- Un custodio denunció presuntos actos de maltrato, racismo y abuso de autoridad contra personas privadas de la libertad; autoridades estatales aseguran que verificarán los señalamientos.
Mariana LOVERA// Una nueva denuncia sobre presuntas violaciones a los derechos humanos al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tlaxcala puso nuevamente bajo cuestionamiento las condiciones en las que permanecen las personas privadas de la libertad, luego de que un custodio señalara que uno de los internos permanece esposado de manos y pies durante prácticamente toda la jornada.
De acuerdo con el testimonio anónimo, esta práctica se realizaría diariamente y no estaría relacionada con traslados, comparecencias judiciales o diligencias oficiales, sino que presuntamente se habría convertido en una medida habitual de castigo dentro del centro penitenciario.
El denunciante, quien solicitó mantener su identidad en reserva por temor a posibles represalias, señaló directamente al director del penal, Iván Sánchez de la Torre, por presuntos actos de maltrato, racismo y abuso de autoridad contra la población penitenciaria.
Asimismo, cuestionó las condiciones en las que se encuentran los internos y la falta de garantías para el respeto de sus derechos humanos, al advertir que mantener a una persona inmovilizada durante periodos prolongados limita sus actividades cotidianas y afecta sus condiciones de estancia.
Los señalamientos también hacen referencia a una presunta protección de la que gozaría el director del Cereso, debido a su supuesta cercanía con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, acusación que no ha sido acreditada.
- Gobierno promete revisar los señalamientos
Al respecto, el coordinador de Comunicación del Gobierno estatal, Antonio Martínez Velázquez, confirmó que las autoridades tienen conocimiento de la denuncia y adelantó que el asunto sería abordado durante la mesa de seguridad para verificar la veracidad de los hechos.
El funcionario mencionó que se han realizado cambios en la coordinación del sistema penitenciario y supervisiones por parte del secretario de Gobierno, particularmente en temas relacionados con la alimentación y seguridad dentro del centro.
Sobre las inconformidades por las restricciones a las visitas, Martínez Velázquez argumentó que algunas disposiciones buscan mantener el orden, debido a que anteriormente familiares intentaban introducir teléfonos celulares y otros objetos prohibidos.
La nueva denuncia se suma a una serie de reclamos realizados durante los últimos meses por familiares de personas privadas de la libertad y organizaciones civiles, quienes han cuestionado las restricciones a las visitas, presuntos abusos de autoridad y las condiciones de internamiento.
Incluso, familiares y activistas han solicitado la destitución del director del penal, además de exigir la intervención de las autoridades de seguridad y organismos defensores de derechos humanos.
Como referencia, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 del Inegi reportó que el 34.1 por ciento de las personas internas en el país fue víctima de al menos un delito dentro de los centros penitenciarios entre julio de 2020 y julio de 2021.
En Tlaxcala, el porcentaje alcanzó 51 por ciento, cifra que superó en 16.9 puntos porcentuales el promedio nacional.