Con la designación de regidurías para la integración de los próximos ayuntamientos, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) realizó su última actividad relacionada al proceso electoral 2023-2024.
Corresponde ahora al Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) hacer su trabajo y resolver las impugnaciones que se presenten, particularmente aquellas relacionadas con el cómputo, entrega de constancias de mayoría y validez de las elecciones respectivas, varias de las cuales, seguramente, resolverá como última instancia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Concluye su tarea principal el ITE,es cierto, pero no cerró su labor de la mejor manera. Lo hizo recibiendo una acusación gravísima realizada por el representante del partido en el poder, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Dagoberto Flores Luna.
“Lamento mucho que, desde el seno del Instituto Electoral, a través de funcionarios que se desempeñaron como presidentes o consejeros de Consejos Municipales, salieran llamadas (telefónicas) a los candidatos de Morena para extorsionar, y que a través de una cantidad se vieran favorecidos con regidurías”, señaló en plena sesión cuando el Consejo General del ITE realizaba, precisamente, la asignación de regidurías.
Acusación de tal envergadura tiene que ser investigada y sancionada. Hizo bien el consejero presidente del ITE, Emmanuel Ávila González, en comprometerse a esa investigación. Sin embargo, es imperativo que el representante partidista presente pruenas de sus señalamientos.
En un primer balance, el trabajo del ITE ha dejado qué desear. La noche de los cómputos se evidenció en varios integrantes de los Consejos Electorales una deficiente capacitación, que fue incluso señalada por varios representantes de partidos políticos ante el Consejo General.
En algunos casos el mismo Consejo General actuó tardíamente para que los cómputos se realizaran en la sede central del organismo electoral, lo cual retrasó la entrega de constancias de mayoría a las candidaturas ganadoras.
La aprobación de candidaturas también fue un problema debido al incumplimiento de los partidos políticos a las acciones afirmativas a favor de los grupos de atención prioritaria, que en este caso fueron las personas jóvenes, LGBTTTIQ+, indígenas, con discapacidad y migrantes. Eso originó el retraso, hasta de una semana, en el inicio de varias campañas políticas, que tal vez haya influido en el resultado de varias elecciones.
Eso, historicamente, no se habia visto en ningún otro proceso electoral.
Los partidos políticos, por lo que se vio, no recibieron la atención necesaria por parte del organismo electoral para cumplir adecuadamente, en tiempo y forma, con sus candidaturas.
Hubo también una burla de los partidos políticos al cumplimiento de ciertas acciones afirmativas, como las pertenecientes al grupo LGBTTTIQ+, donde sólo era necesaria la buena fe de decir que se pertenecía a ese grupo de atención prioritaria.
La llegada de un profesional que en su momento laboró en el Instituto Nacional Electoral (INE), como lo es Emmanuel Ávila González, no garantizó una mejor organización del proceso. Eso está visto. Hay, en ese sentido, varias lecciones por aprender de lo que hubo en el proceso electoral que ya se encuentra en su última etapa, la jurisdiccional.
Si tuviéramos que dar una calificación al ITE, esta sería aprobatoria, es cierto, pero apenas de panzazo. No más. Y esa no es buena noticia para una institución que requiere de credibilidad y buenos resultados para justificar su existencia ante la tentación que existe en el ámbito federal para desaparecer los órganos locales y centralizar todo en un Instituto Nacional.
