Mariana LOVERA// Luego de que el noticiero de Nacho Lozano, en Imagen Televisión, exhibiera una libreta decomisada en una casa de seguridad donde se detallan presuntos pagos por casi un millón de pesos a elementos de la “estatal” en Tlaxcala —incluyendo además 40 «muchachos», 2 comandantes, 38 de tropa y gasolina—, el vocero del gobierno del estado, Antonio Martínez, restó valor a la filtración y cuestionó el acceso de los medios a la escena del crimen.
En respuesta a la pregunta de La Bestia Política durante la conferencia de prensa matutina, Martínez desestimó el señalamiento de la panista Adriana Dávila —quien calificó la nota de Imagen como «un recordatorio de que el triunfalismo oficial deja expuestos a los ciudadanos»—, limitándose a señalar: «Sobre Adriana Dávila no hay mucha opinión, ya lo dijiste, es panista. Es oposición, está en su papel».
Respecto al contenido de la libreta, el funcionario puso en duda la veracidad del documento y la forma en que se dio a conocer. «Es importante entender cómo y por qué los medios entran a las casas de seguridad, siendo escenas de posible crimen», cuestionó,
«Estamos ante el hecho de que un periodista en un noticiero nacional exhibe una hoja que dice fue encontrada en una casa de seguridad. Desde mi punto de vista, debió haber estado resguardado y aún así entraron medios de comunicación», añadió.
Martínez enfatizó que, más allá de la denuncia mediática, el caso corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR). «Eso tendría que ser parte de una carpeta de investigación de la FGR. A partir de ahí, tendría que iniciar una integración formal. No estamos ahí. Esto es parte de un tema mediático, no es todavía una investigación ni un tema de corte jurídico», sentenció.
El vocero respaldó el comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) estatal, en el que la dependencia:
. Se deslinda categóricamente de cualquier sugerencia de presuntos pagos a sus elementos.
· Rechaza cualquier insinuación que vulnere el prestigio y la honorabilidad de la corporación.
· Garantiza que todos sus elementos cuentan con exámenes de control de confianza vigentes.
· Reitera una política de cero tolerancia: en caso de que algún integrante incurra en conductas ilícitas, será remitido de inmediato a las autoridades ministeriales.
· Manifiesta su total disposición para colaborar con la FGR en el marco de una investigación formal.
«Si hay una investigación formal por este caso, hay toda la colaboración con la Fiscalía General de la República, que es la entidad competente. Hay que distinguir entre un medio de comunicación y la Fiscalía», concluyó Martínez.