Este martes, el gobierno de Lorena Cuéllar presumió con bombo y platillo la compra de 89 nuevas patrullas. Las alinearon como escenografía perfecta para una foto panorámica que sirviera de golpe publicitario en materia de seguridad pública. Todo, con la intención de apaciguar la creciente percepción de inseguridad que se vive —y se sufre— en las calles de Tlaxcala.
La pregunta obligada es: ¿por qué no hicieron lo mismo con las diez camionetas blindadas? ¿Por qué no una imagen espectacular para lucirlas al público, con la misma teatralidad?
Porque no se puede presumir lo que se quiere ocultar.
Hay decisiones de gobierno que no solo desafían la lógica presupuestal, sino que exhiben con brutal claridad las verdaderas prioridades de quienes ocupan el poder. Tlaxcala, un estado que se jacta de ser uno de los más seguros del país, vuelve a estar bajo la lupa nacional por una compra que sigue oliendo a opacidad: diez camionetas blindadas Chevrolet Suburban High Country, adquiridas por adjudicación directa y sin licitación, por más de 56 millones de pesos.
Cuando se pensaba que la crisis de las blindadas había quedado atrás, la Comisión Anticorrupción y Transparencia del Senado, presidida por el senador Francisco Daniel Barreda Pavón, de Movimiento Ciudadano, reactivó el tema y analiza exhortar al gobierno de Lorena Cuéllar a rendir cuentas. No es un asunto menor. Se trata de una compra millonaria, sin concurso público, que benefició directamente a la empresa Epel, S.A. de C.V., con sede en la Ciudad de México. Una operación que fue ocultada hasta que periodistas poblanos lograron obtener los documentos mediante solicitudes de transparencia.
Y entonces surgen más preguntas que respuestas:
¿Cómo es que un estado “tan seguro” como Tlaxcala necesita vehículos con blindaje de alto nivel?
¿Por qué el propio secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Perea Marrufo, asegura no tener ni una sola de estas camionetas?
¿Quién las usa? ¿Con qué fin? ¿Y bajo qué justificación?
Estas dudas, lejos de disiparse, se multiplican. Como también crece la indignación ciudadana.
En el Congreso local, la oposición ha alzado la voz. La diputada del PRD, Blanca Águila Lima, calificó la adquisición como un «lujo ofensivo». Y lo es. En un estado donde aún hay comunidades sin agua potable, escuelas con techos a punto de caer y centros de salud vacíos, blindar a unos cuantos no solo es un exceso: es un insulto.
Desde el oficialismo, la defensa ha sido endeble: que es una “inversión a largo plazo”, que “fortalece la operatividad del gobierno”. Pero esos argumentos suenan huecos frente a la contradicción brutal entre el discurso de austeridad republicana y la realidad de los hechos.
Las Suburban blindadas —con motor V8, tracción 4×4, sistema de remolque y protección balística— no están pensadas para el servicio público. Están pensadas para proteger al poder del pueblo, no al pueblo desde el poder.
Además, la adjudicación directa (GET-OMG-ADX-073-2024) representa otro foco rojo. ¿Por qué no hubo licitación?
¿Qué urgencia justificaba este procedimiento?
¿Por qué pagar ese precio y no buscar otras opciones en el mercado?
Hasta ahora, la Oficialía Mayor no ha explicado en qué ley se basó para este tipo de compra. Y eso también es preocupante.
El gobierno asegura que las camionetas fueron asignadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Pero, otra vez: ¿para qué?
¿Qué tareas requieren ese nivel de protección?
¿Y por qué, si están al servicio de la seguridad pública, se mantienen ocultas?
No es la primera vez que Tlaxcala enfrenta cuestionamientos por su manejo de recursos. Pero sí es uno de los casos más simbólicos del alejamiento entre quienes gobiernan y quienes padecen el día a día.
Hoy, más que una explicación, Tlaxcala necesita una sacudida ética. Porque mientras unos se blindan, otros caminan con miedo.
Miedo a la falta de transporte.
Miedo a que no llegue una patrulla.
Miedo a quedarse sin atención médica.
Miedo a vivir sin justicia, ni empleo.
Esa es la verdadera inseguridad.
Porque mientras adentro de las blindadas puedes ir seguro, afuera los balazos sí se sienten. Y matan.
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LA CAMINERA.…Los excesos de un gobernador morenista….En un episodio que exhibe los riesgos del poder mal informado, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, atacó públicamente al director de E-Consulta, Rodolfo Ruiz, acusándolo falsamente de violencia de género y difamación. El origen: un tuit que, en realidad, fue publicado por otro periodista, Héctor Llorame.
El error, lejos de corregirse, fue escalado con insultos desde el púlpito oficial. El gremio periodístico de Puebla y Tlaxcala se solidarizó con Ruiz, denunciando el intento de amedrentamiento como una amenaza directa a la libertad de expresión.
Un lapsus de poder… que no debería pasarse por alto. Y que, ojalá, no se replique en Tlaxcala.
Porque acá, en el estado, hasta ahora, la forma de censura es cerrar el acceso a los eventos oficiales a ciertos medios de comunicación, especialmente cuando está presente la mandataria morenista. Así ocurrió el martes, durante la entrega de patrullas organizada por la Fiscalía General de Justicia, donde varios fueron excluidos deliberadamente para no incomodar al poder.
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AHORA SÍ, LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS…Tlaxcala y las grietas del poder: el fuego amigo en Morena…Cuando una senadora como Ana Lilia Rivera lanza dardos que se entieden contra su propio partido por el uso de dádivas electorales, no se trata de moralismo, sino de una declaración de guerra interna. En Tlaxcala, Morena vive su propia tormenta: el delfín oficial avanza con las adhesiones Lorenistas y las fracturas se asoman. El silencio ya no basta. El fuego amigo huele a ruptura… o a reacomodo rumbo al 2027.
