Nada que festejar.
En un evento que debería haber sido una celebración por el Día del Periodista, la realidad mostró un rostro mucho más sombrío en Tlaxcala. Mientras el Poder Ejecutivo Local se limitaba a escuchar los discursos decorativos de la gobernadora y su vocero, el Congreso del Estado fue el verdadero escenario donde los periodistas, a través de sus organizaciones, expresaron su indignación y reprocharon la falta de compromiso de los diputados locales.
En un contexto donde la libertad de expresión y la protección de quienes la ejercen deberían ser pilares fundamentales de una sociedad democrática, resulta alarmante la incapacidad de la Legislatura local de Tlaxcala para aprobar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Este retraso legislativo no solo pone en riesgo la integridad de los comunicadores, sino que también revela una preocupante indiferencia hacia uno de los derechos más esenciales de nuestra democracia.
Las organizaciones de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET), del Consejo de Medios y de la Confederación de Periodistas, coincidieron en que no hay nada que festejar en la entidad, sobre todo cuando existe la incapacidad de la Legislatura para avanzar en una ley que fue discutida en numerosas reuniones con defensores de derechos humanos y diputados. Siete veces se reunieron en el Salón Blanco del Congreso del Estado, y aun así, la propuesta se estancó.
Por ello, el presidente de la UPET, Pablo Morales, en un intento por volver el camino hacia la protección de los periodistas, informó que las conversaciones para impulsar la ley han sido retomadas con el actual secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández. La esperanza es que la próxima Legislatura local finalmente tome en serio su responsabilidad y apruebe un ordenamiento vital para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
El presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, José Gilberto Temoltzin Martínez, reconoció el trabajo de los comunicadores, aunque este se sintió vacío sin acciones concretas que respaldaran sus palabras.
Este estancamiento es una vergüenza, especialmente en un año marcado por un incremento en las agresiones a periodistas. La falta de acción de la Legislatura de Tlaxcala para proporcionar un marco legal que garantice la seguridad de quienes se dedican a informar a la sociedad es una negligencia imperdonable. Se subrayó que, a pesar de los discursos oficiales que pregonan respeto a la libertad de expresión, la realidad para los periodistas es de hostilidad y peligro constante.
Ninguno de los diputados ha tenido la atención de explicar los motivos de la no aprobación de una ley que se supone ya estaba consensada, ¿falta de acuerdos, de voluntad política o de interés? Todo queda en el ámbito de la especulación por ese vacío comunicativo que parece ser la constante.
Por cierto, ¿alguien le habrá preguntado sobre este tema a los diputados que buscaron la elección consecutiva?
Y el reproche de los periodistas le cayó en la cara directamente a la diputada aliancista Alejandra Ramírez Ortiz, quien organizó diversas reuniones y desayunos con periodistas que, al final, no sirvieron más que para tomarse la foto y presumir mediáticamente. Otra legisladora que también enarboló esta bandera y finalmente fracasó fue la priísta y hoy alcaldesa morenista de Tlaxco, Diana Torrejón.
La incompetencia y la falta de compromiso de estos diputados no solo son decepcionantes, sino también peligrosas. Cada día que pasa sin la protección adecuada es un día más en que los periodistas de Tlaxcala se enfrentan a riesgos innecesarios.
Es hora de que la Legislatura local despierte y tome las acciones necesarias para proteger a aquellos que, con su trabajo, fortalecen nuestra democracia.
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LA CAMINERA…UNA TRAS OTRA: La Comunicación Oficial de la 4T ha vuelto a tropezar, y esta vez de manera estrepitosa.
Aunque el pasado 30 de junio por la noche Ernestina Carro Roldán, por medio del Área de Comunicación Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), anunció su renuncia como titular, la Coordinación de Comunicación (CCOM) del Gobierno del Estado boletinó una información el jueves 4 de julio, sobre la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz en donde se supone que participó, pese a carecer de atribuciones para estar en esos trabajos.
Las fotografías que acompañaron al boletín denominado “Crearán Ley estatal de Protección Ciudadana contra el Uso Indebido de las Tecnologías de Información” se sabe fueron capturadas una semana antes de que Ernestina Carro Roldán anunciara su renuncia como Procuradora General de Justicia del Estado…sin embargo, la Coordinación de Información subió esas fotografías lo que generó confusión de los internautas y medios de comunicación de la entidad.
La imagen se difundió en una primera parte con medios de comunicación locales a partir de las 9 de la mañana, y en redes sociales a partir de las 12 del día y fue bajada de las redes sociales del Gobierno del Estado cerca de las 12:30 horas.
El coordinador de comunicación hizo caso omiso a las dudas de los reporteros derivado de esta fotografía y tampoco hubo una FE DE ERRATAS para precisar que esas imágenes habían sido capturadas cuando ella era aún titular de la PGJE. En la CCOM no hubo una revisión con antelación del material que se subiría a redes por parte de quien maneja las redes sociales.
Este incidente no es un simple error técnico; es un síntoma de una gestión comunicativa que parece estar operando sin un protocolo claro y sin la supervisión necesaria. En una era donde la información se difunde a la velocidad de la luz, y donde la precisión y la transparencia son más cruciales que nunca, este tipo de negligencias son inaceptables.
La gobernadora debe tomar medidas urgentes para revisar y reforzar sus procesos de comunicación. La creación de protocolos estrictos para la revisión de contenido antes de su publicación y la capacitación continua del personal en la gestión de crisis de comunicación son pasos esenciales para evitar futuros deslices. Además, la transparencia y la prontitud en la corrección de errores deben ser una prioridad. Emitir una fe de erratas y responder a las inquietudes de los reporteros no es solo una cortesía profesional, sino una obligación ética.
Los ciudadanos de Tlaxcala merecen una comunicación clara, precisa y responsable por parte de su gobierno. Este episodio debería servir como una llamada de atención para todas las partes involucradas, recordándoles la importancia de su papel en la difusión de la información pública. La confianza en las instituciones se construye con cada acto de transparencia y se destruye con cada error no corregido.
Es hora de que el equipo de comunicación del Gobierno del Estado de Tlaxcala eleve sus estándares y recupere la confianza de la ciudadanía a través de un trabajo diligente y profesional. Solo así se podrá garantizar que la información oficial cumpla con su propósito de informar y no de confundir.
Posiblemente el funcionario ni siquiera perciba el alcance legal y político de un error de tal magnitud toda vez que, en estricto sentido, el cuestionado boletín muestra la participación de la ex procuradora, que la haría incurrir en usurpación de funciones, puesto que ya había presentado su renuncia al cargo, dando además, elementos para que pudiera cuestionarse su posible participación en el proceso de selección para el nombramiento del o la titular de la Fiscalía General del Estado.
Se sabe ya que la número uno ya está valorando otros perfiles para sustituir al recomendado, a quien no le alcanzó para llenar el importante espacio.
Esta es la foto difundida y luego borrada de las redes sociales.
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AHORA SÍ, LA ULTIMA Y NOS VAMOS...Vecino incómodo…¡Vaya! que resulta incómodo para quienes viven en el fraccionamiento residencial Santa Elena, pues resulta que a sus teléfonos celulares se les va la señal, o en otros casos, escuchan conversaciones que ni les interesa, y todo por ser vecinos del secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández.
