La seguridad pública es una función a cargo de la federación, los estados y los municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
Comprende la prevención especial y general de los delitos; la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado; e involucra diferentes autoridades, tales como los cuerpos policiales y las autoridades encargadas de la procuración de justicia.
Para el caso de la federación, la función de seguridad pública corresponde a la guardia nacional, quien está facultada para firmar convenios de colaboración por tiempo determinado en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios.
En lo que se refiere al ámbito estatal, observamos es que, a pesar de la amplia difusión que el gobierno del estado ha dado al hecho de que Tlaxcala se encuentre posicionado como el segundo estado más seguro, sólo después de Yucatán, la percepción ciudadana es totalmente distinta.
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, durante el primer trimestre del año, en Tlaxcala se recibieron 438 denuncias; esto es un indicador importante, valdría la pena conocer cuál es el estado actual de dichas denuncias, es decir, cuántas de ellas efectivamente concluirán con la sentencia del responsable e, incluso, la reparación del daño en favor de la víctima.
Además, no es para nadie desconocido que muchos delitos no se denuncian debido a la falta de confianza de la población en las instituciones encargadas de la investigación y procuración de justicia, por lo que el dato reportado puede estar muy alejado de la realidad.
Por su parte, los ayuntamientos deben garantizar la seguridad de las personas y sus bienes en el territorio municipal, así como preservar y guardar el orden público, expidiendo para el efecto los bandos, reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas en la materia.
A pesar de que la Ley General del Sistema de Seguridad Nacional es muy explícita en el sentido de que los municipios deben abstenerse de contratar y emplear en las instituciones policiales a personas que no cuentan con el registro y certificado emitido por el centro de evaluación y control de confianza respectivo, la realidad es que, con frecuencia los policías municipales son contratados en cumplimiento a compromisos de campaña, por lo que generalmente no cuentan con el perfil profesional adecuado ni los exámenes de control de confianza acreditados.
Si a eso le sumamos la mínima inversión en materia de capacitación a los cuerpos municipales, el escaso equipamiento y el reducido número integrantes de las corporaciones policiacas, está claro que carecen de las condiciones que les permitan efectivamente salvaguardar la integridad y derechos de las personas en sus territorios.
El caso extremo se suscitó en Xaloztoc, donde la población, inconforme por la inseguridad que impera en este municipio, se manifestó pidiendo, con palabras altisonantes, descalificaciones y reproches por el incumplimiento de promesas de campaña la destitución del Secretario del Ayuntamiento y el Director de Seguridad Pública, ante un Presidente Municipal timorato e incapaz de reaccionar, mucho menos conducir a los ciudadanos a acuerdos a través del diálogo.
Coincidentemente el día de hoy se confirma que los restos encontrados en esa misma demarcación municipal corresponden a Ana Laura N. desaparecida desde hace meses en Xaloztoc, hecho que confirma los niveles de violencia e inseguridad que prevalecen.
La capacidad de acción y reacción en materia de seguridad ha sido igualmente cuestionada en diferentes municipios; en el caso de Chiautempan, en San Pedro Tlalcuapan, en el mes de abril fue linchado un presunto ladrón, por la comunidad enardecida, quienes responsabilizaron de los hechos a los tres órdenes de gobierno por su incapacidad para contener la alta incidencia de robo a casa habitación.
En ese mismo mes, el municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, durante un asalto en la plaza comercial Gran Patio, fue asesinado un guardia de seguridad privada, quien no contaba con el equipamiento requerido para la realización de sus funciones, el argumento del alcalde fue que al tratarse de una propiedad privada y, ante la negativa de la administración de la misma, el municipio no podía ejercer funciones de seguridad pública, sobra decir que los responsables huyeron por lo que los delitos de robo a mano armada y homicidio doloso quedarán sin castigo.
Además, reconoció que no contaba con el presupuesto necesario para tal fin, por lo que solicitó y obtuvo la autorización del Congreso del Estado para contratar deuda pública por 5.3 millones de pesos de los cuales canalizará, entre otros, a la adquisición de cuatro vehículos tipo patrullas.
Otro más sucedió en Tlaxco, donde asesinaron a balazos al Director de Obras Públicas, al llegar a su domicilio; los policías municipales persiguieron a los culpables pero les perdieron la pista en la carretera que conduce al municipio de Apizaco.
Al respecto surgen múltiples interrogantes:
¿Tienen los municipios la capacidad y las herramientas para hacer frente a la delincuencia?
¿Existe un compromiso real de los ayuntamientos en materia de seguridad pública?
¿Cuántos hechos violentos más tendrán que suceder para que municipios atiendan este tema de manera integral?
Más aún ¿Acaso será necesaria la intervención de la guardia nacional en materia de seguridad pública en el ámbito local, en coadyuvancia, y ante la incapacidad de las autoridades competentes.
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La caminera...Absurdo…Las respuestas de ediles cuando son cuestionados en el tema de seguridad.
Eso le pasó al alcalde de San Cosme Xaloztoc , Rafael Coca Vázquez cuando un grupo de personas le reclamó el incremento de robos en la comuna, quien contestó. «A mi me también me han robado».
«Te pusimos para dar respuesta y porque en campaña prometiste hacer frente a la delincuencia, y no has cumplido», fueron las palabras de quienes dicen que no confían en un presidente rebasado por el hampa.
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Ahora si, la última y nos vamos…Una joya...En Chiautempan, uno de los municipios importantes del estado, con recursos suficientes para capacitación, son de risa los reportes que realizan cuando detienen a imputados por diversos delitos.
Por desconocimiento y falta de capacitación, regularmente los policías cometen errores importantes en la aplicación de protocolos de investigación y de cadena de custodia, que complican la acreditación del delito, por lo que en muchas ocasiones quedan impunes por falta de pruebas, deficiencias en la integración de carpetas de investigación y vicios en el procedimiento.
Tal es el caso de dos personas del sexo masculino detenidas este lunes por la policía municipal de Chiautempan, y puestas a disposición del ministerio público, por haber disparado en contra de un hombre en la Colonia Reforma, a quienes no se les aplicaron las pruebas de balística de manera oportuna, de manera que, aunque se les hubieren practicado con posterioridad, los resultados ya no son confiables, por lo que no se puede comprobar si efectivamente fueron quienes dispararon, pudiendo quedar este delito impune.
Resulta que antes de trasladarlos, los sujetos ya fueron al baño a lavarse las manos, aunado a que los horarios no coinciden, por lo que estas puestas no llegan al juzgado.
