Demian Márquez | La activista y defensora de derechos humanos Coral Ávila Casco denunció públicamente presuntas irregularidades, omisiones y actos de revictimización por parte del Juzgado Municipal de Tlaxcala, luego de que, según su testimonio, desde el pasado 29 de marzo permanece sin acceso al departamento que habitó durante 26 años y a todas sus pertenencias.
En conferencia de prensa, señaló a su arrendadora, identificada como Luz Delia “N”, de haberle impedido ingresar al inmueble sin una orden judicial, aviso previo o justificación legal.
Afirmó que en el lugar quedaron documentos personales, herramientas de trabajo, archivos, tarjetas bancarias, medicamentos y otros bienes indispensables para su vida cotidiana.
Ávila Casco explicó que inicialmente solicitó apoyo mediante el 911 y la Policía Municipal; posteriormente acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), donde, aseguró, le indicaron que el caso debía atenderse en el Juzgado Municipal.
Sin embargo, acusó que en esa instancia recibió burlas, tratos humillantes y falta de atención, situación que la llevó a presentar una denuncia por presunto despojo ante la Fiscalía.
Uno de sus principales señalamientos es que el Juzgado Municipal no ha cumplido, hasta ahora, con dos órdenes emitidas por la Fiscalía para recuperar sus pertenencias.
Por ello, solicitó la intervención del alcalde Alfonso Sánchez García, del Cabildo y de las autoridades correspondientes para que se realice la diligencia, se garantice la recuperación íntegra de sus bienes y se investiguen las presuntas omisiones del titular y personal auxiliar de esa instancia.
La activista también pidió que el Juzgado asuma sus atribuciones y aplique las medidas previstas en el artículo 75 del Reglamento de Operación y Funcionamiento del Consejo de Paz y Justicia Cívica del Municipio de Tlaxcala.
Sostuvo que el conflicto ha afectado su salud y estabilidad física, emocional y económica, además de repercutir en su entorno familiar, por lo que no descartó emprender acciones por la vía civil contra quienes considere responsables.
Finalmente, expresó temor por su seguridad y responsabilizó públicamente a Luz Delia “N” y a su hijo, José Rodolfo “N”, de cualquier posible daño contra ella o sus personas cercanas.
Como argumento, señaló que durante una diligencia la arrendadora habría mencionado su domicilio actual y proporcionado información sobre sus rutinas, desplazamientos y relaciones personales.