- Integrantes de comunidades de Chiautempan acusan simulación en las asambleas realizadas en Santa Cruz Guadalupe y Guadalupe Ixcotla; señalan inconsistencias en listas de firmas y rechazan que exista respaldo comunitario al proyecto.
Mariana LOVERA | Integrantes del Comité para la Defensa de los Campos Deportivos de Guadalupe Ixcotla, del Comité Asignado para Investigar el Proyecto CECI ubicado en el Campo 5 de Santa Cruz Guadalupe y de la organización de mujeres “Comunidad Guadalupe Ixcotla, Nuestra Tierra, Nuestra Libertad” denunciaron presuntas irregularidades en las consultas realizadas en ambas comunidades de Chiautempan relacionadas con un proyecto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En rueda de prensa, los inconformes rechazaron las declaraciones de la presidenta municipal de Chiautempan, Blanca Estela Angulo Meneses, relacionadas con la organización de una consulta indígena y sostuvieron que la alcaldesa no tendría facultades en las dos comunidades nahuas para intervenir en un proyecto federal.
Los comités también cuestionaron declaraciones atribuidas a Antonio Martínez Velázquez, jefe de Comunicación Social del Gobierno del Estado, respecto a una supuesta aprobación del proyecto por parte de las asambleas generales comunitarias.
De acuerdo con los denunciantes, los días 12 de junio en Santa Cruz Guadalupe y 14 de junio en Guadalupe Ixcotla se realizaron reuniones en las que participaron autoridades municipales, estatales y funcionarios federales. Sin embargo, aseguran que estos encuentros no cumplieron con los estándares que, a su consideración, debe reunir una consulta indígena: ser libre, previa, informada y culturalmente adecuada.
Acusan presencia policial y de personas ajenas a las comunidades.
Sobre la reunión del 12 de junio en Santa Cruz Guadalupe, los comités afirmaron que dentro del auditorio había decenas de policías municipales, además de personal del Ayuntamiento y del Gobierno del Estado, circunstancia que —según su postura— impedía que la consulta se desarrollara libremente.
También señalaron que, ante el intento de someter el proyecto a votación mediante el levantamiento de manos, fueron tocadas las campanas de la iglesia y posteriormente arribaron más habitantes. Según su versión, alrededor de 100 ciudadanos habrían firmado una manifestación de inconformidad.
Los inconformes señalaron además que presentaron una denuncia contra el antropólogo David Fernández Acosta ante el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), derivada de lo ocurrido.
Respecto de Guadalupe Ixcotla, aseguraron que el 14 de junio la reunión se efectuó en la calle y contó igualmente con presencia de policías, funcionarios y personas que, según los comités, eran ajenas a la comunidad. Sostienen que no se proporcionó información suficiente sobre el proyecto y que finalmente no se alcanzó ningún acuerdo.
Cuestionan lista de 339 nombres y firmas.
Uno de los principales señalamientos está relacionado con documentación que, según los comités, fue entregada por la representación jurídica del IMSS en Tlaxcala dentro de un juicio de amparo.
Los inconformes aseguran que analizaron una lista correspondiente a la supuesta asamblea de Guadalupe Ixcotla y detectaron diversas anomalías. De un total de 339 nombres y firmas, afirman que 40 firmas, equivalentes al 11.79 %, aparecen repetidas en diferentes páginas.
Asimismo, sostienen que en 61 casos, equivalentes al 17.99 %, los datos no serían suficientemente legibles para comprobar su autenticidad; que 15 personas, el 4.43 %, no serían originarias ni residentes de la comunidad; que en tres casos, el 0.88 %, algunas personas habrían desconocido las firmas atribuidas a ellas, y que se identificaron al menos dos menores de edad, equivalentes al 0.58 %.
Los comités incluso aseguran que, a simple vista, varios nombres y firmas parecen haber sido elaborados con una misma escritura, por lo que solicitaron al IMSS en Tlaxcala verificar la identidad de quienes aparecen en el documento mediante sus credenciales de elector.
Estas observaciones corresponden a los señalamientos formulados por los propios comités y no constituyen por sí mismas una determinación oficial sobre la autenticidad o legalidad de las firmas.
Finalmente, los inconformes reiteraron su rechazo al proyecto en los campos deportivos comunales y pidieron que las autoridades respeten los procedimientos de consulta y la decisión de las comunidades involucradas.