¿Qué lectura podemos hacer cuando la violencia contra una autoridad electa es minimizada o, peor aún, ignorada? No es solo el silencio de la Fiscalía, que se limita a sus ya rutinarios boletines sin fondo ni forma, sino también la inacción de los partidos de oposición, quienes parecen estar más interesados en no incomodar al poder que en proteger la democracia. ¿Dónde están los líderes opositores a Morena y sus aliados, que deberían estar exigiendo justicia y protección para todos los ciudadanos, pero sobre todo para una alcaldesa atacada en su propio hogar?
El caso de Lorena Escobar, electa bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, pone en evidencia la luna de miel entre la oposición y el poder político desde la Plaza de la Constitución. ¿A qué le temen? ¿O es que están cómodos con la violencia, siempre y cuando no los afecte directamente?
El único acto de dignidad política en este caso provino de la diputada local de Movimiento Ciudadano, Sandra Aguilar Vega, quien alzó la voz para condenar el ataque y exigir que se refuerce la seguridad en los municipios. Su pronunciamiento fue valiente, pero al mismo tiempo evidencia la soledad de las voces críticas en un estado que parece resignado a la inseguridad y la impunidad. Aguilar Vega no solo se solidarizó con la alcaldesa Escobar, sino que demandó respuestas claras y acciones inmediatas del gobierno estatal y de la Fiscalía. Obligada por ser del mismo partido, pues quedarse callada era inadmisible.
Pero, ¿qué podemos esperar cuando el secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo, parece más ocupado en presentar operativos de fiestas patrias que en enfrentar la realidad de un estado que la percepción ciudadana cuestiona cada día más la narrativa del estado más seguro del país. Los homicidios, asaltos, riñas y ahora los atentados contra figuras políticas no son eventos aislados; son síntomas de un colapso en la estrategia de seguridad que parece más interesada en simular que en resolver.
¿Hasta cuándo la sociedad tlaxcalteca seguirá tolerando la normalización de la violencia? No podemos permitir que los incidentes como el ataque a la alcaldesa de Cuapiaxtla se conviertan en algo «esperable». Cada disparo que perfora el silencio de una madrugada sin respuestas es un recordatorio de que la impunidad es la única política de seguridad que se está implementando en Tlaxcala.
Hoy es la alcaldesa Escobar; mañana, ¿quién será la siguiente víctima? ¿Y hasta cuándo seguiremos preguntándonos eso sin obtener respuesta? Lo más preocupante no es el ataque en sí, sino la falta de reacción de un estado que se está acostumbrando a convivir con la violencia. Y eso es inaceptable.
¿Es tiempo de replantear estrategias de seguridad y remover a funcionarios que no dan una.
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LA CAMINERA...El caso de Pedro Francisco N. es un golpe severo para la justicia en Tlaxcala, donde un hombre que se dice inocente fue encarcelado por más de dos años por compartir nombre y apellidos con un prófugo.
A pesar de las pruebas que demostraban su presunta inocencia, las autoridades judiciales ignoraron las evidencias y mantuvieron preso a Pedro Francisco N. Durante todo este tiempo, ni la Fiscalía ni el sistema judicial ofrecieron una disculpa o asumieron su error.
Este escándalo pone en duda la promesa de Carro Roldán de inaugurar una “nueva era en la procuración de justicia”, y de quien dicen aplicar la justicia en el Poder Judicial de Tlaxcala, pues su administración parece seguir las mismas prácticas negligentes del pasado.
La pregunta que ahora flota es: ¿cuántos casos similares habrá en los centros penitenciarios de Tlaxcala? La falta de respuesta clara y contundente de la Fiscalía proyecta un futuro incierto para la justicia en el estado, donde las omisiones se convierten en reglas y no en excepciones.
Al #Inocente de Guanajuato no le basta con un «usted disculpe, váyase a su casa», sino que las autoridades de la FGJ y del TSJE deben asumir su error y al menos pedir una disculpa pública, si es que tienen un poco de verguenza.
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AHORA SÍ, LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS... ¡Una Joya!…El comandante de la 23 Zona Militar, Martín Jaramillo Barrios, nos ha regalado una auténtica perla de sabiduría: en Tlaxcala no hay delincuencia organizada ni grupos de autodefensa. Hasta ahí todo transcurre normal en la entrevista.
Lo que llamó la atención que lo sucedido en Apizaco no fue obra del crimen organizado, sino de unos simples «maleantes callejeros». Así, con esa joya de narrativa, el general de Brigada nos invita a dormir tranquilos, como si los disparos en las calles y el miedo de los ciudadanos fueran incidentes menores.
Qué conveniente resulta atajar la gravedad de la situación. ¿Realmente podemos creer que en un estado que ha sido infiltrado por el robo de combustible, trata de personas y ahora tiroteos urbanos, estamos hablando solo de delincuentes «de esquina»? Si esto fuera cierto, ¿por qué las balaceras son cada vez más frecuentes y más audaces?
La negación es una estrategia peligrosa. Minimizar los hechos o negar la presencia del crimen organizado no lo hace desaparecer. Si de verdad no hay delincuencia organizada en Tlaxcala, entonces ¿por qué la violencia sigue escalando? ¿Por qué seguimos viendo hechos como el ataque a la alcaldesa de Cuapiaxtla y ahora este tiroteo en Apizaco? El problema no es solo lo que dicen las autoridades, sino lo que prefieren no ver.
Tal vez sea momento de que las autoridades dejen de subestimar a esos “maleantes callejeros” antes de que sea demasiado tarde. Porque mientras siguen negando la presencia del crimen, el miedo sigue creciendo en cada rincón de Tlaxcala. Ya uno murió de la impresión al verse en medio de una balacera.
