Suena no creíble, o un mal chiste, pero no lo es.
¡Por fin ponen alto a los Coyotes¡ en Tlaxcala y los obligan a regularizarse.
Así es, estimado lector. Parece una locura, pero no lo es.
Las reformas realizadas en noviembre pasado por el Poder Legislativo al Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios para ordenar la gestión de negocios en los trámites administrativos, fue el parteaguas para que la Secretaría de Movilidad y Transporte y la Secretaría de Finanzas se vieran obligadas a emitir los Lineamientos de operatividad que permitan la regulación de las personas dedicadas a la gestoría en los trámites vehiculares.
La intención de dichos lineamientos es erradicar -o al menos disminuir- la corrupción, la opacidad, el tráfico de influencias, malos tratos, tiempos prolongados de atención y la dificultad que representa el que un tercero pueda actuar en representación de otros; prácticas que, dicho sea de paso, han existido en estas y otras oficinas de atención ciudadana desde hace mucho tiempo.
Lo más relevante de esta determinación, es la certeza jurídica que se le da al ciudadano que recurre a este tipo de servicios, pues las autoridades en la materia establecieron disposiciones concretas para proporcionar alternativas a las personas que no cuentan con el tiempo suficiente para acudir de manera personal a realizar sus trámites.
Ahora, se supone que los propietarios de vehículos automotores tienen la seguridad sobre su patrimonio y sobre la protección de sus datos personales, pues al otorgarlos a un tercero, pueden ser usados para la consecución de diversos delitos como son el fraude o el robo de identidad.
Bajo este esquema, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Movilidad y Transporte tienen identificados a los gestores y aquellos que incurran en una mala práctica o utilicen documentación apócrifa, serán remitidos a la autoridad competente para los efectos legales que haya lugar, lo cual resulta muy acertado pues por décadas se habían conducido de manera libre sin ningún tipo de regulación.
Incluso, si fuera el caso, estas autoridades podrán negar el otorgamiento de la tarjeta de circulación, placas de circulación o cualquier otro documento que permita la movilidad de los vehículos, cuando no se acredite el cumplimiento a las disposiciones establecidas en dicho código.
De esta forma,las personas que se dedican a la gestión de trámites vehiculares, se tienen plenamente identificadas, se les obliga a darse de alta en el SAT, las autoridades conocen sus domicilios y además quienes contratan sus servicios, otorgan el consentimiento por escrito para ser representados al realizar los trámites de los vehículos de su propiedad, por lo que, con estos requerimientos los gestores se ven obligados a conducirse por el camino de la legalidad, sin afectar a quienes les brindaron su confianza.
En tanto que, para la representación de las personas morales se acreditarán ante las autoridades, nada más ni nada menos que mediante escritura pública otorgada ante Notario Público y registrada ante la Dirección de Notarías y Registros Públicos.
Quienes ya obtuvieron su constancia para dedicarse a esta actividad, cuentan que no les fue nada fácil obtenerla, ya que cada año deberán renovarla, presentando toda la documentación que les fue requerida por la Secretaría de Finanzas y que además, a pesar de ser un trabajo honesto y ya regulado, son muy vigilados, ya que están acotados a trabajar únicamente en oficinas centrales, sólo tres trámites por día y en determinado horario, bajo el argumento de no afectar los trámites que de manera personal realizan los demás usuarios.
Aunado a que deberán esperar hasta cinco días hábiles para que la Dirección de Ingresos y Fiscalización adscrita a la Secretaría de Finanza, valide la documentación entregada y una vez que se compruebe la autenticidad de los documentos, se turna a la Secretaría de Movilidad y Transporte para que en un plazo no mayor a dos días, realice el trámite y emita la orden de pago correspondiente, eso sí, bajo la advertencia de que en caso de detectar irregularidades, será sancionado y será cancelado su registro, sin posibilidad de nueva inscripción.
Si bien al contratar este tipo de servicios, tanto el gestor como el propietario del vehículo acuerdan el pago para realizar el trámite, quedando al margen la autoridad, toda vez que es un trato entre particulares; lo cierto es que la Secretaría de Finanzas expide un recibo oficial con el cobro estipulado en el Código Financiero y en Ley de Ingresos del Estado, dejando fuera posibles dádivas que en antaño se otorgaban a quienes desde las oficinas realizaban estos trámites.
Así las cosas, el reto de esta nueva disposición, radica en la confianza que deban tener los ciudadanos hacia las autoridades, pues por muchos años el estigma del coyotaje y la corrupción ha prevalecido en la Secretaría de Movilidad y Transporte y en la Secretaría de Finanzas, sin embargo, el hecho de obligar a los gestores a regularizarse y conducirse bajo una normatividad específica para ellos, es un esfuerzo mayúsculo que sin lugar a dudas abonará para erradicar estos lastres que por años ha afectado la atención ciudadana, además de que implica el pago de impuestos y con ello su contribución al gasto público.
Otro aspecto importante es que los costos estarán regulados porque actualmente estos, en algunos casos, eran estratosféricos.
El esfuerzo ya está, ahora veremos en la práctica si funciona y el combate a la corrupción en esta cuarta transformación funcione, y no se convierta en una caja de pandora, y al rato solo sea un cúmulo de buenas intenciones en el camino al infierno.
Al tiempo.
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LA CAMINERA...¿Unidad morenista? El partido de Morena difundió este jueves el pacto de unidad entre los aspirantes a la alcaldía de Apizaco y el elegido, el empresario Javier Rivera.
«Quienes participaron en el proceso interno, avalaron y respetaron los resultados emitidos por la Comisión Nacional de Elecciones, reconociendo al perfil seleccionado como el encargado de coordinador los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación municipal», reza el comunicado.
Hasta ahí todo bien, pero lo que no dicen es que uno de los perfiles competitivos, otro empresario, de apellido Palestina, pues simplemente no acudió a la cita.
Veremos como llegan a la cita el dos de junio, pues los morenistas no están tan convencidos de que van a derrotar al PAN y su alcalde releccionista ¿Será?
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AHORA SÍ, LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS...Secretario en campaña… Por si había dudas de que el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez anda en plena campaña política, mientras el estado es un caos en temas de seguridad, son los mensajes telefónicos que reciben los candidatos o aspirantes a su nombre o de su particular, de nombre Emilio.
Una vez logrado el contacto, el mensaje llega a su destino a nombre de la número uno.
Si bien uno no se espanta de que un titular de la SEGOB sea operador político, pues todos lo hacen. Lo cierto es que el trabajo de seguridad deja mucho que desear cuando en municipios aparecen cuerpos y la delincuencia opera con suma facilidad.
Ya se lo dijo el PAN, en voz de su presidenta Miriam Martínez, «Si quiere ser coordinador de campaña de Morena, que pida licencia al menos.
