A menos de un año de concluir su gobierno, Lorena Cuéllar Cisneros decidió pronunciar una de esas frases que, en política, difícilmente pueden considerarse inocentes: quiere que llegue alguien con “amor y compromiso por Tlaxcala” y que dé continuidad a todo lo realizado durante su administración.
Hasta ahí podría tratarse del deseo natural de cualquier gobernante por preservar aquello que considera positivo de su gestión. El problema aparece cuando la mandataria afirma que se ha “involucrado en este proceso”, habla ante trabajadores del Gobierno del Estado, denuncia supuestas presiones políticas contra empleados del sector Salud y, al mismo tiempo, pide continuidad para el proyecto de la Cuarta Transformación.
Entonces la pregunta deja de ser exagerada y se vuelve obligatoria: ¿Lorena Cuéllar está defendiendo programas sociales o está intentando conducir su propia sucesión?
El coordinador de Comunicación Social, Antonio Martínez Velázquez, salió a corregir la interpretación. Según explicó, cuando la gobernadora dijo que se había involucrado, no hablaba del proceso electoral, sino de la elaboración de una iniciativa para que los programas sociales queden establecidos en la ley y no puedan ser eliminados por futuras administraciones.
La explicación suena conveniente, pero no termina de resolver la contradicción.
Porque el propio vocero reconoció que la continuidad mencionada por la gobernadora también significa que la Cuarta Transformación permanezca en el poder en Tlaxcala. Es decir, primero se descarta cualquier intención electoral y después se admite una aspiración política concreta: que el siguiente gobierno pertenezca al mismo movimiento.
Podrán llamarlo convicción ideológica, proyecto de nación o defensa del bienestar. Pero cuando ese discurso proviene del Gobierno del Estado, se pronuncia frente a servidores públicos y ocurre mientras Morena se prepara para definir a quien encabezará su proyecto rumbo a 2027, la frontera entre gobierno, partido y sucesión comienza a borrarse peligrosamente.
No es lo mismo defender la continuidad de una política pública que pedir la continuidad de un grupo político.
Una gobernadora tiene derecho a expresar su opinión, a defender su legado y a promover reformas que protejan programas sociales. Lo que no debería hacer es utilizar el peso institucional de su cargo para enviar señales sobre el perfil que desea como sucesor o sucesora.
Porque cuando Lorena Cuéllar habla de alguien con “amor y compromiso por Tlaxcala”, no está describiendo una política pública. Está trazando el retrato político de quien, desde su perspectiva, debería ocupar el cargo después de ella.
¿Quién decide quién tiene ese amor y ese compromiso? ¿La ciudadanía, mediante su voto? ¿Morena, mediante sus procedimientos internos? ¿O la gobernadora, a partir de la cercanía, la lealtad y la promesa de proteger su legado?
Ahí está el fondo de la discusión.
La sucesión no puede convertirse en una extensión administrativa del gobierno saliente. Tlaxcala no es una propiedad política que pueda heredarse al perfil considerado más confiable para conservar programas, grupos, funcionarios o decisiones.
La continuidad tampoco puede utilizarse como una palabra elegante para esconder el deseo de mantener el control.
Además, resulta preocupante que la gobernadora haya hablado de supuestas presiones contra trabajadores del sector Salud para apoyar a “una compañera”, en una evidente alusión política Ana Lilia Rivera, aunque sin presentar nombres, documentos ni pruebas concretas.
Si existen amenazas laborales, condicionamientos o intentos de obligar a empleados públicos a respaldar alguna aspiración, el Gobierno del Estado tiene la obligación de investigar y denunciar formalmente. No basta con mencionarlo durante un encuentro político-institucional, dejando que la identidad de la persona señalada sea completada mediante rumores y especulaciones.
Las denuncias desde el poder deben estar acompañadas de pruebas y procedimientos. De lo contrario, pueden convertirse en herramientas para golpear adversarios internos sin asumir el costo de una acusación directa.
La mandataria pidió a los trabajadores que le reporten cualquier presión. Pero también habría que preguntarles si existe libertad para apoyar un proyecto distinto al que representa el grupo gobernante.
Porque protegerlos de las presiones de una corriente mientras se les convoca a difundir las obras del gobierno y respaldar la continuidad de la 4T no necesariamente garantiza neutralidad. Podría significar únicamente que unas presiones son condenadas y otras son presentadas como lealtad institucional.
El escenario es todavía más delicado porque uno de los aspirantes más identificado con el grupo político de Lorena Cuéllar es Alfonso Sánchez García, alcalde con licencia de Tlaxcala capital. La gobernadora no lo mencionó, pero tampoco es necesario pronunciar un nombre para enviar un mensaje.
En política, los silencios también tienen destinatario.
La defensa oficial sostiene que cualquier representante de la Cuarta Transformación sería digno de encabezar el proyecto. Sin embargo, la verdadera prueba de imparcialidad no estará en los discursos, sino en las acciones del Gobierno del Estado durante los próximos meses.
¿Los funcionarios podrán respaldar libremente a cualquier aspirante? ¿Las dependencias se mantendrán fuera de la contienda? ¿Los programas sociales dejarán de utilizarse como argumento para advertir que solamente un gobierno de Morena puede conservarlos? ¿Se investigarán con el mismo rigor las presiones atribuidas a todos los grupos?
La continuidad de los programas sociales debe garantizarse con presupuesto, reglas claras, instituciones y evaluación de resultados. No con la continuidad obligatoria de un partido ni con la llegada del perfil que resulte más cómodo para la administración saliente.
Convertir programas públicos en leyes puede ser positivo. Convertirlos en instrumentos para convencer a los trabajadores y beneficiarios de que deben votar por el mismo movimiento sería profundamente cuestionable.
Lorena Cuéllar tiene derecho a defender su gestión, pero no a diseñar desde el poder el siguiente gobierno. Puede presentar iniciativas, rendir cuentas y explicar sus resultados. Lo que debe evitar es utilizar actos institucionales para hablar como jefa política de una sucesión que corresponde resolver a los partidos y, finalmente, a la ciudadanía.
La gobernadora dice que quiere dejar un legado. Pero los legados democráticos no consisten en elegir heredero.
Consisten en construir instituciones capaces de sobrevivir incluso cuando gobierna alguien distinto.
Si los programas sociales dependen de que gane Morena, entonces no están verdaderamente institucionalizados. Y si la continuidad depende de que llegue una persona cercana al grupo de la gobernadora, entonces no estamos hablando de un proyecto de Estado.
Estamos hablando de conservación del poder.
La pregunta, por tanto, no es si Lorena Cuéllar puede opinar sobre el futuro de Tlaxcala. Claro que puede.
La pregunta es si puede involucrar la autoridad de su cargo, a los trabajadores públicos y el discurso institucional en una sucesión que ya comenzó, aunque oficialmente pretendan convencernos de que todavía no son tiempos electorales.
Y la respuesta debería ser clara: gobernar hasta el último día, sí; elegir desde ahora quién debe continuar su proyecto, no.
Se lo digo así, sin maquillaje ni retoques…