Cuahuixmatlac volvió a estallar. Y no fue el primer pueblo, ni será el último. La tarde de este miércoles, tres presuntos ladrones fueron retenidos, golpeados y casi linchados por vecinos de San Bartolomé. El vehículo en el que viajaban fue volcado. Uno de ellos terminó con el rostro desfigurado. A una mujer, ajena al hecho, también la detuvieron “por no ser conocida”. El enojo se convirtió en tribunal. Y los vecinos, en jueces con piedras en la mano.
No es una excepción. Es una epidemia.
De acuerdo a información recabada del portal FaroTlax, en los últimos 30 meses, Tlaxcala ha registrado 6 linchamientos consumados y 57 intentos de ajusticiamiento colectivo, según cifras oficiales presentadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El municipio de Tlaxcala capital encabeza esta lista con 10 intentos. San Pablo del Monte, Apizaco, Quilehtla, y ahora Cuahuixmatlac, han formado parte del mismo patrón: hartazgo social ante un sistema de justicia rebasado, lento o simplemente ausente.
Pese a las firmas solemnes de protocolos, las mesas de paz y las declaraciones de compromiso con los derechos humanos, la realidad sigue imponiendo su propia lógica en las calles: la ley del hartazgo. La gente ya no llama a la patrulla. Grita primero, golpea después, y pregunta —si acaso— más tarde. El crimen puede ser cierto, falso, o simplemente sospechado. Lo que importa es que la rabia ya estaba ahí, esperando una chispa.
La escena es brutal, pero también profundamente simbólica: en medio del caos, una mujer es detenida solo por ser desconocida. El castigo ya no es solo para los culpables, sino para los “raros”, los forasteros, los que no tienen rostro familiar. Cuando el miedo y la frustración se apoderan de una comunidad, todos pueden ser culpables. Nadie está a salvo.
Lo sucedido en Cuahuixmatlac no es justicia. Es desesperación. Es la expresión más cruda del abandono institucional. Porque cuando el Estado no castiga, la gente castiga. Cuando las fiscalías no responden, el pueblo responde. Y cuando el gobierno solo actualiza protocolos en PowerPoint pero no reconstruye confianza, el pueblo se organiza… para hacer justicia con las manos.
La gobernadora, los alcaldes, los jefes de policía y los fiscales no deberían dormir tranquilos. Cada intento de linchamiento no solo pone en riesgo vidas, también demuele la frágil legitimidad de un Estado que ya no garantiza ni la justicia ni la seguridad.
Lo que arde en Cuahuixmatlac no es solo la rabia. Es el sistema completo que está fallando.
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LA CAMINERA...La comunicación que no comunica…La gobernadora de Tlaxcala no le atina a su estrategia de comunicación: Primero puso al hidalguense Augusto Ramírez al frente del área, es decir como su vocero. Luego lo mandó sin pena ni gloria a la Fiscalía General de Justicia. Ahora, lo coloca en la Secretaría de Gobierno… justo una de las áreas más prioritarias y sensibles de la administración.
Todo esto mientras releva a Daniel Angulo, quien no venía haciendo mal trabajo y tenia buena relación con medios de comunicación.
¿Crisis de imagen o simple falta de rumbo?
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AHORA SÍ, LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS…¿Cacique en la mira? Indalecio Saucedo Sánchez, líder transportista en Tlaxcala, es señalado por presunta invasión ilegal de terrenos en Papalotla y por décadas de cacicazgo en el transporte. Hay quienes exigen que se investigue su poder político, los bienes públicos que habría recibido en gobiernos pasados y el uso de espacios federales sin autorización.
La exigencia crece: que se ponga fin al control político disfrazado de liderazgo gremial.
¿Alguien se atreverá en el gobierno de Lorena Cuéllar?
