No hay argumento válido. En la vida hay pretextos y resultados.
El gobierno municipal de Zacatelco es el principal responsable de los lamentables hechos ocurridos en ese lugar y la anarquía generada, por cierto, emanado de Nueva Alianza, aliado de la coalición que llevó a la 4T a Palacio de Gobierno. Hoy, los partidos aliados callan ante la repartición de culpas.
El otro, es el gobierno de Lorena Cuéllar, pues la justificación de la inacción y las omisiones de todos no puede servir para escudarse, sobre todo de quien dirige la Secretaría de Seguridad Ciudadana, luego que el marino se vio lento para rescatar a uno de los suyos.
Hoy, Tlaxcala, es un estado peligroso para ejercer el periodismo, ser policía, taxista, o un ciudadano. Rompe con el discurso de la entidad más segura del país.
Los números palidecen ante el rostro de la anarquía en Zacatelco. Policías corriendo para tratar de salvar sus vidas, periodistas rescatando a sus compañeros para ponerse a salvo. El miedo en el rostro de todos. Esa es la radiografía del supuesto estado más seguro.
Una comunicación torpe y lenta para manejar la crisis. El teléfono descompuesto prevaleció y cada medio de comunicación manejó los datos que iban surgiendo, como podía allegarse de la información. Desde las oficinas de Juárez ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo para manejar la hora del deceso.
Basta recordar que, en enero del 2023, se anunció con bombos y platillos que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la firma del “Protocolo de Actuación Policial para Intentos de Linchamiento del Estado de Tlaxcala”, signada con presidentas y presidentes de los 60 municipios, el cual tiene como objetivo prevenir, reaccionar y atender de manera oportuna este tipo de situaciones para garantizar la seguridad y la paz social.
Ya se tienen dos antecedentes en este gobierno, el de San Pedro Tlalcuapan, municipio de Chiautempan, donde quemaron a un presuntos ladrón y el de Españita, en el que supuestamente ya estaba en vigor el Protocolo, pero que nadie conocía y mucho menos se aplicó.
El documento establece las acciones que deben llevar a cabo la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las Direcciones de Seguridad Pública Municipal y la Secretaría de Gobierno (Segob), en el ámbito de sus atribuciones legales y de manera coordinada.
“Por eso hoy este Protocolo es importante, porque existía un Protocolo, pero muchas veces los tiempos que marcaba no nos ayudaban porque si nosotros tenemos la información dos horas o tres horas después de que empezó el problema, es muy difícil que podamos ayudarles, es indispensable que ustedes nos ayuden en todo ello”, subrayó la mandataria morenista.
De acuerdo con lo estipulado en el Protocolo, en caso de que sea una autoridad municipal la primera que tenga conocimiento de un intento de linchamiento, esta tendrá que actuar e informar en todo momento a la SSC, quien hará lo propio con el titular de la Segob respecto a las acciones que se lleven a cabo para la atención y seguimiento del incidente.
Asimismo, deberá hacer de conocimiento a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para verificar la actuación policial; el primer respondiente tomará las medidas necesarias para su propia seguridad, sin que ello implique dejar de cumplir con sus obligaciones legales, siempre y cuando las circunstancias se lo permitan, además deberá solicitar el apoyo de personal médico.
Una vez que la SSC tenga conocimiento del suceso y cuente con la información de la situación que prevalece en el lugar de los hechos, de manera coordinada con el primer respondiente deberá mantener el control mediante la conformación de tres anillos de seguridad.
En el primer anillo participará el primer respondiente y policías de la SSC, deberán colocarse a una distancia de 15 a 20 metros de donde se encuentre la multitud, se designará a un negociador que se encargará de disuadir a las personas de cometer el linchamiento y para que entreguen a la o las personas retenidas.
Si se llega a un acuerdo con los pobladores, las autoridades realizarán los procedimientos jurídico-administrativos correspondientes para que los detenidos sean puestos a disposición.
El segundo anillo estará conformado por personal con equipo antimotín, quienes se encargarán de extraer a la o las personas retenidas cuando por algún motivo no llegue a un acuerdo con la multitud y esté en peligro la integridad de la persona retenida.
Mientras que el tercer anillo se integrará con un mayor número de policías, quienes podrán hacer uso de fuerza letal solo en caso de existir agresiones letales y la resistencia sea real, actual o inminente; en caso de realizar la detención de una o varias personas, deberán ponerlas a disposición de las autoridades de manera inmediata y siguiendo el procedimiento jurídico-administrativo; los elementos que se ubiquen en el primer y segundo anillo de seguridad deberán replegarse pero mantenerse pendiente en caso de requerir su apoyo.
