- Rampas que terminan en banquetas, semáforos con tiempos insuficientes para que personas adultas mayores puedan cruzar y sanitarios sin condiciones para cuidar dignamente a una persona con discapacidad, son algunas de las deficiencias que impiden la accesibilidad en el estado.
Daniel Angulo | La diputada de Morena, Gabriela Hernández Islas propuso reformar tres leyes de Tlaxcala para incorporar infraestructura con perspectiva de discapacidad y género en las obras públicas de la entidad; incluye adecuaciones en sanitarios, iluminación, rampas y espacios públicos, así como mecanismos para sancionar a las autoridades que incumplan con estas disposiciones.
La propuesta plantea modificar de manera coordinada la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la Ley de la Construcción, con el propósito de incorporar criterios obligatorios de accesibilidad universal, perspectiva de discapacidad y de género en las construcciones existentes y futuras.
La legisladora explicó que el proyecto surgió de reuniones con personas con discapacidad y mujeres de su distrito, quienes le expusieron las dificultades que enfrentan para desplazarse y utilizar los espacios públicos. A partir de esos planteamientos, sostuvo que la infraestructura ha sido diseñada históricamente desde una visión de un usuario convencional, sin considerar las distintas necesidades de la población.
Uno de los puntos centrales es que las construcciones sean funcionales para todas las personas, incluidas personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad. Esto implica que la accesibilidad no se limite a colocar rampas o barras de apoyo, sino que abarque todo el recorrido y las condiciones necesarias para utilizar un espacio de manera autónoma y segura.
En ese sentido, Hernández Islas planteó tomar en cuenta la llamada cadena de accesibilidad: desde la posibilidad de llegar a un inmueble, ingresar y desplazarse en su interior, hasta utilizar sus servicios, recibir información y evacuar en condiciones adecuadas.
La iniciativa también incorpora adecuaciones en sanitarios públicos. La intención es que estos espacios no solamente cuenten con dimensiones suficientes o barras de apoyo, sino con las herramientas necesarias para que las personas cuidadoras puedan atender a adultos mayores o personas con discapacidad, realizar cambios y brindar cuidados en condiciones de dignidad.
Otro componente es la iluminación y el diseño de espacios seguros, toda vez que la diputada advierte que la falta de luminarias y las deficiencias en la construcción de banquetas, cruces y espacios de tránsito pueden incrementar los riesgos para quienes se desplazan por la vía pública, particularmente mujeres y personas con movilidad limitada.
La propuesta también busca que las dependencias estatales y municipales cumplan con estándares nacionales e internacionales de accesibilidad. Con ello, señaló la legisladora, se pretende eliminar obstáculos que incluso pueden utilizarse como argumento para negar la contratación de personas con discapacidad, bajo el pretexto de que las instalaciones de una dependencia, ayuntamiento u oficina no cuentan con condiciones adecuadas.
En términos legales, uno de los cambios de mayor alcance se encuentra en la Ley de la Construcción, donde se propone condicionar las autorizaciones de ocupación de inmuebles al cumplimiento de requisitos de seguridad estructural, salubridad, accesibilidad, inclusión y evacuación.
Para verificar estas condiciones, el proyecto incorpora una Memoria de Accesibilidad, Inclusión y Seguridad, instrumento que permitiría identificar barreras físicas, sensoriales, cognitivas y de comunicación desde la etapa de planeación de las obras.
También contempla la figura de un corresponsable de accesibilidad y diseño incluyente para construcciones de alta afluencia y espacios esenciales, como hospitales, escuelas, terminales, instalaciones de justicia y servicios de cuidado, quien tendría que acreditar conocimientos especializados.
La enmienda establece la necesidad de revisar la infraestructura existente mediante diagnósticos e inventarios de edificios y espacios públicos bajo responsabilidad de las autoridades estatales y municipales.
Para ello, los entes públicos y ayuntamientos tendrían 12 meses, a partir de la entrada en vigor del decreto, para integrar un primer diagnóstico. Posteriormente, deberán aprobar un Programa de Adecuación Progresiva con metas anuales, presupuesto y un plazo máximo de cinco años para atender las barreras detectadas.
Además, Hernández Islas plantea establecer sanciones efectivas para los sujetos obligados que incumplan las disposiciones de accesibilidad, con el objetivo de que las nuevas reglas no queden únicamente en el papel y exista responsabilidad por parte de las autoridades encargadas de ejecutar, supervisar y mantener la infraestructura.