La narrativa de la seguridad en Tlaxcala de los gobiernos de todos los niveles es un tema que nos debe preocupar y ocupar a todos.
Se debe pasar de ser reactivos, a ser proactivos, y revisar en la mesa de seguridad que preside la gobernadora Lorena Cuéllar con todos los implicados las estrategias implementadas, si éstas están funcionando, o hay que corregir. Y esto va también para los alcaldes y sus directores de las corporaciones policiacas municipales.
Los linchamientos en el estado vienen desde hace varias administraciones y el fracaso, quiero pensar que es de todos.
Es cierto, las instituciones deben brindar seguridad a los ciudadanos y castigar a aquellos que llevan a cabo actos criminales, sin embargo, en la medida en que el Estado falla en estas tareas, pierde legitimidad y, por ello, la sociedad se queda con la frustración y decide tomar la justicia en su propia mano.
En Tlaxcala se ha vuelto común que la gente hace justicia por propia mano, y ya no hay capacidad de asombro, sobre todo cuando menores de edad participan en los asesinatos, de quienes si ciertamente son señalados de algún delito, existe la posibilidad de que se equivoquen.
Hace algunos años, en la cobertura periodística en el municipio de Nativitas me tocó cubrir un intento de linchamiento, pero resultó ser que se trataba de dos vendedores de libros, quienes fueron confundidos por «robachicos», y tras el intento fallido de quemarlos vivos, el resultado de la investigación fue que eran inocentes del delito del que los acusaban, ambas personas sobrevivieron de milagro a la golpiza brutal que les propinaron, luego de que fueron rescatados de un carro en llamas.
También, es evidente que los delincuentes no se tientan el corazón cuando matan a sangre fría a un inocente, como pasó apenas hace una semana en el centro comercial Gran Patio en Apetatitlán, recordemos que un guardia de seguridad recibió un tiro al intentar enfrentar a los delincuentes, pero él solo portaba un tolete para defenderse, lo que genera la crispación social y muchos justifican, erróneamente la barbarie como lo ocurrido, cuando un hombre fue quemado vivo la tarde del Viernes Santo en la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, municipio de Chiautempan, tras ser capturado y señalado por pobladores de cometer un robo al interior de un domicilio.
En ese caso, se dice que hubo un fracaso de quienes negociaron el rescate por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la policía municipal, pues mientras quien iba al frente de cientos de granaderos trató de dialogar, el sujeto ya había sido ultimado y quemado.
Estos hechos se suma, en tan sólo una semana, al ocurrido en Ixtacuixtla donde dos hombres fueron desaparecidos por pobladores de Espíritu Santo en una situación similar, pero que hasta el momento se desconoce si se consumó o no el linchamiento.
Pero por muy molestos o decepcionados que estemos o estén de las autoridades, y ahí entran todos, desde el gobierno estatal, municipal, el poder judicial y el legislativo, y la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en donde pareciera que su presidenta sólo destaca por ser la jefa de ceremonias de la gobernadora en turno, la ley es clara y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 17, a la letra dice:
“…Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”.
Este mandato Constitucional, nos deja claro que la justicia por propia mano es contraria a Derecho y que cualquier persona que cometa una conducta tipificada como delito, será juzgada mediante las instituciones que ejercen el poder del Estado.
Tlaxcala no puede convertirse en un estado fallido, donde ejercer el periodismo se ha vuelto una actividad que tienes que salir resguardado, con el riesgo de perder la vida.
No se puede volver común que una persona sea quemada viva, y que los pobladores desaparezcan como por arte de magia.
No puede ser que un delincuente mate con sangre fría a un guardia de seguridad, donde su empresa se vuelva cómplice de su muerte por no dotarlo de lo necesario para enfrentar a los hampones.
Lo interesante que debe de venir por consecuencia.
