Observo todos los días la exigencia de nombrar de forma inmediata al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como si con eso terminara la ola de inseguridad que ha prevalecido en los últimos meses, cuando el problema es de fondo, y deben participar todas las instancias, incluida la sociedad.
No me aparto de que la oposición hace su trabajo de exigir, y que el gobierno de la 4T ha tenido problemas en encontrar al perfil que consideran más adecuado, luego de que el ex titular Alfredo Álvarez Valenzuela salió huyendo para no ser capturado por instancias federales, lo que puso en duda la narrativa del discurso en seguridad, y por eso llegó de emergencia Maximino Hernández Pulido.
Pero lo cierto y siendo honestos, el tema de la seguridad les ha pegado en diversos municipios, gobernados inclusive por ellos, así como de Morena con sus aliados.
Basta señalar que en los ayuntamientos se manejan sus propias policías, y que en la mayoría de los casos no acuden como primeros respondientes como debería ser, aunado a que no están capacitados, no pueden utilizar armas de fuego, y qué puede esperarse de elementos no calificados para su labor. ¿Mayor delincuencia e impunidad?
Cuando hablamos del policía como primer respondiente nos referimos a la primera autoridad con funciones de seguridad pública que arriba al lugar en el que se ha cometido un hecho probablemente delictivo o en el que se localizan o aportan indicios relacionados con el mismo.
Con el nuevo sistema de justicia penal, estos funcionarios adquieren relevancia dado que son los primeros en conocer la noticia criminal para dar inicio a la investigación, y tienen las obligaciones de recibir denuncias de cualquier hecho posiblemente constitutivo de delitos, proteger a los involucrados, en especial a la víctima, evitar que el delito llegue a consecuencias ulteriores, ubicar y entrevistar a testigos, detener a cualquier persona que esté cometiendo delito flagrante y hacer de su conocimiento los derechos que le asisten, poniéndola de inmediato a disposición del Ministerio Público, y reservar y proteger el lugar de la investigación.
El tema de seguridad pública siempre será un gran reto en Tlaxcala, sobre todo cuando el asesinato de un masculino imputado de entrar a robar a un domicilio en la comunidad de San Pedro Tlalcuapan del municipio de Chiautempan desató los demonios, pues después de ese crimen, en Huamantla y San Pablo del Monte estuvo a punto de repetirse la historia.
Es evidente que los datos estadísticos permiten evaluar o crear escenarios de lo que puede pasar, y en lo que va del año se han documentado en medios de comunicación al menos diez intentos de linchamientos, y dos se concretaron; uno en Chiautempan el pasado 15 de abril, y el otro en el municipio de Mazatecochco el 22 de febrero. En 2021 hubo 28 intentos, con un caso consumado.
Quiero pensar que los municipios y el Gobierno del Estado tienen todos esos números registrados en un banco de datos, lo cual les permitiría generar o reforzar sus protocolos para rescate de los retenidos, pero por desgracia también hay que resaltar el papel tardío de los gobiernos municipales que no cumplen con su papel de primer respondiente, por ser los más cercanos.
Ahí está el caso del gobierno de Huamantla, quien con bombos y platillos el alcalde Salvador Santos Cedillo presumió a sus policías municipales, y nadie duda que estén capacitados, pero en los hechos los dos presuntos ladrones de «arte sacro» que se salvaron de morir linchados en el atrio de la Iglesia de San Ignacio, en la comunidad de Zaragoza, se la deben al sacerdote de la comunidad, quien logró que fueran entregados a elementos de la Guardia Nacional, no a la municipal, y fueron estos los que se colgaron la medalla a través de un boletín.
No hay que ser «gandalla», alcalde, pues hay otras historias que se cuentan de su policía en el caso de los dos asesinados con arma blanca.
