Por: Mariana Lovera
La democracia mexicana está entrando a una etapa decisiva, pero las instituciones encargadas de garantizar elecciones libres y equitativas comienzan a enfrentar una pregunta incómoda: ¿quién vigila a quienes tienen la responsabilidad de vigilar la legalidad de las elecciones?
La renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de señalamientos sobre presuntos conflictos de interés, posibles irregularidades en contrataciones y cuestionamientos sobre su entorno, no puede entenderse como un asunto meramente personal. Es un episodio que coloca bajo escrutinio a una institución cuya principal responsabilidad es generar confianza ciudadana.
La propia Taddei sostuvo que su salida no exime a nadie de esclarecer los hechos que deban investigarse. Y tiene razón en un punto fundamental: las instituciones deben estar por encima de sus titulares. Pero precisamente por eso, su salida no puede representar el cierre de las preguntas ni mucho menos el borrón y cuenta nueva.
El episodio del pasado 29 de octubre, cuando el Consejo General del INE entró en un receso indefinido para revisar los nombramientos de presidencias y consejerías de distintos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), demuestra que las dudas no terminaron con la renuncia. Los procedimientos de selección también están bajo escrutinio.
Y aquí es donde Tlaxcala debe poner especial atención.
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) no llega precisamente a las puertas del proceso electoral 2026-2027 sin cuestionamientos. Su actuación en distintos procedimientos relacionados con presuntos actos anticipados de campaña, propaganda política y promoción de figuras públicas ha generado controversias que incluso han terminado en los tribunales.
Uno de los aspectos que merece especial atención es la resolución de las quejas presentadas por el Partido de la Revolución Democrática Tlaxcala (PRDT) contra la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y otros actores políticos.
El pasado 15 de octubre, el Consejo General del ITE resolvió el expediente CQD/Q/PRDT/CG/035/2026, relacionado con las jornadas gubernamentales denominadas «Cumpliendo al Pueblo» y «Encuentros Tlaxcaltecas», así como la distribución de una gaceta con información del Cuarto Informe de Gobierno.
El PRD denunció que estas actividades podían representar promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y una estrategia de posicionamiento político fuera de los tiempos permitidos por la legislación electoral.
La resolución del instituto dejó un resultado que merece una explicación pública más amplia: descartó las infracciones de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, pero sí acreditó una irregularidad por la difusión extemporánea de la gaceta del informe, cuya distribución fue documentada en Chiautempan y La Magdalena Tlaltelulco.
Es decir, el propio ITE reconoció que hubo difusión fuera de los plazos legales, pero remitió el asunto al Congreso local para que determinara lo conducente, sin establecer una sanción directa a la mandataria.
La dirigencia perredista, encabezada por Juan Manuel Cambrón Soria, cuestionó la resolución y anunció que la impugnaría, al considerar contradictorio que se reconociera la difusión extemporánea sin acreditar las responsabilidades por promoción personalizada y uso de recursos públicos.
Pero no es el único expediente que involucra a la gobernadora.
El 16 de octubre, el ITE también resolvió los expedientes CQD/Q/PRDT/CG/045/2026 y CQD/Q/JPCR/CG/047/2026, promovidos por el PRDT y el ciudadano Justino Pedro Cuatecontzi.
En ellos se denunciaron presuntas irregularidades relacionadas con los llamados foros campesinos, la participación del alcalde de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, la presencia de la gobernadora en actividades de la Asociación de Autoridades Municipales de Tlaxcala y el supuesto uso de eventos oficiales para favorecer el posicionamiento político de determinados perfiles de Morena.
Entre los señalamientos se incluyeron actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y vulneraciones a los principios de imparcialidad y neutralidad.
El ITE declaró inexistentes las infracciones denunciadas.
Aquí es donde surge una interrogante legítima: ¿los criterios utilizados para resolver estos expedientes serán los mismos que se aplicarán cuando las denuncias involucren a figuras de oposición?
