Hay una línea que en política no admite matices: el ejercicio del poder público no puede ponerse al servicio de aspiraciones personales o proyectos electorales. Y en México eso no es una interpretación, es ley.
El marco es claro. El artículo 134 de la Constitución establece que los recursos públicos deben administrarse con imparcialidad, sin influir en la equidad de la competencia entre partidos. A esto se suman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y los criterios reiterados del Tribunal Electoral, que prohíben expresamente los actos anticipados de campaña y el uso indebido de la investidura para promover a alguien.
El problema no radica en que el secretario del ayuntamiento, Víctor Hugo Gutiérrez, tenga afinidad política —eso es inherente a cualquier actor público—, sino en que la exprese desde la investidura que ostenta. Cuando un funcionario respalda encuestas a modo y promueve abiertamente a su superior, el alcalde Alfonso Sánchez García, rumbo a la gubernatura, no solo vulnera la institucionalidad: se coloca en una zona de abierta ilegalidad. Así quedó evidenciado recientemente, cuando no solo confirmó sin rodeos la aspiración de su jefe al gobierno estatal durante su participación en una mesa de análisis, sino que además defendió, sin el menor matiz de prudencia, la supuesta veracidad de encuestas que lo posicionan —de forma por demás cuestionable— en las preferencias internas de Morena.
Y aquí hay otro ángulo más delicado: la narrativa de imposición. Cuando desde el poder se intenta empujar una candidatura con instrumentos oficiales, encuestas cuestionadas y voceros institucionales, el efecto suele ser el contrario al esperado. Lejos de fortalecer al aspirante, lo desgasta. Lo vuelve dependiente de la estructura y no de la ciudadanía.
El alcalde capitalino no llega en blanco a esta coyuntura. Su historial reciente ya está marcado por intentos fallidos y “premios de consolación como lo es la actual alcaldía en su intento fracasado por conquistar el Senado”. Forzar ahora una candidatura bajo estas condiciones no construye liderazgo; construye sospecha. Y en política, la sospecha pesa más que cualquier encuesta inflada.
Porque al final, la legitimidad no se decreta ni se opera desde una oficina pública. Se gana. Y cuando se intenta acelerar ese proceso desde el poder, lo único que se logra es dejar un camino atropellado, lleno de cuestionamientos y con un costo político creciente. Y para cerrar como dice el dicho “Cuando no te toca, aunque te pongas”… al tiempo.