En San Pablo del Monte una mujer fue “bañada” en gasolina tras ser acusada de participar en el robo a una unidad del transporte público,
Con golpes y la amenaza de ser quemada viva, la supuesta ladrona reveló que la unidad estaba en un sitio de Huejotzingo, Puebla., pero desconocía más información. No obstante, tuvo que hacer una llamada para contactarse con unas personas y pedir que de inmediato regresaran la colectiva en un sitio intermedio, de lo contrario sería víctima de un linchamiento consumado.
Creo que la inseguridad que puede crecer debe ser un foco de alerta para todas las autoridades involucradas, desde la gobernadora Lorena Cuéllar, los alcaldes, los presidentes de comunidad, los poderes judicial y legislativo, el gobierno federal, y la propia Iglesia, pero sobre todo, qué hace la Comisión Estatal de los Derechos Humamos, en lugar de que su presidenta funja como maestra de ceremonias de la titular del Ejecutivo Local.
Si bien, la CEDH radicó el Expediente de Queja CEDGHT/6VG/17/2022, e inició la investigación correspondiente por conducto del Visitador General adscrito a la Sexta Visitaduría con sede en Chiautempan, Tlaxcala, con el objetivo de identificar a las autoridades intervinientes, su grado de participación y el cumplimiento de los protocolos de su actuación, por el linchamiento a una persona en la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, no se conoce a ciencia cierta que ha hecho en los otros casos ya mencionados líneas arriba.
Bueno, desde el pasado ocho de marzo no ha podido dictaminar si hubo o no violación de derechos humanos en la marcha del M8.
Todos, sin excepción alguna deben ser parte de la solución, de reforzar protocolos de rescate para evitar más linchamientos en el estado, crear mejores leyes que castiguen a quienes asesinan de forma cobarde a sus víctimas, como el caso de la plaza comercial Gran Patio, y a quienes se vuelven victimarios envalentonados por la muchedumbre y educan a sus hijos para que tomen justicia por propia mano.
La gran tarea es trabajar en la certificación y capacitación de los policías municipales, pero sobre todo recuperar la confianza ciudadana.
La llegada de un nuevo Secretario de Seguridad en Tlaxcala no es la panacea, así de fácil. Todos tienen que hacer la tarea e ir más fondo. ¿Acaso es tan difícil?
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La caminera…¿Y los equipos para que sirven?...Para qué sirven los servidores públicos que se tienen en los mandos medios y operativos.
Esta interrogante debería planteársela la propia procuradora Ernestina Carro Roldán con el tema de la entrega del cuerpo de la menor de 14 años que murió en un accidente el pasado domingo en Calpulalpan, y fue hasta el miércoles que se llevó a cabo el protocolo de dársela a sus familiares.
El tema fue administrativo, pero nadie de la PGJE lo supo explicar o comunicar, y tuvo que ser finalmente atendido por la procuradora. Es decir, que operativamente hay quienes no funcionan.
Una buena explicación a tiempo pudo haber evitado bloqueos y protestas de los familiares. ¿O no?
El caso de la protesta de maestros en la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, tuvo que ser resuelta por la propia mandataria Lorena Cuéllar.
La gobernadora está acatarrada de temas sencillos que sus funcionarios no pueden resolver. Y así muchos secretarios, también lo están porque no tienen quién resuelva.
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Ahora sí, la última y nos vamos…Nombramiento…En la segunda quincena de marzo del 2022, Luis Roberto Lastiri Quirós fue designado por el presidente como el nuevo titular de Gobernación en el estado de Tlaxcala, aunque su nombramiento no ha sido dado a conocer en la entidad
Es hermano de Juan Carlos Lastiri, el subsecretario de Rosario Robles, quien enfrenta el proceso penal por la Estafa Maestra, a quienes diversas columnas periodísticas han citado que el poblano Luis Miguel Barbosa Huerta lo quiere llevar a una celda. Juan Carlos es amigo de Fabián Ebrard Casaubón, hermano del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
Luis Roberto Lastiri Quirós es Candidato a Maestro en Gobernanza y Globalización. Especialidad en Gestión Internacional. Licenciado en Administración de Empresas.
Veremos cómo ayuda en el tema de gobernanza a la 4T en el Estado.