No se trata de afirmar que la gobernadora o los funcionarios señalados sean responsables de las conductas denunciadas. Tampoco de exigir que el ITE sancione por el simple hecho de que un partido presente una queja. Se trata de que las investigaciones sean exhaustivas, las pruebas se valoren con rigor y las resoluciones expliquen claramente por qué se acredita o descarta cada señalamiento.
Porque el árbitro electoral debe generar certeza, no solamente emitir acuerdos administrativos.
Otro caso que también puso bajo discusión la actuación del instituto fue el relacionado con las bardas y publicidad vinculadas con Alfonso Sánchez García, donde se cuestionaron posibles actos anticipados de promoción política. Las medidas cautelares y las posteriores revisiones jurisdiccionales evidenciaron las diferencias de interpretación sobre los elementos necesarios para atribuir responsabilidades.
El problema de fondo no es que el ITE investigue a quienes pudieran estar vulnerando las reglas electorales. Esa es precisamente su obligación. El problema aparece cuando las determinaciones de una autoridad electoral no cuentan con la solidez jurídica y probatoria suficiente para sostenerse frente a la revisión jurisdiccional.
Pero tampoco se trata de presentar al ITE como una institución que siempre actúa equivocadamente. Hay resoluciones que han sido confirmadas por los tribunales y otras en las que se han señalado omisiones o deficiencias que deben corregirse.
En una contienda que todavía no comienza formalmente en el ámbito local, pero donde ya existe movimiento político, promoción de nombres, posicionamientos y disputas internas, cada decisión del árbitro electoral puede tener consecuencias en la percepción de equidad.
Y el riesgo es doble. Si una autoridad actúa sin pruebas suficientes, puede afectar injustamente los derechos de una persona. Pero si tarda en investigar, omite resolver o aplica criterios distintos ante hechos similares, también puede permitir ventajas indebidas.
El caso de Taddei debería servir como advertencia para el ITE, no como un problema ajeno que solamente corresponde al ámbito nacional.
La renovación de las autoridades electorales locales también debe estar libre de sospechas. En la discusión nacional sobre los nombramientos de los OPLE se encuentra incluido Tlaxcala, por lo que resulta indispensable que los perfiles, las evaluaciones y los criterios de selección sean transparentes y estén debidamente sustentados.
No basta con que los consejeros sean designados conforme a un procedimiento formal. La ciudadanía también necesita conocer sus trayectorias, sus posibles conflictos de interés, sus vínculos y las razones por las que fueron considerados idóneos para ocupar esos cargos.
Porque el árbitro electoral no solamente debe ser imparcial: debe ofrecer elementos verificables para que la ciudadanía tenga certeza de que lo es.
En Tlaxcala, donde en 2027 se renovarán cargos de enorme relevancia política, entre ellos la gubernatura, el Congreso local y los ayuntamientos, la exigencia debe ser todavía mayor.
El ITE tendrá que demostrar que puede investigar con el mismo rigor a cualquier partido, aspirante o servidor público; que sus resoluciones no dependen de quién sea el denunciado; que no utiliza las medidas cautelares como herramientas de presión y que tampoco deja las denuncias en el archivo o en la incertidumbre mientras la contienda avanza.
Al INE le corresponde garantizar que los procesos de designación de las autoridades locales estén libres de interferencias y que cualquier señalamiento sobre posibles irregularidades sea investigado. A los OPLE les toca demostrar que su autonomía no es solamente una disposición constitucional escrita en el papel.
La democracia no puede depender de la confianza ciega en quienes organizan las elecciones. La confianza se construye con decisiones transparentes, investigaciones oportunas, criterios uniformes y rendición de cuentas.
La pregunta no es solamente quién ocupará las presidencias o las consejerías electorales. La verdadera pregunta es si quienes estarán al frente de las instituciones tendrán la independencia, la credibilidad y la autoridad para arbitrar una elección en la que todos los actores políticos deberán competir bajo las mismas reglas.
Porque si el árbitro llega cuestionado a la contienda, el problema no será únicamente de los partidos o de los candidatos: será de la confianza de toda una ciudadanía en el resultado de las urnas. Se lo digo así, sin maquillaje ni retoques…