad obtenida mediante elección ciudadana. Además, señaló que se le informó que el expediente tenía carácter confidencial, por lo que dijo desconocer los elementos que sustentaron la decisión.
El conflicto posteriormente llegó a las instalaciones de la presidencia de comunidad. Hernández Lima relató que trabajadores del Ayuntamiento, acompañados por policías municipales, acudieron al inmueble para realizar la entrega a la suplente. En ese operativo, denunció, fueron retirados candados y afectadas las cerraduras del inmueble.
Ante esta situación, la representante de Tlamahuco sostuvo que la controversia debe resolverse mediante los procedimientos previstos por la ley y no mediante decisiones administrativas que, desde su perspectiva, desconozcan el resultado de una elección.
Su principal cuestionamiento es determinar si el alcalde y el Cabildo tenían facultades suficientes para impedirle ejercer el cargo sin que previamente se agotaran las garantías de audiencia, defensa y debido proceso.
Hernández Lima informó que ya había acudido ante las instancias electorales. Desde el 31 de agosto, dijo, presentó una queja por presunta violencia política de género ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, mientras que ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala promovió los mecanismos de defensa que considera necesarios para proteger sus derechos político-electorales.
La presidenta comunitaria pidió además que las autoridades encargadas del caso adopten una perspectiva de género e intercultural, debido a su pertenencia a una comunidad indígena.
Como parte de sus peticiones, reclamó que se conserven todos los elementos que puedan ayudar a esclarecer lo ocurrido, entre ellos las grabaciones de las sesiones de Cabildo, convocatorias, órdenes, expedientes y documentación relacionada con el Órgano Interno de Control.
También solicitó garantías para evitar posibles actos de presión, intimidación o represalias contra ella, sus familiares o las personas que participen como testigos o aporten pruebas.
Para Hernández Lima, lo ocurrido trasciende su situación personal, pues advirtió que una eventual separación de una autoridad comunitaria electa sin un procedimiento legal podría generar un precedente para otros representantes surgidos del voto ciudadano.
“Defender este cargo es defender el mandato popular”, manifestó.
La presidenta de comunidad sostuvo que agotará las vías institucionales para buscar la restitución de sus derechos y pidió que el conflicto sea resuelto por las autoridades competentes con independencia.
Al cerrar su posicionamiento, dirigió un mensaje a las mujeres de Totolac: “No nos vamos a dejar; si tocan a una, nos tocan a todas”.