- De los cuatro representantes tlaxcaltecas en San Lázaro, dos legisladoras rechazaron el dictamen, uno se ausentó y el único voto a favor fue de Vázquez Conchas
Mariana LOVERA// En el marco de la votación de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la delegación de diputados federales de Tlaxcala mostró posturas divididas, aún qué con un claro predominio del rechazo a la iniciativa, que finalmente fue rechazada.
Las diputadas Yordana Garay Loredo, del Partido del Trabajo (PT), y Mariana Jiménez Zamora, del Partido Acción Nacional (MC), votaron en contra del dictamen durante la sesión celebrada en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Por su parte, el petista José Alejandro Aguilar López registró ausencia en la votación.
El único representante tlaxcalteca que respaldó la reforma fue Raymundo Vázquez Conchas, de la bancada de Morena.
En total, la reforma electoral recibió 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, con 494 legisladores participantes. La iniciativa, que buscaría modificar diversas disposiciones en materia electoral, fue respaldada mayoritariamente por Morena, aunque tres de sus diputadas votaron en contra: Giselle Arellano Ávila, Alejandra Chedraui Peralta y Santy Montemayor. Además, se registraron ausencias notables como la de Manuel Espino, por razones de salud.
El PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra de manera unánime, mientras que el PRI también rechazó la reforma, con una ausencia. El PT, aunque votó en contra mayoritariamente, tuvo un voto a favor y la ausencia del diputado tlaxcalteca Aguilar López.
El PVEM votó en contra en su mayoría, pero 12 votaron a favor.
Al señalar que el rechazo a su reforma electoral sea una derrota, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el lunes enviará al Congreso el Plan B, con reformas incluso constitucionales, con el fin de acabar con los privilegios, por lo cual buscará poner tope máximo a los recursos que se destinan a los diputados locales y a los regidores de municipios; ampliar la consulta pública hacia temas electorales, como el presupuesto de los partidos políticos, y que la revocación de mandato sea en el tercero cuarto año de gobierno.