«Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar», parece ser el mensaje para aquellos políticos que se sienten intocables en Tlaxcala, luego que si no hay cambios de última hora, este martes se discutirá en el pleno del Congreso del Estado la aprobación de la iniciativa denominada “3 de 3 contra la violencia de género”, la cual proviene primero, de la Cámara de Diputados y, posteriormente, en el Senado de la República, y por ser una reforma constitucional, requiere el aval de al menos 17 Congresos locales, por lo que la entidad podría ser la número diez en avalarla.
La importancia de ésta radica en elevarla a rango constitucional y con ello contribuir a la erradicación de cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres en razón de género, pues no sólo establece la 3 de 3 como requisito para quienes aspiren a ser registrados como candidatos a un cargo de elección popular, lo es también para ser nombrado en cualquier empleo o comisión en el servicio público.
En virtud de esta ley, sólo se podrá limitar el acceso a las candidaturas a cargos de elección popular y al servicio público cuando exista una sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales o supuestos, por delitos contra la vida la integridad corporal, la libertad y el desarrollo psicosexual; tener sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales o supuestos, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, o violencia política contra las mujeres en razón de género, y por tener sentencia firme como persona alimentaria morosa.
En caso que se de este paso, necesario en Tlaxcala, el segundo será fomentar las denuncias y combatir el burocratismo en el Poder Judicial que parece una oficina de trámites del poder ejecutivo, sobre todo cuando, para acreditar el incumplimiento, se requiere que exista una sentencia firme.
Hoy, los legisladores locales se pueden sumar a esta exigencia de la sociedad englobada en la iniciativa denominada “3 de 3 contra la violencia de género”, habrá que esperar que el otro poder, en este caso el judicial, haga su chamba, o su presidenta prefiera seguir de invitada a todos los moles de la gobernadora.
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La caminera… ¿Y el Secretario del Medio Ambiente APÁ? El caso que ha llamado la atención de la prensa en los últimos días, relacionado con la iniciativa denominada “3 de 3 contra la violencia de género” y que pone en entredicho el discurso del respaldo a las mujeres de la propia gobernadora morenista Lorena Cuéllar, es la denuncia en contra de Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de Medio Ambiente del Estado, por la presunta evasión del pago de obligaciones alimentarias a favor de su hijo de un año y nueve meses de edad, quien además requiere de tratamiento médico.
Del amor al tribunal…El 13 de febrero, Tania Vianey Rodríguez González, aún esposa del funcionario, denunció ante la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala a Ramiro Vivanco Chedraui, Oficial Mayor del gobierno estatal; a Miriam Montiel, directora de Recursos Humanos y a Jorge Armando Muñoz López, jefe del Departamento de Relaciones Laborales, entre otros, por los delitos de falsedad en informe de autoridad, fraude procesal, obstrucción de la justicia y los que deriven.
De acuerdo con la publicación de la revista proceso, Tania Vianey señaló que, no obstante que desde diciembre de 2022 un juzgado familiar de Morelos ordenó retener el 35% del sueldo del funcionario para cubrir las necesidades de manutención de su hijo, Ramírez Hernández ha usado sus conexiones políticas para incumplir su responsabilidad, lo que, en los hechos, lo convierte en deudor alimentario.
Con Comprobantes Fiscales Digitales (CDFI) emitidos por el SAT, la entrevistada expone como su ex pareja, secundado por funcionarios del gobierno estatal, ha recurrido a tácticas como reducción de su salario y a reportar retenciones presuntamente ficticias, a fin de disminuir el monto a asignar para la manutención del menor.
Con esto, indica, el servidor público pretende que sólo se le descuente un 7 por ciento de los 84 mil 152 pesos que actualmente gana, que equivalen a 5 mil 754 pesos mensuales, cuando de aplicarse el 35% ordenado por el juzgado familiar se le tendrían que descontar 29 mil 453 pesos.
Al respecto, también interpuso una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tlaxcala, quien hasta el momento no se ha pronunciado.
Será interesante observar el curso que tome esta denuncia, sobre todo porque el 8 de mayo del año en curso se publicó en el Diario oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de pensiones alimenticias que, entre otras modificaciones, adiciona el Artículo 135 ter, mismo que mandata que las personas que por su cargo corresponda proporcionar información sobre la capacidad económica de los deudores alimentarios debe proporcionarla de manera exacta, de lo contrario será sancionado en términos del art. 157 de la misma ley y responderá solidariamente para el pago por daños y perjuicios ocasionados al acreedor alimentario, sin perjuicio de lo que establezcan otros ordenamientos legales.
Habrá que ver cómo salen de este embrollo, luego que Ramírez Hernández no se ha dignado siquiera a dar una postura sobre el tema.
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Ahora sí, la última y nos vamos...Relevos…Dicen que a cada santo le llega su día, y eso parece le tocó a la que pensaban era inamovible como es el caso de la ex titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Karina Edith Torres Vázquez, quien ayer tuvo que entregar las oficinas que ocupó por casi trece años. Ella fue nombrada por el ex gobernador Mariano González Zarur el 18 de enero del 2011, y desde esa fecha no había podido ser removida.
En su lugar llegó Joel Bonilla Gómez, quien se desempeñaba como apoderado legal del CECYTE.
Todo parece indicar que los cambios van en serio y que los padrinazgos no cuentan en la JLCyA, pese a que provengan desde la mismísima oficina encargada de la estabilidad política del estado.
Cuentan que la Secretaría del Trabajo se le ofreció al entonces presidente de COPARMEX, Noé Altamirano, y que una de las peticiones fue formar su propio equipo, y parece que ya le cumplieron su primera petición. Ahora, sólo falta que se empiecen a notar los resultados.
