Este viernes, el Congreso del Estado votará en sesión privada la destitución e inhabilitación por tres años de los nueve integrantes del Cabildo de Contla de Juan Cuamatzi, encabezado por la alcaldesa petista Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, hermana del ex edil Edy Roldán, grupo que controla a placer ese municipio.
La determinación surge luego de que la Comisión Instructora concluyera que existieron abusos de autoridad, usurpación de atribuciones y violaciones a las garantías constitucionales de un presidente de comunidad electo por voto popular, quien fue separado de sus funciones mediante un procedimiento que el propio Congreso considera ilegal.
Sin embargo, aunque la sanción podría ser aprobada este mismo día por la mayoría de los diputados, su ejecución permanecerá suspendida debido a los recursos promovidos por el Ayuntamiento de Contla ante instancias federales.
Por un lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la Controversia Constitucional 43/2026 interpuesta por regidores y concedió una suspensión para impedir que el Congreso ejecute cualquier destitución mientras se resuelve el fondo del asunto. A ello se suma una suspensión provisional otorgada por un juzgado federal dentro de un juicio de amparo de la alcaldesa.
El argumento de los quejosos es que nunca hubo tal separación del cargo del presidente de comunidad, lo cual ya fue confirmado por el congreso local que si ocurrió, por lo que será cuestión de tiempo para que haya nuevo cabildo en Contla.
En términos jurídicos, la batalla apenas comienza.
Pero en términos políticos, el mensaje ya fue enviado.
Y es ahí donde aparece el verdadero fondo del asunto.
Porque más allá de los expedientes, los acuerdos de cabildo y las controversias constitucionales, lo que estamos viendo es a una mayoría morenista avanzando contra una alcaldesa emanada del Partido del Trabajo, uno de los aliados que contribuyeron a la construcción del proyecto político que hoy gobierna Tlaxcala, pero que hoy parecen que son enemigos del grupo en el poder.
La pregunta es inevitable.
¿Estamos frente a un acto estrictamente de legalidad o frente a una muestra de que las alianzas construidas en 2021 comienzan a desgastarse rumbo a la sucesión de 2027?
Durante años, Morena, PT y Verde caminaron juntos bajo una lógica sencilla: el adversario estaba enfrente. Hoy, los movimientos políticos sugieren que las diferencias comienzan a surgir dentro del propio bloque gobernante.
No se trata de exonerar a la alcaldesa ni de minimizar los hechos señalados por el Congreso. Si existieron excesos o violaciones a la ley, deben sancionarse. La legalidad no puede estar sujeta a colores partidistas.
Pero precisamente por eso surge otra interrogante.
Si la ley se aplicará con el mismo rigor para todos, ¿veremos procedimientos similares en otros municipios donde también existen señalamientos, conflictos de cabildo o decisiones cuestionables?
Porque cuando algunas investigaciones avanzan con rapidez y otras permanecen inmóviles, la percepción pública inevitablemente deja de hablar de justicia y comienza a hablar de selectividad.
Y en política, las percepciones suelen ser tan importantes como los hechos.
Lo ocurrido en Contla podría terminar siendo mucho más que un conflicto municipal. Puede convertirse en el primer gran episodio de una reconfiguración política dentro del bloque que hoy gobierna Tlaxcala.
La política tiene memoria.
El PT fue un aliado indispensable para alcanzar el poder. Hoy, una de sus alcaldesas enfrenta la sanción más severa que puede imponer el Congreso local.
Quizá no se trate todavía de una ruptura.
Pero sí parece una advertencia.
Y cuando las advertencias comienzan a traducirse en decisiones institucionales, generalmente es porque la disputa por el futuro ya empezó.
La pregunta ya no es qué ocurrirá con el Cabildo de Contla.
La pregunta es quién será el siguiente en descubrir que, en política, los aliados de ayer pueden convertirse en los incómodos de mañana.
¿Cómo reaccionarán los Garay ante esto?
¿Se acabó la alianza PT-Morena para la gubernatura de Tlaxcala?
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LA CAMINERA…¿Entregan su cabeza? Más allá del relevo anunciado en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, lo que realmente llama la atención es la salida adelantada de uno de los operadores que fue pieza importante en la construcción del proyecto político que llevó a Lorena Cuéllar a la gubernatura. Maximino Hernández no sólo dejó en su momento el equipo de la priísta Anabel Ávalos, para sumarse a la hoy mandataria estatal, sino que se convirtió en uno de los hombres de mayor confianza en materia de seguridad.
En los pasillos del poder se comenta que su salida se habría acelerado tras el fuerte impacto político que generó la revelación en una conferencia de los diálogos circuleros sobre la evaluación aplicada a la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde apenas alrededor del 40 por ciento del personal habría acreditado los exámenes de control y confianza. Un dato que habría provocado molestia en la titular de la institución, Ernestina Carro Roldán y terminó por tensar la relación entre la fiscal quien se quejó ante la gobernadora y exigió practicamente la salida de Hernández Pulido, y eso aceleró su salida.
Por ahora, la versión oficial habla de un relevo institucional. La extraoficial apunta a que hubo más que una simple renovación administrativa. Como suele ocurrir en política, los cambios rara vez son casualidad.
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AHORA SÍ, LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS…Otro relevo silencioso…Y hablando de movimientos, otro que ya hizo maletas fue Octavio Ortega. Tras una gestión gris al frente de la comunicación social del gobierno estatal, el comunicador dejó Tlaxcala para incorporarse al equipo de Josefina Rodríguez Zamora en la Secretaría de Turismo federal.
Aunque su paso por la comunicación gubernamental no dejó una huella particularmente visible, logró encontrar rápidamente acomodo en el círculo cercano de una de las funcionarias federales con mayor proyección política originarias de Tlaxcala.
Pero ahi tampoco duró mucho, y al parecer por falta de resultados se tuvo que ir.