- Miriam Martínez denuncia que la aprobación de la Ley de Aguas despoja a comunidades, criminaliza a campesinos y consolida el control centralista del gobierno federal.
Mariana LOVERA// En una sesión marcada por protestas y acusaciones de opacidad, la Cámara de Diputados federal aprobó la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, impulsada por Morena y sus aliados. Ante esto, la diputada local panista, Miriam Martínez, elevó una contundente voz de rechazo, calificando la medida como un «golpe de Estado hídrico» que entrega el control absoluto del agua a la federación, despoja a los pueblos y traiciona al sector rural.
En un discurso cargado de crítica, Martínez afirmó que la reforma fue impulsada con un «estilo atropellado» y «fast track en oscuridad», sin consenso social, diálogo ni consulta a los pueblos originarios, violando así mandatos constitucionales. «Hoy, Morena y sus aliados aprobaron algo realmente y profundamente peligroso», declaró. «Aprobaron que el agua de México, de Tlaxcala, ya no dependa de su gente».
La legisladora advirtió que, con esta reforma, «ni un vaso, ni un riego, ni un pozo, ni una concesión» podrá disponerse sin la autorización de un burócrata en la Ciudad de México. Acusó al gobierno de estar «capturado por intereses empresariales», al buscar extinguir miles de concesiones pequeñas y familiares, mientras protege a grandes volúmenes de agua en manos de unos pocos.
«El peligro de la cárcel para nuestros campesinos es el pago que el gobierno les dará», alertó, subrayando que la incertidumbre jurídica dejará a los productores sin posibilidad de planear el futuro. «Esto duele, le duele a México y lo estamos viendo en los bloqueos», afirmó, en referencia a las movilizaciones que han surgido en varias partes del país.
Martínez destacó que académicos, activistas y organizaciones que por más de 13 años lucharon por una ley que garantice el derecho humano al agua fueron «ignorados y despreciados» por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el oficialismo. «Legislan para su élite, no para la gente de a pie», sentenció.
La diputada recalcó que la reforma constituye un «golpe contra la Constitución, contra los municipios, contra las comunidades indígenas, contra el campo y contra la gente». Hizo un llamado a defender la soberanía hídrica desde su «trinchera», asegurando que el agua debe seguir siendo un «legado sagrado» en manos de quienes históricamente la han cuidado.
Con la advertencia de que «esta puñalada» podría profundizarse en el Senado de la República, Martínez cerró su intervención con un mensaje de resistencia: «Aquí lo que es de Tlaxcala es para Tlaxcala. Defendamos el agua que es de todos. Defendamos a nuestra gente. Aquí nadie se raja y el pueblo ya despertó».
La reforma avanza así hacia su siguiente etapa legislativa, en medio de una polarización que evidencia el profundo desacuerdo sobre el modelo de gestión del recurso más vital para el país.