¿Qué hará la gobernadora Lorena Cuéllar; su procuradora Ernestina Carro Roldán; el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández; los 60 alcaldes; la presidenta de la CEDH, Jackeline Ordóñez; la titular del TSJE, Mary Cruz Cortés Ornelas; la Iglesia; pero sobre todo, los 25 diputados locales para crear leyes que eviten la impunidad?
¿Pero, también qué haremos desde los medios de comunicación para educar y no volver cotidiano estos hechos?
Coincido con algunas voces que se han expresado que para combatir la delincuencia nunca será terminar con la vida de otra persona, por lo que es necesario seguir construyendo un estado y país de leyes y de impartidores de justicia en el que cada parte (gobernantes y Poder Judicial) haga su tarea de la mejor manera posible, para que aquellos que hayan cometido algún delito paguen por él.
Ahí, podemos observar el viacrusis de un ex alcalde de Cuapiaxtla que ha tenido que combatir contra la autoridad corrupta, para que el homicida de su hija, quien recibió diversos impactos de bala y el intento de desaparecer su cuerpo, no salga de prisión, y de ese terrible feminicidio ya casi se cumple un año.
Por eso es vital seguir la batalla en contra de la corrupción dentro de las instituciones que imparten justicia con el objetivo de incrementar la responsabilidad, transparencia y confianza en ellas.
La narrativa de la seguridad de todos los niveles de gobierno debe cambiar a partir de ya, y darle certidumbre al ciudadano es urgente que se desarrollen programas que hagan que las instituciones sean más efectivas para prevenir y castigar al crimen, ya que con ello ayudarán a incrementar la confianza en la procuración, impartición y ejecución de la justicia.
Es ineludible recuperar la confianza de la población para que vaya a denunciar y no se genere la impunidad, y ahí está el caso de este domingo en Huamantla, donde policías rescataron a dos presuntos ladrones que robaron en la iglesia de la comunidad de Ignacio Zaragoza, y quien jugó un papel importante para entregarlos y que la población no los matara, fue el párroco.
De nada sirve si no hay denuncia, y nuevamente salen a delinquir a las calles, y eso desemboca en venganzas y el impulso humano de tomar desquite sin pensar que no cumplimos como ciudadanos.
No se trata de buscar culpables en Tlaxcala, sino que la justicia, sin duda alguna es dar a cada quien lo suyo, sólo es posible, sin caer en el caso de que cada quien la trate de hacer por propia mano, y que el estado de derecho sea ilusorio.
¿Es mucho pedir acaso?
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La caminera…El alcalde ocurrente…En su momento comenté que el alcalde ecologista de Huamantla, Salvador Santos Cedillo estaba haciendo bien las cosas y que su idea de transformar al pueblo mágico no era mala.
Sin embargo, en las últimas semanas parece que el tema de la seguridad lo trae desesperado, y así se nota en su estrategia de comunicar, y querer colgarse medallas, o minimizar los crímenes dolosos.
Parece que está mas preocupado por querer desestimar las fuentes de reporteros donde dan a conocer que hubo balazos en un enfrentamiento que provocó la muerte de dos personas, pues él asegura que en esa riña no hubo balazos, que se mataron con armas blancas, y que no el resultado es el mismo?
Puede ser que tenga información de primera mano el presidente y que efectivamente haya sido con armas blancas, pero al final es evidente que hay un problema de consumo de bebidas embriagantes que generó la muerte de dos personas y eso parece no es importante para el gobierno municipal.
La otra.
En el caso de un un intento de linchamiento en la comunidad de Ignacio Zaragoza informo que la gran cooperación de los ciudadanos y la rápida actuación de los elementos de seguridad municipal y estatal evitaron un trágico desenlace en dicha comunidad, y nunca le da el crédito al sacerdote que coadyuvó para que no se repitiera lo ocurrido en Chiautempan.
Ahora sí, la última y nos vamos...Impunidad..Circuló una denuncia ciudadana de supuestos abusos de guardias de seguridad del antro llamado «Classico», ubicado en Plaza Diamante en Santa Ana Chiautempan, donde agredieron con golpes a dos personas la madrugada de este domingo.
