- La resolución deriva de la suspensión del presidente de comunidad de la Segunda Sección; la medida fue aprobada por mayoría, aunque su ejecución permanece suspendida.
En sesión extraordinaria privada celebrada este viernes, el Congreso del Estado aprobó el dictamen para la destitución de la presidenta municipal de Contla de Juan Cuamatzi, Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, del síndico Gilberto Flores Maldonado y de siete integrantes del Cabildo, al considerar acreditada su responsabilidad política por la suspensión del presidente de comunidad de la Segunda Sección, Alejandro Flores Xelhuantzi.
Además de la separación del cargo, los legisladores aprobaron una inhabilitación de tres años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión dentro del servicio público.
La resolución también involucra a las regidoras María Elena Pérez Nava, Zuleyma Abigail Cuamatzi Netzahual, Mariana Stephany Xochitemol Peña, Yadira Bernal Pérez, Joselín Netzahual Yautentzi e Hilda Felícitas Xochitiotzin Cocoletzi, así como al regidor Rogelio Xochitemol Cuatecontzi.
El dictamen fue avalado con 19 votos a favor y tres en contra. Los votos disidentes correspondieron a legisladores del Partido del Trabajo y a la diputada Laura Flores Lozano, quienes expresaron reservas respecto a la fundamentación del procedimiento.
De acuerdo con el expediente analizado por el Poder Legislativo, los integrantes del Cabildo aprobaron en agosto de 2025 la suspensión del presidente de comunidad de la Segunda Sección, una determinación que, según la conclusión de la comisión instructora, fue tomada sin que existiera una disposición legal que les otorgara esa atribución.
La denuncia fue promovida por Alejandro Flores Xelhuantzi, quien sostuvo que la decisión afectó el ejercicio de un cargo obtenido mediante voto popular y vulneró sus derechos político-electorales.
Durante el análisis del caso, los diputados determinaron que la actuación del Ayuntamiento rebasó el ámbito de sus facultades legales, al intervenir en un cargo de representación popular para el cual la legislación vigente contempla procedimientos específicos y autoridades competentes distintas al Cabildo.
El dictamen también señala que la medida tuvo efectos materiales en el desempeño de las funciones del presidente de comunidad, al limitar su acceso a instalaciones públicas e impedirle ejercer plenamente las atribuciones inherentes a su cargo.
No obstante, aunque la resolución fue aprobada por el Congreso local, la sanción no podrá ejecutarse de manera inmediata. Actualmente se encuentran en trámite una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y un juicio de amparo promovido por los funcionarios municipales, recursos que mantienen suspendidos los efectos de la determinación legislativa.
Por ello, la alcaldesa, el síndico y los regidores involucrados continuarán desempeñando sus funciones mientras las instancias jurisdiccionales resuelven de fondo los procedimientos legales pendientes.