Mientras la gobernadora Lorena Cuéllar celebraba con entusiasmo sus tres años al frente del Ejecutivo en Tlaxcala, el estado sigue tiñéndose de rojo.
En la Monumental Plaza de Toros de Apizaco, la mandataria agradeció al presidente López Obrador por permitirle ser parte de la «gran transformación» que, según ella, ha beneficiado a más de un millón de tlaxcaltecas. Se habló de bienestar, de programas sociales, de apoyo a las mujeres y de la promesa de un futuro más brillante bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum. Pero entre los aplausos y discursos grandilocuentes, hubo algo que brilló por su ausencia: la crisis de inseguridad que se ha apoderado del estado. El tema que por cierto no apareció en los boletines oficiales.
La ola de violencia en Tlaxcala no es un tema menor ni aislado. En las últimas semanas, los titulares se han llenado de casos de secuestros, homicidios y cuerpos abandonados en condiciones espantosas. Desde Roberto N., empresario secuestrado en Chiautempan, hasta el hombre embolsado y con múltiples disparos en Santa Cruz Tlaxcala, la realidad es contundente: la política de seguridad del gobierno ha fracasado. Y este fracaso no es una cuestión que pueda esconderse tras las cifras optimistas de programas sociales.
La gobernadora habla de transformación, de combate a la pobreza, pero ¿de qué sirve todo eso si las calles son inseguras y las familias viven con miedo? No hay desarrollo ni bienestar posible si la vida misma está en riesgo, si el crimen actúa impunemente y si las autoridades no responden a tiempo, como ocurrió con la policía de Santa Cruz, que ignoró un llamado que terminó en el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición.
La violencia no forma parte de las celebraciones oficiales, pero para los ciudadanos es una cruda realidad. El estado que presume estar en la senda del progreso sigue hundiéndose en una crisis de seguridad que no se puede minimizar ni postergar. El compromiso real de un gobierno no está solo en la asistencia social, sino en garantizar que los ciudadanos puedan vivir con tranquilidad y sin miedo a ser la próxima víctima.
Debería exigirles a su gabinete de seguridad ponerse a trabajar y dar resultados, pues no es posible que un trío de sujetos entren a una taquería en Chiautempan como si nada, hieran de bala a un empresario y se lo lleven a bordo de una camioneta.
De nada sirve presumir una costosa inversión en el “Video Wall” del C5i de Tlaxcala, que es la pantalla de videovigilancia más grande del país, con una inversión de 17.9 millones de pesos y consiste en un dispositivo interconectado a toda la red de cámaras desarrollado por la empresa HikVision, fabricante en tecnología de videovigilancia, con visualización en alta resolución y una de las herramientas tecnológicas más avanzadas en su tipo. Todo eso de nada vale, si los delincuentes huyen como si nada.
Nadie le puede negar a Lorena Cuéllar el amor que le dice tener a Tlaxcala, y que como lo dijo en su discurso de los tres años, quiere transformar la vida de quienes gobierna, y que las miles de historia les llena su alma y corazón, pero mientras celebra, debería voltear a ver lo que está sucediendo fuera de los escenarios preparados para sus discursos. Porque la transformación de Tlaxcala no será completa si continúa ignorando lo que realmente está ocurriendo en sus calles: un estado sitiado por la violencia y la inseguridad.
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LA CAMINERA...¿Obligada?…La comparecencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo, ante el Congreso es, sin duda, urgente y necesaria. Tlaxcala enfrenta una escalada de violencia y delincuencia que no se puede seguir minimizando. La impunidad es una realidad que azota a los tlaxcaltecas, y la ciudadanía exige respuestas claras y acciones concretas.
La petición de la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Aguilar Vega, de que el funcionario explique la estrategia de seguridad y escuche a expertos, es acertada. No es momento de retórica, es tiempo de rendir cuentas y, más importante aún, de ajustar el rumbo para proteger a los ciudadanos.
Pera Marrufo no puede evadir la cita con el Congreso del Estado dónde puede explicar si su estrategia ha funcionado o no.
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AHORA SÍ, LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS.…Contener o Comunicar: La disyuntiva del vocero de la Fiscalía parece estar atrapado entre contener las críticas y cumplir con su verdadera función: comunicar de forma clara y transparente. En medio de la crisis desatada por casos polémicos como el de Edson N., su labor ha sido ha sido torpe por no decir ineficaz, desde que asumió la encomienda no puede dar respuestas claras que mitiguen la incertidumbre pública.
Desde hace días, se sabe que la fiscal quiere salir a conferencia para aclarar el panorama, pero el vocero venido a menos no ha encontrado la estrategia adecuada para hacerlo, porque no tiene datos para replicar. En lugar de centrarse solo en proteger la imagen institucional, es momento de que asuma su rol con responsabilidad, aportando claridad, datos precisos y fortaleciendo la confianza en las autoridades, en lugar de ocultarse detrás del silencio de realizar un simple trabajo de acompañante. Tal parece que el caso de Edson los agarró como el tigre de Santa Julia.
Por cierto, la crisis del caso de Nidya Cano es un ejemplo de lo que no se debe hacer desde la comunicación gubernamental, pero esa es otra historia.
