- Se plantean hasta 10 días hábiles al año para que puedan acudir ante autoridades, dar seguimiento a denuncias o cumplir medidas de protección sin poner en riesgo su salario.
Daniel Angulo | Para una mujer que enfrenta violencia, buscar ayuda puede implicar realizar trámites y diligencias que requieren tiempo y que incluso pueden poner en riesgo su estabilidad laboral; ante esta situación, la diputada Lorena Ruiz García propuso que las servidoras públicas de los Poderes del Estado y los municipios puedan disponer de hasta 10 días hábiles al año, con goce íntegro de sueldo, para atender asuntos relacionados con violencia familiar o de género.
En la sesión ordinaria de este jueves, la legisladora de Morena planteó adicionar el artículo 37 Bis a la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, con un permiso inicial de hasta tres días hábiles, que podría ampliarse cuando la ejecución de una orden o medida de protección requiera la presencia continua de la trabajadora.
De acuerdo con la congresista, la propuesta busca que una mujer no tenga que decidir entre acudir a una autoridad para protegerse o presentarse a trabajar para no perder parte de su ingreso.
El permiso estaría dirigido a quienes necesiten comparecer o realizar actuaciones ante autoridades ministeriales, judiciales, periciales o administrativas, así como dar seguimiento a denuncias, órdenes de protección y otros procedimientos relacionados con hechos de violencia.
Para justificar el permiso, Ruiz Garcia consideró que solo bastaría con presentar una constancia, citación, requerimiento o documento emitido por la autoridad correspondiente.
La propuesta también establece que la información entregada para acreditar el permiso deberá manejarse de manera confidencial.
Además, explicó que hacer uso de este derecho no pueda convertirse en motivo de descuentos salariales, sanciones, cambios injustificados de adscripción, hostigamiento, discriminación o represalias laborales.
El planteamiento todavía deberá ser analizado por el Congreso del Estado a través de las Comisiones correspondientes como parte del proceso legislativo.