El asesinato del empresario gasolinero Ángel Santos Rodríguez González en noviembre de 2024 dejó en evidencia las deficiencias en la seguridad de Apetatitlán. El crimen fue registrado por cámaras de videovigilancia, pero ni la prevención ni la reacción inmediata lograron evitar la tragedia. Más preocupante aún fue la respuesta institucional: mientras los delincuentes huían en una motocicleta de baja velocidad, la policía municipal no reaccionó con eficacia y fue la corporación de Contla la primera en resguardar la escena del crimen.
Posteriormente, el entonces titular del C5i reveló que el municipio contaba con más de 50 cámaras de vigilancia, pero ese día no hubo explicación sobre por qué no operaron adecuadamente para identificar o detener a los responsables. Este vacío de información y acción solo refuerza la percepción de una administración desarticulada, incapaz de reaccionar ante emergencias y sin una estrategia clara de seguridad.
En Tlaxco, la situación no es menos alarmante. La reciente localización de dos narcolaboratorios en la zona rural confirma el avance de células criminales en el estado. Si bien las fuerzas federales lograron desmantelar estas instalaciones, lo preocupante es la falta de control municipal sobre su propio territorio. La alcaldesa Diana Torrejón, exdiputada local, ha mantenido un bajo perfil frente a estos hechos, sin ofrecer explicaciones sobre cómo es posible que en su municipio se hayan establecido puntos de producción de drogas sintéticas sin que su gobierno detectara actividad inusual.
La proximidad de estos laboratorios a la cabecera municipal sugiere una permisividad alarmante o, en el mejor de los casos, una grave omisión en el ejercicio del poder. La seguridad no puede depender exclusivamente de operativos federales o estatales; se requiere una estrategia local eficiente que prevenga la instalación y expansión del crimen. Sin embargo, lo que se observa es un gobierno municipal que prefiere minimizar la problemática antes que enfrentarla.
Apetatitlán y Tlaxco representan dos ejemplos claros de cómo la falta de liderazgo y planeación en materia de seguridad deja a los ciudadanos en una posición vulnerable. Mientras las administraciones locales continúen operando sin un plan sólido y sin rendición de cuentas, la percepción de impunidad seguirá en aumento. La exigencia de la ciudadanía es clara: respuestas y resultados, no justificaciones ni evasivas.
Y estos solo son dos, habrá que esperar y analizar el comportamiento de los 0tros 58 municipios y del gobierno de Lorena Cuéllar, pues recordemos que las bandas de robos de vehículos, llantas y otros delitos están a la orden del día.
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LA CAMINERA…La seguridad: Se enciende la tribuna legislativa…El debate en el Congreso de Tlaxcala subió de tono cuando las diputadas perredistas Blanca Águila Lima y Laura Yamilí Flores cuestionaron el discurso oficial de seguridad del gobierno de Lorena Cuéllar. Señalaron el aumento de la violencia, la falta de resultados y la negativa del secretario de Seguridad y la fiscal general a comparecer.
El morenista Vicente Morales manejó sus números e intentó defender la gestión estatal.
Lo curioso, el por qué nadie cuestiona a la presidenta de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, la diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez. Cuando se le pide una entrevista, su equipo evade una y otra vez a los medios de comunicación.
Esta comisión debe explicar qué hace en el tema de seguridad pública. Cuál es su trabajo con el gobierno estatal y los municipios.
AHORA SÍ, LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS...LA UPET ANTE UNA NUEVA ENCRUCIJADA…Tres periodistas han formalizado su intención de dirigir la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET): Diana Águila Zempoalteca de El Sol de Tlaxcala, Martín Rodríguez Hernández del portal Martín Rodríguez, y Miguel Ángel García Valencia de Agencia Graphos Tlx.
Más allá de la contienda, la UPET enfrenta un reto mayor: recuperar su esencia como espacio de formación, defensa y solidaridad entre periodistas. Su rumbo definirá si sigue siendo un verdadero pilar para la libertad de expresión en Tlaxcala o si se diluye en la irrelevancia.
