¿Es moralmente ético que los funcionarios públicos que aspiran a un cargo de elección popular anden en abierta promoción de su imagen en espacios públicos y privados?
En entrevista, la Gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, avaló el hecho de que los funcionarios públicos del poder ejecutivo se encuentran en abierta precampaña sin que hayan renunciado o, al menos, solicitado licencia a sus cargos, toda vez que, como ella misma lo expresó, la ley se los permite.
En estos hechos encontramos muchos elementos objeto de análisis, en principio, efectivamente la ley les permite permanecer en funciones, sin embargo, es innegable que eso pone en duda la equidad de la contienda, porque en estricto sentido el servidor público maneja recursos públicos, humanos, materiales y financieros y no se desprende de su figura de autoridad en horarios específicos, lo que significa la posibilidad del uso de poder y relaciones en beneficio personal.
Además, ¿En verdad es compatible el ejercicio de la función pública con los actos de proselitismo electoral? ¿Acaso no se estaría sacrificando la eficiencia administrativa del gobierno?
Otro factor que hay que revisar es el uso indiscriminado de medios de propaganda personalizada. Podemos observar los nombres de muchos de los aspirantes en bardas y espectaculares que, evidentemente fueron contratados, y no con recursos públicos, porque nadie duda de que tengan los recursos suficientes para pagar esos espacios.
Al respecto, el artículo 134 constitucional prevé que todos los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, que tengan bajo su responsabilidad recursos públicos, deben aplicarlos con imparcialidad, respetando la equidad en la contienda electoral, y se les prohíbe difundir propaganda que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
La Sala Superior ha considerado que la promoción, velada o explícita del servidor público, constituyen promoción personalizada, pues estima que la inclusión de nombres, imágenes, voces o símbolos como propaganda personalizada afecta directamente la equidad, por lo que deben prohibirse.
Aquí sucede y nadie dice nada. En este momento se pondría en tela de juicio la imparcialidad del proceso interno de Morena, pero por supuesto que la tendencia se mantendrá e intensificará en la campaña constitucional. ¿Los partidos de oposición dirán algo al respecto o adoptarán las mismas prácticas?
Peor aún, se están utilizando indebidamente espacios públicos, infringiendo flagrantemente la ley, ya que el Artículo 250, inciso d, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece con toda claridad que la propaganda electoral no podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico. ¿Qué tal, eh?.
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LA CAMINERA….Violencia …¡Vaya! que es preocupante que la narrativa de la Gobernadora Lorena Cuéllar de defensa hacía las mujeres sea puesta en duda, por actos de sus subordinados. Grave la queja de la periodista independiente y ex corresponsal del diario nacional Reforma, Ana Laura Vázquez, quien denunció ser presa de discriminación institucional y de sufrir violencia por el Gobierno lorenista, luego que ordenaron que la sacaran de un evento público que organizó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el momento que realizaba una cobertura.
“Nunca en todas las administraciones públicas del Gobierno de Tlaxcala, yo, como periodista, había vivido tanta violencia y discriminación institucional como en la actual administración, por cierto, encabezada por una mujer”, expresó.
Dura la queja de una reportera que ha sufrido desde el inicio de la administración un cerco informativo desde la oficina de Comunicación Social, donde una funcionaria de ese lugar se atrevió a decirle que no le daba información y acceso a la agenda de los eventos públicos de la mandataria, porque ni periodista era.
Así la miopía de quién era vocera en ese momento, y que tal parece seguirá con el nuevo titular del área, Augusto Ramírez, pues la denuncia de la agresión al interior de la SSC se dio ya en su encargo, y hasta el momento no ha sido digno de colocar una postura o una disculpa pública a una periodista violentada.
Tampoco el señor que cobra como secretario de Seguridad Ciudadana ha sido capaz de dar la cara.
Flaco favor le hacen a su jefa al propiciar que en su cara una periodista que se siente agraviada señale y lamente que estas acciones sucedan en una administración que se dice defensora de las mujeres, y en los hechos las agreden.
Por cierto, es tan grande el estado de Tlaxcala que el titular de la Oficina para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el estado de Tlaxcala, Víctor Manuel Ávila García no localiza a la agraviada.
¡Ver para creer! cómo decía la gloriosa columna Trinchera de Papel.
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AHORA SÍ, LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS...ElG10…Si no hay cambios de última hora, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobará este jueves acciones afirmativas sobre los 10 municipios que forzosamente deberán ser gobernados por mujeres en el 2024, y ningún partido podrá impulsar varones.
Ellos son San Pablo del Monte, Zitlaltepec, Zacualpan, San José Teacalco, Xiloxoxtla, Contla, Xicohtzinco, Cuapiaxtla, Tlaltelulco, y Atlangatepec.
Veremos si hay quien se atreve a impugnar.
