En los últimos días, el tema de la inseguridad ha dominado la agenda política y social de Tlaxcala. Los recientes hechos violentos, incluyendo asesinatos y feminicidios, han dejado una marca profunda en la percepción de los ciudadanos sobre la capacidad del gobierno para garantizar su seguridad.
En este contexto, la solicitud de la diputada Laura Yamili Flores y el llamado de Sandra Aguilar Vega y la independiente Blanca Águila para la comparecencia del Secretario de Seguridad Ciudadana y la Fiscal General del Estado resultan pertinentes.
Tlaxcala, una entidad que históricamente se ha percibido como segura, ha sido golpeada por una ola de violencia que ha afectado a todos los sectores, especialmente al empresarial. Los asesinatos de empresarios como Roberto N. y Ángel N., junto con otros homicidios recientes, son reflejo de una situación que ha puesto en jaque la estabilidad del estado. Este clima de inseguridad ha sido señalado tanto por representantes en el Congreso como por Coparmex Tlaxcala, cuyo comunicado exige medidas contundentes para proteger a quienes generan empleo y desarrollo económico, pero a la ciudadanía que camina por las calles.
Sin embargo, el problema de fondo va más allá de estos incidentes específicos. Existe una creciente percepción ciudadana de que la inseguridad ha rebasado las capacidades tanto de los ayuntamientos, como del gobierno estatal.
Esta percepción es particularmente preocupante, ya que no solo afecta la confianza en las instituciones de seguridad, sino también en las autoridades políticas que dirigen el estado. Cada vez es más común escuchar a los tlaxcaltecas expresar su temor ante la posibilidad de ser víctimas de un delito, ya sea en sus negocios, en la calle o incluso en sus propios hogares. A pesar de las acciones y estrategias que se han anunciado, la sensación generalizada es que no se han logrado resultados significativos.
El llamado de las diputadas a la comparecencia no debe verse como una simple formalidad o un acto político vacío. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué se está haciendo y, más importante, por qué las estrategias implementadas hasta ahora no han podido frenar la inseguridad.
Desde tribuna lo expresaron claramente: los tlaxcaltecas viven con miedo, y la impunidad de los delitos está erosionando la confianza en las instituciones encargadas de la justicia. Si bien es cierto que los problemas de seguridad no se resuelven de la noche a la mañana, la situación actual exige respuestas inmediatas y soluciones concretas.
La comparecencia propuesta debe ser vista como una oportunidad para que el Secretario de Seguridad, Alberto Martín Perea Marrufo, y la Fiscal General, Ernestina Carro Roldán, rindan cuentas y ofrezcan explicaciones claras sobre las medidas que se están tomando para frenar la delincuencia en Tlaxcala.
Además, debe abordar una pregunta central: ¿por qué no han sido suficientes los esfuerzos realizados hasta ahora para combatir la delincuencia, tanto organizada como no organizada, en el estado?. Este es el momento para que las autoridades expongan sus estrategias, reconozcan las áreas de mejora y presenten un plan concreto de acción que responda a las crecientes preocupaciones ciudadanas.
No podemos olvidar que la percepción ciudadana es uno de los factores más importantes en la evaluación de cualquier gobierno. Si la gente siente que la seguridad está fuera de control y que los ayuntamientos y el gobierno estatal y federal no tienen el control de la situación, esa percepción se convierte en una realidad política que puede tener graves consecuencias para la legitimidad de las autoridades. Por ello, es esencial que las acciones futuras no se limiten a discursos, sino que se traduzcan en resultados tangibles que mejoren la seguridad y, por ende, la confianza de la ciudadanía.
Pero es crucial que esta comparecencia no sea solo un espacio para discutir lo que no ha funcionado, sino también para presentar soluciones reales y concretas que incluyan la colaboración entre diferentes niveles de gobierno, sector empresarial y sociedad civil.
En resumen, la comparecencia solicitada es no solo pertinente, sino necesaria en un momento donde la percepción de inseguridad ha alcanzado niveles críticos en Tlaxcala. Los ciudadanos merecen vivir sin miedo, los empresarios necesitan un entorno seguro para continuar impulsando la economía, y las autoridades deben actuar con firmeza y transparencia para restaurar la confianza en el sistema de seguridad. Es momento de que las autoridades de seguridad respondan a las demandas de la ciudadanía y tomen acciones decisivas para revertir este preocupante panorama.
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LA CAMINERA...Lentos…La reciente amenaza contra el ex director de la Policía Municipal de Contla, ha puesto de manifiesto la fragilidad de la seguridad en la región. En respuesta, el gobierno municipal de la alcaldesa Ivonne Roldán, ha anunciado una investigación sobre el incidente. Además, se ha confirmado que el sistema de videovigilancia C2 será utilizado para identificar a los responsables, y el caso ha sido turnado a la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Aunque estas acciones son un paso en la dirección correcta, persisten preocupaciones sobre la eficacia de la respuesta. La falta de comunicación proactiva por parte del Ayuntamiento ha alimentado la incertidumbre entre los ciudadanos. La población necesita garantías de que su seguridad es prioritaria y que las autoridades están tomando medidas concretas para protegerlos.
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AHORA SÍ, LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS...¿Secretario en capilla? La gestión de Alberto Martín Perea Marrufo como secretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala se encuentra en una encrucijada tras la detención de dos policías estatales acusados de extorsión. Su falta de control sobre su equipo y su ineficaz manejo de la crisis han sido evidentes, especialmente al optar por no salir a enfrentar a los medios de comunicación.
Su elección de no dar entrevistas en un ambiente controlado, en lugar de abordar la situación de forma directa y transparente, refleja una notable falta de estrategia de comunicación. Este enfoque ha resultado en un aumento de la desconfianza entre los ciudadanos, que requieren claridad y compromiso por parte de sus autoridades ante la creciente inseguridad.
La incapacidad de Perea Marrufo para comunicar efectivamente las acciones de su dependencia y su rol en la crisis actual subraya la necesidad de una revisión integral de su enfoque. La percepción de seguridad en Tlaxcala se ve afectada no solo por la delincuencia, sino también por la falta de una comunicación proactiva que asegure a la población que se están tomando medidas efectivas. Sin un cambio en su estrategia de comunicación y liderazgo, su permanencia en el cargo será cada vez más cuestionada.
