Ayer en Tlaxcala se vivió un momento que puede redefinir la relación del poder con los medios de comunicación: conocer cuánto gasta la administración de Lorena Cuéllar en publicidad gubernamental y cuánto cobra cada empresa periodística.
Las posturas son variadas, pues algunos dicen que los tlaxcaltecas no están preparados para esta etapa, otros que es un arma de doble filo, y algunos más que es tiempo de transparentar por qué unos tienen ingresos de más de 600 mil pesos mensuales, otros de 140 mil, hasta 5 mil pesos, sin saber qué criterios se usan para asignar recursos públicos.
No se trata de satanizar a los medios, pues somos empresas, y como tales, cobramos por los servicios. El problema está en la opacidad y la discrecionalidad con la que el gobierno reparte los recursos.
La conversación sobre el gasto en comunicación social adquirió una nueva dimensión. En el marco de la ceremonia donde el auditorio de la Coordinación General de Comunicación (CCOM) fue nombrado “Trinidad Sánchez Santos”, en honor al periodista, poeta y activista tlaxcalteca, el vocero estatal Antonio Martínez Velázquez aprovechó para colocar un mensaje con doble filo: uno de reconocimiento al legado periodístico de quien defendió la verdad por encima del poder, y otro sobre la necesidad de transparentar los convenios oficiales entre el gobierno y los medios.
Martínez Velázquez sostuvo que la publicidad oficial debe ser regulada, auditable y transparente, y no debe “bajo ninguna circunstancia definir las líneas editoriales”. También lamentó que persistan autoridades que usan la pauta como mecanismo de control, un tema incómodo pero urgente en la Tlaxcala de hoy.
“El periodismo no está al servicio del poder, está al servicio de la gente. Y al estar al servicio de la gente, el compromiso es con la ética, con la información y con el sentir del pueblo”, dijo el funcionario al recordar a Trinidad Sánchez Santos, periodista incómodo y referente de una prensa libre que se debía solo a la verdad.
En ese contexto, Martínez anunció un proyecto editorial que busca rescatar y difundir la obra del periodista tlaxcalteca a través de ediciones populares impulsadas por la investigadora Guadalupe Alemán, con apoyo de medios locales. Además, propuso que el Premio Estatal de Periodismo de la UPET lleve el nombre Trinidad Sánchez Santos como acto de reivindicación histórica.
El mensaje resonó entre reporteros y directores de medios presentes. Pero la paradoja fue inevitable: mientras se rinde homenaje a un periodista que defendió la independencia editorial, el gobierno estatal acumula un gasto millonario en publicidad oficial bajo un esquema todavía opaco.
Porque los datos son claros: 182.4 millones de pesos gastados en cuatro años, sin criterios públicos, sin contratos auditables, sin reglas claras. La gobernadora Lorena Cuéllar ha destinado un promedio mensual de casi cuatro millones para promover su gestión, pero ese gasto no se refleja ni en aprobación ciudadana ni en impacto comunicativo.
Lo preocupante no es que se invierta en comunicación, lo cual es necesario, sino que se haga sin transparencia y con claros tintes de discrecionalidad. Lo irónico es que el propio Martínez participó años atrás en el informe internacional “Comprando complacencias: publicidad oficial y censura en México”, donde se documenta cómo los gobiernos usan la publicidad como mecanismo de censura indirecta.
Hoy, desde el poder, su tarea es demostrar que no será uno más en esa lista. Su reto es convertir el discurso en congruencia y empujar una Ley Estatal de Comunicación Social que garantice la transparencia, la rendición de cuentas y el pluralismo mediático.
El homenaje a Sánchez Santos fue un acierto simbólico: reconocer a un periodista que incomodó al poder es, de por sí, un acto político. Pero el legado de este cronista incómodo no puede quedarse en letras doradas o en una placa conmemorativa.
La publicidad oficial no debe ser un botín ni una herramienta de censura suave. Debe ser un puente de información entre el Estado y la sociedad, regido por principios de máxima publicidad.
Veremos en los próximos meses la relación de Lorena Cuéllar con los medios de comunicación en caso que la transparencia llegue. ¿O usted qué opina, estimado lector?
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LA CAMINERA...Suspenso...El conflicto interno del sindicato 7 de Mayo entra en una fase clave. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA) solicitó una prórroga ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para analizar el caso entre los grupos de Karina Erazo y Enrique Escobar.
La magistrada Águeda Zempoalteca no podrá participar por conflicto de interés, lo que complica el proceso.
Mientras tanto, el grupo de Escobar intenta ganar apoyo entre la base trabajadora, aunque sin lograr la respuesta esperada.
La resolución del TCyA deberá conocerse el próximo 21 de octubre, y aunque algunos difunden que se ordenó devolver la dirigencia a Escobar, lo cierto es que la Corte solo pidió al Tribunal fundar y motivar su decisión, sin revocar la actual toma de nota.
Veremos en que queda esta novela.
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AHORA SÍ, LA ULTIMA Y NOS VAMOS...La cita…Lorena Cuéllar por fin tendrá su fiesta política. Este sábado, la plaza de toros de Apizaco será el escenario donde los lorenistas buscarán demostrar músculo, lealtad y capacidad de movilización en torno a su jefa política, quien tratará de presumir logros y enviar mensajes políticos rumbo a la sucesión de 2027. La misma que ella complicó, pues tiene a varios jugando y eso ha generado división interna y un golpeteo que nos preguntamos si tendrá la capacidad de frenarlo.
Ya no se sabe si hay un delfín con el alcalde capitalino Alfonso Sánchez García, quien no sube en las encuestas al ritmo que quisiera y negativos que les crecen. Con una adversaria como Ana Lilia Rivera que sigue a la cabeza en las preferencia electorales.
Será, además, la oportunidad para medir fuerzas entre los grupos que se disputan la candidatura de Morena al gobierno estatal. El mensaje de la mandataria podría marcar la línea de cargada hacia su posible heredero o heredera, intentando cerrar filas antes de que el control del movimiento se le escape.
La cita de este sábado no solo será un acto de rendición de cuentas; será también una prueba de fuego para medir si el “Lorenismo» tiene futuro político o si el reloj ya marcó el inicio del fin de una era. Al tiempo.
