Mariana LOVERA// El presidente de comunidad de la Sección Segunda de Contla, Alejandro Flores Xelhuantzi, aseguró que el juicio político promovido contra la alcaldesa Ana Ivonne Roldán Xolocotzi y los integrantes del Cabildo tiene su origen en una suspensión que calificó como ilegal, derivada de sus posturas críticas dentro del Ayuntamiento y de su oposición al cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP).
En entrevista para La Bestia Política, Flores Xelhuantzi explicó que el conflicto comenzó en agosto de 2025, cuando fue separado de su cargo durante una sesión de Cabildo. Según su versión, la medida se tomó sin un procedimiento formal, sin derecho de audiencia y sin permitirle defenderse, situación que posteriormente derivó en el procedimiento de juicio político que actualmente mantiene en vilo al gobierno municipal.
El presidente de comunidad sostuvo que previamente impulsó asesorías jurídicas gratuitas para habitantes de la Sección Segunda interesadas en promover amparos contra el cobro del DAP, además de mantener una postura crítica respecto al manejo de recursos públicos y exigir transparencia y rendición de cuentas dentro del Ayuntamiento.
Afirmó que la suspensión de sus funciones fue una represalia por señalar presuntas irregularidades y rechazar decisiones que consideró contrarias a la legalidad. Asimismo, rechazó que el origen del conflicto esté relacionado con acusaciones de violencia política de género o misoginia, como han sostenido algunos actores políticos y autoridades municipales.
Flores Xelhuantzi señaló que durante el procedimiento legislativo se reprodujo íntegramente el video de la sesión de Cabildo donde fue suspendido y aseguró que en ningún momento se acreditaron conductas relacionadas con violencia política de género. Incluso, acusó que existieron inconsistencias en la elaboración del acta correspondiente a dicha sesión.
Respecto a la controversia constitucional y los amparos promovidos por el Ayuntamiento para evitar la ejecución de las sanciones aprobadas por el Congreso local, expresó confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará a fondo el caso y confirmará la actuación del Poder Legislativo.
El representante comunitario también denunció que desde el inicio del procedimiento de juicio político la Presidencia de Comunidad dejó de recibir los recursos económicos que le corresponden legalmente, situación que, aseguró, no ha impedido que continúen prestando servicios y apoyos a la población.
Sobre las declaraciones que atribuyen el proceso a una supuesta persecución política impulsada por actores de Morena contra los integrantes del cabildo y la presidenta municipal, Flores Xelhuantzi rechazó esa versión y afirmó que el asunto tiene un origen estrictamente jurídico derivado de una decisión que considera arbitraria e ilegal.
Finalmente, sostuvo que una eventual ratificación de las sanciones contra la alcaldesa y los integrantes del Ayuntamiento representaría un precedente histórico para Contla, Tlaxcala e incluso para el país, al establecer límites a los actos de autoridad contra representantes populares electos por la ciudadanía.
El Congreso del Estado determinó que la alcaldesa, el síndico y siete regidores incurrieron en abuso de poder, usurpación de funciones y violaciones a garantías constitucionales al suspender a Flores Xelhuantzi sin facultades legales para hacerlo. No obstante, la destitución e inhabilitación aprobadas permanecen suspendidas temporalmente por resoluciones de tribunales federales y por una controversia constitucional admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.