En Zacatelco, estos tres anillos valieron un soberano cacahuate, y el saldo es conocido. Dos familias enlutadas porque no hubo la reacción inmediata.
En Plaza de la Constitución dirán misa, pero en los hechos se vieron como un gobierno más lento que una tortuga.
Desde hace semanas se filtró un documento donde se le llamó la atención al alcalde de Zacatelco por no participar en las mesas de seguridad y que la criminalidad iba al alza.
El pasado 19 de marzo venció el plazo dado por la SEGOB al ayuntamiento para atender y responder a las observaciones y señalamientos que le hicieron sobre el problema de la inseguridad.
Y pese a eso, se dejó pasar más tiempo.
Insisto, no se trata de buscar culpables, pero si se requieren soluciones.
Desde el momento de la inacción del presidente municipal aliancista, se debió declarar el mando coordinado para tomar el control de la seguridad del municipio de Zacatelco, y no esperar a que la población se hartara de la inseguridad y buscar justicia por propia mano.
No se justifica sacrificar a policías que iban a realizar su labor, quienes jamás pensaron que los iban a dejar a su suerte.
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LA CAMINERA...¿Rebelión? Los miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya no están dispuestos a quedarse callados y han decidido buscar medios de comunicación que les den voz y denuncien lo que pasa adentro.
Exigen una investigación o la destitución del director Miguel Ángel Chavarría por omisión, pues fue supuestamente quien dio la orden de no intervenir o no entrar para rescatar a sus compañeros. A canal abierto via matra “gritó y dio la orden superior de nadie entra a rescatar a los compañeros policías».
Después de los muertos que dejo un linchamiento en Zacatelco, ¿Ahora quién tiene la culpa?, es la pregunta que se hacen.
«Dentro de la SSC se echan la bolita entre mandos y como siempre los culpables somos los policías». ¿Dónde quedó el camión blindado y su camión antidisturbios, solo son para desfiles y fotos?, fue la segunda pregunta.
«Para rescatar a la <<rata>> si se puede usar los gases químicos, pero ayer para salvar la vida de los compañeros no se pudo hacer uso de sus extintores, granadas, escopetines, multilanzadores, y teníamos que esperar la orden para llegar en grupo a pararnos como siempre, en lugar de llegar al rescate, perdimos tiempos valiosos», fue otro de los lamentos.
¿Cuándo vamos alzar la voz como policías (todos)?
¿Hasta que nos pase una desgracia en carne propia como a nuestros compañeros?
Creo que el titular de la SSC, Alberto Perea Marrufo, o la propia gobernadora deben ordenar una investigación de quien falló con el Protocolo.
La molestia es evidente, y los efectivos estatales no están dispuestos a seguir siendo carne de cañón y estar entre delincuentes y ahora ciudadanos que los responsabilizan de todo.
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AHORA SÍ, LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS... ¿Vaya paquete! que les dejaron los diputados locales a sus suplentes.
Ayer en tribuna el diputado perredista Juan Manuel Cambrón consideró que el congreso del estado no debe permanecer exánime ni impávido ante lo que ocurrió en Zacatelco.
El legislador adelantó que pedirá a la Junta de Coordinación y Concertación Política que se integre una comisión especial para que se inicie el procedimiento legislativo a efecto de decretar la suspensión o en su caso la desaparición del ayuntamiento del municipio de Zacatelco.
Agregó que el Congreso no puede ser cómplice ni guardar silencio ante estos lamentables hechos. El legislador del sol azteca responsabilizó de manera directa al presidente municipal de Zacatelco, Hildeberto Pérez Álvarez, de quien dijo que “con descaro y desfachatez ha sido omiso en garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad de los zacatelquenses, que con total sorna y burla se da el lujo de no asistir a las mesas de diálogo con las instancias de seguridad y ahí están las consecuencias, es un presidente municipal de vergüenza”.
¿Cómo actuarán los noveles diputados?
Por cierto, cada día son más las voces que le piden al Secretario de Gobierno, Luis Ramírez que deje de ser jefe de campaña de Morena y se dedique a lo que le dicta su puesto, garantizar la estabilidad política del Estado.
A Luis Ramírez le debe preocupar que en estos días se harán públicas algunas conversaciones de Whatsapp donde su secretario particular usa su nombre y el de la número uno para dar órdenes a los aspirantes a candidatos, lo que confirmaría su injerencia en las campañas, y que está más preocupado por eso, que por cumplir su trabajo.
Por cierto, tan necesario es un funcionario para Lorena Cuéllar, que no fue convocado a la mañanera, mientras que otros parecen siguen siendo de las confianzas de la gobernadora, aun de sus pésimos resultados. ¿Sabrán algo en una oficina en la Juárez?
