No hay justificación posible para que alguien prive de su libertad y abuse sexualmente de una menor de edad. Es un crimen que destruye vidas. Y aunque hay quienes aseguran que el acusado «recibió lo que merecía», lo cierto es que vivimos —o deberíamos vivir— bajo un estado de derecho.
Rodrigo N., señalado por presuntamente raptar y violentar a una niña de 11 años en San Miguel Xochitecatitla, Nativitas, fue linchado en plena vía pública. Frente a todos. A plena luz del día. Y frente a policías municipales, y estatales, que no hicieron nada para evitarlo.
La escena fue tan brutal como reveladora. Porque lo que quedó al descubierto no fue solo la rabia de una comunidad indignada, sino el colapso absoluto de las instituciones encargadas de garantizar la ley y el orden.
¿Dónde quedó el tan anunciado “Protocolo de Actuación Policial para Intentos de Linchamiento”? Ese que la gobernadora Lorena Cuéllar firmó y presumió en enero de 2023, rodeada de presidentes municipales y funcionarios que prometieron coordinación y acción inmediata. La realidad se encargó de evidenciar la ficción burocrática: los tres anillos de seguridad, la figura del negociador, la supuesta intervención eficaz… todo fue papel mojado.
Mientras la comunidad cerraba carreteras, suspendía clases y cometía un homicidio colectivo, el Estado permanecía como un simple espectador, sin control, sin autoridad, sin reacción. Solo quedó el cuerpo de un hombre tirado en la plaza, y una pregunta que arde: ¿Quién imparte justicia en Tlaxcala? ¿Las instituciones o la furia?
En ese vacío de autoridad, ¿qué queda?
Miedo. Desconfianza. Justicia por mano propia.
El Estado no solo no llega a tiempo: ya ni siquiera se le espera.
¿Y la gobernadora? Firma protocolos, da discursos y apela a una coordinación que no se ve por ningún lado, mientras la violencia sigue dejando cadáveres en las plazas públicas.
Si este es el resultado de su estrategia de seguridad, algo no funciona.
Los linchamientos no son hechos esporádicos. Son el síntoma más crudo de un sistema que dejó de funcionar. Son la advertencia de que el tejido institucional se está rompiendo. Y si Tlaxcala se acostumbra a vivir así, entonces el verdadero crimen no será la violencia… Será el silencio del gobierno.
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LA CAMINERA….¿Acaso la gobernadora está sola? El secretario de seguridad no ordena el rescate, pese a que desde poco antes de las ocho de la mañana ya se sabía. El secretario de Gobierno enmudece, igual que la fiscal. El vocero no atina a la defensa comunicativa, y cuando lo hacen, lo hacen mal. Declaran culpables antes que la propia fiscalía.
Lorena Cuéllar sale a dar entrevistas, mientras su gabinete permanece impávido.
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AHORA SÍ, LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS…Cimbra el discurso del más seguro…El hallazgo sin vida de Armando N., maestro y exfuncionario de los gobiernos de Mariano González Zarur y Lorena Cuéllar, sacude a Tlaxcala. Su desaparición fue reportada el 31 de marzo y su cuerpo apareció encobijado y atado en Chiautempan.
La madrugada de este martes, un comando armado intentó ingresar a un domicilio en San Cosme Mazatecochco. Se pidió apoyo urgente a Seguridad PúbliCA, Pero nunca llegaron, es la denuncia ciudadana.
Horas antes, en Ocotlán, una familia fue violentamente asaltada dentro de su propio hogar. Los delincuentes entraron con armas, amarraron a sus víctimas, robaron y huyeron sin que nadie los molestara. Nadie los detuvo. Nadie los persigue.
Todos estos casos reabren el debate sobre la inseguridad en el estado, pese al discurso oficial.
La sensación de indefensión es generalizada. La ciudadanía lo sabe.
