- El organismo autónomo recaba la información sobre el caso para garantizar el respeto a los derechos humanos
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) inició la investigación correspondiente por el presunto linchamiento a una persona quien, posterior a recibir golpes en el municipio de San Pablo del Monte, perdió la vida en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), estando bajo custodia de policías municipales, quienes lo pondrían a disposición del Ministerio Público.
Este organismo autónomo enfatiza que en este tipo de hechos existen múltiples dimensiones de victimización, por lo que es indispensable garantizar atención a la o las posibles víctimas del hecho presuntamente delictivo que originó la reacción colectiva, garantizando su derecho de acceso a la justicia por las vías institucionales, sin revictimización.
Asimismo, se requiere atención integral a la persona que perdió la vida y a sus familiares, incluyendo acompañamiento jurídico, psicológico y acceso a la reparación integral del daño.
La CEDHT insiste en la necesidad de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para que, en el ámbito de sus competencias: activen de manera efectiva el Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamiento; Fortalezcan los mecanismos de respuesta inmediata a denuncias ciudadanas, evitando vacíos institucionales que generan desconfianza y propician reacciones colectivas violentas.
Desde el momento en que este organismo autónomo tuvo conocimiento del hecho inició la investigación inmediata, exhaustiva e imparcial, con el objetivo de recabar todas las evidencias necesarias y determinar posibles violaciones a derechos humanos, además la Primera Visitadora y un visitador adjunto estuvieron en la FGJE como observadores durante la práctica de las diligencias correspondientes en el caso.
Los hechos ocurridos en San Pablo del Monte constituyen una grave violación a los derechos humanos, particularmente al derecho a la vida y a la integridad personal, los linchamientos son actos ilegales que vulneran el Estado de Derecho y generan un clima de violencia e impunidad que debe ser erradicado.
Las instituciones públicas deben coordinar acciones interinstitucionales entre seguridad pública, gobernación, fiscalía y atención a víctimas, deben implementar estrategias permanentes de prevención, que incluyan: Campañas comunitarias de concientización sobre la gravedad y consecuencias del linchamiento; programas de cultura de la legalidad y resolución pacífica de conflictos y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y justicia.
La Comisión reitera que la defensa de los derechos humanos es una responsabilidad compartida y que la violencia colectiva no sólo vulnera derechos, sino que rompe la convivencia social y debilita el Estado de Derecho.
Por ello señala que confiar en las instituciones y utilizar los mecanismos legales es la vía para garantizar justicia sin poner en riesgo la vida de ninguna persona.
