Mariana LOVERA | La diputada local Laura Yamili Flores Lozano, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una iniciativa para establecer que las licencias y dictámenes de uso de suelo expedidos por los ayuntamientos de Tlaxcala tengan vigencia indefinida, siempre que no existan modificaciones en los instrumentos de planeación urbana y demás disposiciones aplicables.
La propuesta plantea adicionar el artículo 27 Bis a la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala, con el propósito de impedir que los municipios establezcan plazos de vencimiento para estas autorizaciones y obliguen a los ciudadanos a pagar refrendos o renovaciones de manera periódica.
En la exposición de motivos, la legisladora argumentó que actualmente no existe una disposición expresa en la legislación estatal que establezca una vigencia determinada para las licencias de uso de suelo ni que obligue a renovarlas semestral o anualmente.
Sin embargo, señaló que algunas leyes de ingresos municipales contemplan periodos de vigencia de entre dos y seis meses, lo que genera la obligación de realizar nuevos pagos para conservar una autorización previamente expedida.
Como ejemplos, mencionó los municipios de Calpulalpan, San Lucas Tecopilco, Santa Catarina Ayometla, Apizaco y Panotla, donde, de acuerdo con su planteamiento, se han incorporado disposiciones relacionadas con la temporalidad de estos permisos.
Flores Lozano sostuvo que exigir refrendos sin que exista un cambio en las condiciones que dieron origen a la autorización puede vulnerar los principios de legalidad y seguridad jurídica, además de representar un cobro adicional por un trámite que ya fue realizado y pagado.
La iniciativa reconoce que los ayuntamientos tienen facultades constitucionales para autorizar, controlar y vigilar el uso del suelo dentro de sus territorios; no obstante, considera que esa autonomía debe ejercerse conforme al marco jurídico estatal y federal.
El artículo 27 Bis propuesto establece que las autorizaciones de uso de suelo, ya sea mediante dictamen, licencia o factibilidad, conservarán su vigencia hasta que se modifiquen los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, los atlas de riesgo u otras disposiciones legales aplicables.
Asimismo, plantea que las leyes de ingresos municipales no puedan establecer una vigencia determinada para estos documentos ni exigir su refrendo o renovación temporal.
