- La iniciativa de la legisladora de Morena plantea una ruta estatal de orientación, capacitación y vinculación comercial; también propone reglas para evitar que los apoyos se condicionen por motivos políticos.
Daniel Angulo | De acuerdo con una nueva ley presentada por la diputada Gabriela Hernández Islas, las mujeres que siembran, cosechan, crían animales o transforman productos del campo en Tlaxcala podrían contar con una ruta específica de acompañamiento para acceder a capacitación, oportunidades comerciales y servicios de apoyo.
La legisladora propuso ante el Pleno expedir la Ley de Autonomía Económica de las Mujeres Productoras del Campo del Estado de Tlaxcala, con el objetivo de remover obstáculos que les impiden aprovechar las oportunidades económicas y disponer de los ingresos generados por su trabajo.
Dijo que el proyecto parte de la realidad de que muchas mujeres participan en las labores agrícolas y pecuarias, además de asumir tareas domésticas y de cuidados, pero esa contribución no siempre se traduce en ingresos propios, reconocimiento como productoras o capacidad para decidir sobre los frutos de su actividad.
“El esfuerzo de una mujer debe traducirse también en libertad para decidir”, señaló la congresista en la exposición de motivos de su iniciativa.
La propuesta busca organizar una Ruta Estatal para la Autonomía Económica, que operaría mediante programas y unidades existentes, sin crear necesariamente nuevas estructuras administrativas.
Entre sus componentes contempla orientación productiva, formación en costos y comercialización, información sobre convocatorias y oportunidades, así como vinculación con compradores y mercados.
El proyecto también plantea facilitar el acceso a espacios y equipamiento compartido, cuando las condiciones administrativas y patrimoniales lo permitan, para que las productoras puedan reducir costos y mejorar sus posibilidades de comercialización.
La iniciativa no garantiza contratos ni fija precios de venta. En cambio, plantea que las autoridades proporcionen información actualizada sobre oportunidades comerciales y convocatorias, con referencias de precios que indiquen su fuente, fecha y alcance.
Un aspecto relevante es la prohibición de condicionar el acceso a espacios, equipamiento y servicios contemplados en la iniciativa a la afiliación partidista, recomendaciones o asistencia a actos políticos.
Hérnandez Islas también prevé mecanismos de seguimiento, como un informe anual con datos sobre participantes, distribución municipal, solicitudes admitidas y rechazadas, servicios otorgados, formación y vinculación comercial.
La iniciativa precisa que la ley no modificaría el régimen de propiedad de la tierra ni sustituiría los permisos o registros exigidos para actividades específicas. Su aplicación se realizaría dentro de las atribuciones legales de las autoridades estatales y mediante coordinación con municipios, instituciones educativas y organizaciones de productoras.