Por: Arturo Popócatl
Por lo que ha sucedido en los últimos tres años, de ninguna manera puede considerarse como una buena noticia que el 40 por ciento de la integración de la próxima Legislatura será producto de la reelección.
No lo es porque su comportamiento ha sido de completa sumisión ante quien presidente el Poder Ejecutivo, convirtiéndose, en consecuencia, en una oficina de trámite. Lo que llega de Palacio de Gobierno es aprobado sin el mayor asomo de crítica, incluso sin moverle una sola coma.
Eso se ha dejado ver en los trabajos relacionados con la creación de lo que será la Fiscalía General de Justicia del Estado. Ninguna iniciativa de Ley Orgánica surgió de las y los 25 congresistas locales. Estuvieron siempre a la espera de que la propuesta llegara de una oficina gubernamental, tal y como finalmente sucedió.
¿Qué se espera que suceda ahora? La aprobación en sus términos, sin duda. Y lo mismo sucederá con la designación de la persona que fungirá como Fiscal.
Si bien existirá una terna de nombres de donde surgirá tal Fiscal , las y los diputados locales recibirán señales para otorgar su voto. Y todo hace indicar que ese voto será a favor de la actual titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Ernestina Carro Roldán, a menos que surja una sorpresa proveniente de la oficina principal de Palacio de Gobierno.
El triunfo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en los comicios del 2 de junio, le da a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros un amplio margen de acción para los próximos tres años. La principal: que sus iniciativas se aprueben tal y como las envía al Congreso, que las designaciones en cargos donde tenga que haber votación del Pleno camaral salgan sin mayor problema y que las cuentas públicas pasen sin dificultades.
Sin embargo, con toda y esa sumisión que habrá en el Poder Legislativo, no debe haber confusiones o malas interpretaciones por el hecho de que Morena y sus aliados alcanzaron carro completo en las elecciones legislativas y en los municipios más importantes de la entidad. No fue gracias al trabajo realizado por el gobierno estatal o los gobiernos municipales, sino producto de una tendencia nacional que alcanzó, incluso, entidades federativas electoralmente difíciles, como Yucatán.
Es cierto, el voto del electorado tiene varias lecturas, pero debe reiterarse que éstas no incluyen la complacencia de un buen gobierno. Claramente existen flancos que deben ser cubiertos con prontitud, como aquellos actos de corrupción que se han observado en varias dependencias gubernamentales, o los excesos en que han caído diversos funcionarios públicos.
Ahí están, por ejemplo, las cuentas públicas reprobadas de la Universidad Politécnica de Tlaxcala o del Fideicomiso Ciudad Industrial Xicohténcatl. Así como estamos viendo el encarcelamiento de varios ex alcaldes y de hasta un presidente municipal en funciones, ¿veremos algo similar con quienes fungían como titulares de ambas instituciones? ¿O la justicia será selectiva, como todo hace suponer?
En consideración de quien esto escribe, de ninguna manera hay un cheque en blanco en los resultados electorales del 2 de junio. La próxima Legislatura pudiera no ejercer a plenitud sus funciones y ser revisora consciente de iniciativas, designaciones e iniciativas gubernamentales, pero es necesario recordar que el voto ciudadano de hoy puede jugar las contras en las elecciones que se realizarán dentro de tres años si se interpretan mal los resultados.
Por ahora es necesario advertir la necesidad de una ciudadanía permanentemente vigilante en el quehacer parlamentario. No hacerlo sería un error por todas las cosas que de ahí podrían devenir.
