Redacción// Padres de familia de la Escuela Primaria «Lázaro Cárdenas» se manifestaron en las instalaciones educativas para exigir una investigación exhaustiva dirigida al Presidente de Comunidad, Alfonso Benítez, por una presunta intromisión arbitraria en asuntos escolares y conducta misógina.
Los Denunciantes Alegan:
1. Intromisión y Uso Indebido de Cargo: El Sr. Benítez habría utilizado su posición para promover una queja formal contra la ex directora del plantel, impulsado por un supuesto conflicto personal, y no por el interés general de la comunidad educativa.
2. Documentación Irregular: Se cuestiona la validez de una solicitud presentada por el Sr. Benítez, ya que, a pesar de mencionar al Comité de Padres de Familia, carecería de firmas autógrafas o nombres específicos que avalen su contenido, lo que sugiere una falta de respaldo legítimo.
3. Presión sobre Autoridades Educativas: Se alega que dicha solicitud contó con la anuencia de la directora de Educación Primaria, Aida Sánchez Juárez, lo que generaría dudas sobre la objetividad del procedimiento que resultó en el cambio de la dirección escolar.
4. Conducta Intimidatoria y Misógina: Diversos testimonios señalan que el Sr. Benítez habría realizado comentarios y amenazas veladas contra quienes se opusieran a sus acciones, específicamente durante el proceso de remoción de la maestra Teresa N., creando un clima de temor e inseguridad entre las familias, especialmente entre las madres.
5. Invocación de Grupos Ilegales: De manera grave, se señala que el funcionario habría hecho alusión a vínculos con grupos de presuntas prácticas ilegales para amedrentar a la comunidad.
Ante estos hechos, la Asamblea de Padres de Familia legitima su protesta y exige de manera urgente la intervención de:
· El Secretario de Educación Pública del Estado, Homero Meneses.
· La Gobernadora Constitucional del Estado, Lorena Cuéllar Cisneros.
Objetivos de la Petición:
· Que se inicie una investigación imparcial y expedita sobre la actuación del Presidente de Comunidad, Alfonso Benítez, por presunto abuso de autoridad, intromisión en funciones educativas y conducta misógina e intimidatoria.
· Que se audite el proceso administrativo que derivó en los cambios de personal directivo y docente, verificando la legalidad y transparencia de los documentos presentados.
· Que se garantice la seguridad de las familias, docentes y alumnos, y se prevenga cualquier acto de violencia o represalia.
· Que se restablezca la normalidad en el entorno escolar, basada en el diálogo respetuoso y el apego a la legalidad, libre de presiones externas indebidas.
Los padres de familia hacen un llamado a las máximas autoridades para que, en el ámbito de sus competencias, garanticen la justicia, la transparencia y el derecho a una educación libre de conflictos impropios, velando por el interés superior de las niñas y niños de la comunidad.
