• Con la aprobación de otros diez ordenamientos, los diputados cerraron la revisión de las propuestas de los ayuntamientos; en este último paquete autorizaron una captación conjunta de mil 334 millones de pesos y ajustaron cobros observados por criterios de la SCJN.

Daniel Angulo | El Congreso de Tlaxcala concluyó la dictaminación de las 60 leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2027, luego de aprobar un último paquete de diez ordenamientos que proyectan una recaudación conjunta de mil 334 millones 57 mil 980 pesos.

Las leyes avaladas corresponden a Santa Cruz Tlaxcala, Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala, Tlaxco, Tocatlán, Totolac, Xaloztoc, Xaltocan, Xicohtzinco y Zacatelco. Con esta aprobación, el Poder Legislativo termina la revisión de las propuestas de los 60 ayuntamientos, que establecen los conceptos, cuotas, tarifas y contribuciones que podrán cobrar durante el próximo año.

Entre los municipios de este último bloque, Tlaxcala capital concentra la mayor previsión de ingresos, con 422 millones 462 mil 37 pesos; le siguen Tlaxco, con 191 millones 253 mil 889; Zacatelco, con 168 millones 113 mil 156, y Xaloztoc, con 118 millones 114 mil 574 pesos.

En el extremo contrario, Santa Isabel Xiloxoxtla registra la menor estimación, con 44 millones 29 mil 888 pesos, mientras que Tocatlán prevé ingresos por 44 millones 474 mil 229 pesos.

Un aspecto relevante de los dictámenes es que los legisladores incorporaron modificaciones a disposiciones que podían contravenir criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), particularmente en materia de cobros municipales, multas y tarifas de servicios.

Entre los ajustes destaca la eliminación de cobros por licencias de funcionamiento relacionados con hidrocarburos y actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, al tratarse de materias cuya regulación corresponde al ámbito federal.

También se modificaron sanciones por conductas descritas de manera ambigua, debido a que su redacción podía abrir la puerta a aplicaciones arbitrarias. En las tarifas de agua potable se corrigieron disposiciones con elementos indeterminados o que establecían diferencias de cobro por la condición de persona moral del usuario.

La Comisión de Finanzas y Fiscalización sostuvo que las leyes deben garantizar certeza jurídica y financiera a los ayuntamientos, aunque reconoció que la autonomía municipal para establecer contribuciones no es absoluta y debe sujetarse a los límites constitucionales y legales.

Los dictámenes precisan, además, que las cantidades consideradas para participaciones y aportaciones son estimaciones y no constituyen compromisos formales de pago, por lo que los ingresos efectivos dependerán de las transferencias que reciban las administraciones municipales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *