Mariana LOVERA | En una iniciativa con proyecto de decreto presentada ante la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, la diputada Laura Yamili Flores Lozano (Partido de la Revolución Democrática) propone reformas a tres ordenamientos estatales para prohibir de manera expresa la gestación subrogada, a la que califica como una forma de violencia contra las mujeres, trata de personas y mercantilización de los cuerpos femeninos y de los menores nacidos bajo esta práctica.
La iniciativa, que retoma materialmente una propuesta no dictaminada de la legislatura anterior, plantea adicionar disposiciones a la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala, al Código Civil y al Código Penal locales.
El proyecto establece que se considere como violencia contra los derechos reproductivos y contra la dignidad humana la gestación subrogada, definiéndola como “forma de reproducción asistida mediante la cual una mujer gesta un embrión fecundado por personas comitentes o contratantes para tal efecto, y donde la mujer se obliga a parirlo y a renunciar a sus derechos de filiación”.
En el ámbito civil, se propone declarar absolutamente nulos todos los actos jurídicos mediante los cuales una mujer renuncie a la filiación materna en favor de un contratante o tercero, precisando que la gestación subrogada “no será objeto de contrato alguno”.
En materia penal, se busca sancionar con pena privativa de libertad de cuatro a siete años de prisión a quien participe en un procedimiento de gestación subrogada, adicionando un tercer párrafo al artículo 298 del Código Penal local.
En la exposición de motivos, la legisladora subraya que la gestación subrogada —también conocida como alquiler de vientres, maternidad subrogada o gestación por contrato— constituye “una grave violación a los derechos y a la dignidad de las mujeres y de las y los menores”, al convertir a las mujeres en “meros medios de producción” y a los recién nacidos en “objetos de transacción contractual y comercial”.
La iniciativa señala que, si bien en México solo los estados de Sinaloa y Tabasco regulan esta figura (y la Ciudad de México no publicó su reforma), entidades como San Luis Potosí, Querétaro y Coahuila ya la han prohibido. Asimismo, advierte sobre la existencia de “una industria millonaria dedicada a rentar mujeres como pie de cría y a traficar bebés tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales”.
Como sustento, se citan instrumentos internacionales como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos del Niño, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, así como informes de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la venta de niños en el contexto de acuerdos de subrogación de vientres.
La diputada enfatiza que la gestación subrogada no puede considerarse un derecho humano al deseo de procrear, pues “los deseos no son automáticamente derechos”, y debe armonizarse con derechos superiores como la protección contra la trata, la identidad de los menores y el interés superior de la niñez.
La iniciativa retoma como antecedente una propuesta presentada en la LXIV Legislatura por el entonces diputado Juan Manuel Cambrón Soria, que no alcanzó a dictaminarse. Con fundamento en los artículos 85 de la Ley Orgánica y 87 del Reglamento Interior del Congreso, la legisladora la hace suya “como antecedente material” ante la persistencia de conductas ilegales e ilícitas en esta materia.