- Pese a señalamientos sobre su cercanía partidista y posibles conflictos de interés durante el proceso de selección, el excomisionado presidente del IAIP fue designado secretario técnico del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.
Mariana LOVERA// En medio de cuestionamientos sobre su presunta vinculación con Morena y la imparcialidad del procedimiento de selección, Arturo De Casa Vega fue nombrado este miércoles titular de la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala (SAET).
La designación se concretó durante la Tercera Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno, en la que se presentó y evaluó la terna de aspirantes. Finalmente, De Casa Vega recibió el respaldo necesario para asumir el cargo y rindió la protesta de ley correspondiente.
El nombramiento ha generado controversia debido a los antecedentes políticos del excomisionado presidente del desaparecido Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIP), particularmente por los señalamientos sobre su cercanía con Morena y su respaldo público al grupo político del alcalde capitalino, Alfonso Sánchez García.
Uno de los principales puntos de discusión es el cumplimiento del artículo 35, fracción IX, de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, que establece como requisito para ocupar la Secretaría Técnica no haber sido miembro, adherente o afiliado a ningún partido político durante los dos años anteriores a la publicación de la convocatoria.
Aunque diversos reportes periodísticos han documentado señalamientos sobre la participación política de De Casa Vega, la cercanía con un partido no demuestra por sí sola una afiliación formal ni acredita automáticamente un incumplimiento legal. Por ello, el punto central es determinar si el procedimiento de evaluación verificó suficientemente dicho requisito.
A las dudas sobre su independencia partidista se suma un posible conflicto de interés relacionado con Guadalupe Ortega Gutiérrez, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC), quien anteriormente se desempeñó como titular de la Unidad de Protección de Datos Personales del IAIP durante la gestión de De Casa Vega.
Si bien esa relación laboral previa no constituye por sí misma una irregularidad, ha motivado cuestionamientos sobre las condiciones de imparcialidad con las que se desarrolló la evaluación de los aspirantes.
Otro aspecto que generó críticas fue la rapidez del procedimiento. De acuerdo con reportes publicados durante el proceso, el CPC concentró las etapas de inscripción, evaluación, entrevistas y designación en aproximadamente 17 días, pese a que la Secretaría Técnica permanecía vacante desde septiembre de 2025, tras la salida de Sergio Pérez George.
Entre quienes participaron en el proceso también figuraron Cirilo Rosalío Espejel Velasco, exintegrante del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva, y Yehivie Adaluz Cabrera López, identificados en reportes periodísticos como integrantes de la terna final.
Por su parte, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción informó que durante la sesión se analizaron las propuestas y se realizó la votación correspondiente conforme a las bases de la convocatoria pública de 2026, con lo que formalizó la incorporación de De Casa Vega.
El artículo 34 de la legislación estatal establece que la persona titular de la Secretaría Técnica será nombrada por el Órgano de Gobierno mediante el voto favorable de al menos cinco integrantes y permanecerá cinco años en el cargo, sin posibilidad de reelección.
La llegada de Arturo De Casa Vega coloca nuevamente bajo escrutinio los mecanismos de selección de quienes tienen la responsabilidad de impulsar las políticas de prevención y combate a la corrupción en Tlaxcala.
Más allá de la legalidad formal del nombramiento, los cuestionamientos hacen relevante que el organismo transparente los criterios de evaluación, los documentos utilizados para acreditar los requisitos de elegibilidad y las medidas adoptadas para prevenir eventuales conflictos de interés.
El desafío para el nuevo secretario técnico será ejercer sus funciones con independencia y demostrar, mediante resultados y rendición de cuentas, que el organismo encargado de combatir la corrupción puede actuar sin subordinación a intereses partidistas.