Martes 3 de marzo de 2026|| Cálculo legislativo.
Hace unos días alguien me decía que, si tuviera la oportunidad en el 2027, preferiría ser diputado local antes que diputado federal. Yo supuse que su argumento tendría que ver con la cercanía con la gente, con la posibilidad de trabajar directamente en los problemas de Tlaxcala; sin embargo, su explicación fue otra.
Me habló de la dieta (así se le llama al salario legislativo), de los apoyos, de los recursos adicionales y de las posibilidades económicas que rodean al cargo.
En ese momento entendí que su cálculo no era político, era económico, confieso que me dejó una sensación amarga.
No porque la política no implique justa medianía para quien la ejerce, sino porque la representación popular no debería ser vista como un negocio personal.
El problema es que durante muchos años el sistema político mexicano permitió que se confundieran las cosas.
Para dimensionarlo, basta ver algunos datos. En el presupuesto estatal aprobado para 2026, el Poder Legislativo de Tlaxcala cuenta con aproximadamente 458 millones de pesos para su operación anual. Sólo en salarios de diputadas y diputados locales se destinan cerca de 43 millones de pesos al año, con percepciones que pueden alcanzar alrededor de 145 mil pesos mensuales por legislador (más lo adicional).
Si comparamos, el Congreso del estado de Colima tiene presupuesto cercano a 135 millones de pesos para su poder legislativo, ellos también tienen 25 legisladores; pero nosotros gastamos tres veces más a pesar de que nuestro presupuesto estatal es proporcionalmente menor.
Estos números ayudan a entender por qué, durante años, se generó una percepción equivocada sobre la función legislativa.
En Tlaxcala ya se dio un paso importante cuando la gobernadora Lorena Cuéllar eliminó el llamado fondo de “moches legislativos”, un mecanismo mediante el cual cerca de 600 millones de pesos se distribuían discrecionalmente entre diputados para convenios con municipios.
Ese esquema deformaba la función del Congreso, pues en lugar de legislar y fiscalizar, algunos terminaban operando como gestores de recursos.
Por eso resulta esperanzador que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo haya puesto sobre la mesa una reforma electoral que busca limpiar el sistema político, separar el poder económico del poder político y cerrar la puerta a los incentivos perversos que tanto daño han hecho a la democracia mexicana.
Pero también hace falta algo más profundo, necesitamos un proceso pedagógico con el pueblo tlaxcalteca.
Debemos explicar con claridad cuál es la función de una diputada o un diputado. Su responsabilidad es hacer leyes, representar al pueblo y vigilar el uso correcto del presupuesto, no repartir dinero público.
Cuando la ciudadanía exige recursos directos al legislador, se genera un círculo vicioso que termina presionando a quienes ocupan esos cargos a buscar mecanismos para cumplir esas expectativas.
Romper ese círculo es una tarea colectiva.
La democracia no se fortalece cuando la política se vuelve negocio, sino cuando la representación se convierte en servicio público.
Con afecto y respeto legislativo, para mi amable y único lector.
Homero Meneses Hernández