¡Vaya! que si hay una dependencia que requiere toda la atención, es la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado, donde su titular Marco Tulio Munive Temoltzin parece más ocupado en lo que será su función de notario público, y descuida su labor por la que actualmente cobra un salario, y deja abierta ventanillas abiertas a la ilegalidad.
En la Secretaría de Movilidad y Transporte parece que la legallidad brilla por su ausencia. Hoy, cualquier persona puede emplacar un automóvil con un simple comprobante de domicilio prestado por algún vecino en San Pablo Apetatitlán, a cambio de 200 pesos. Sí, tan fácil y barato como eso.
El problema no es menor. Al entregar un recibo de servicios se expone la identidad y los datos personales de quien lo presta, dejándolo vulnerable. En manos equivocadas, esa información puede convertirse en la llave para que la delincuencia ubique su domicilio y, con ello, se abran las puertas a fraudes, extorsiones o incluso delitos más graves.
Pero la situación se agrava cuando pensamos en otro escenario: ¿qué pasa si el vehículo emplacado con ese comprobante falso proviene de otro estado y termina involucrado en un delito? La autoridad siguiendo el rastro, llegará al domicilio prestado, señalando a una persona que ni conoce a los verdaderos dueños del coche, ni tiene relación alguna con sus actos. En pocas palabras: la víctima es doble.
Este vacío de control revela una falla elemental en los procesos de la Secretaría de Movilidad y Transporte, encabezada aún por Marco Tulio Munive Remoltzín, quien debería estar más atento a estos casos en lugar de distraerse en asuntos ajenos a su cargo, como su patente de notario.
Pude constatar la facilidad con que se da este intercambio: desayunando cerca de las oficinas de movilidad, vi cómo unas personas pedían prestado un comprobante de domicilio al encargado de un restaurante. El trato se cerró sin vergüenza alguna: “200 pesos y listo”. Con ese papel en mano, emplacar un vehículo es pan comido.
La autoridad no puede seguir tolerando que la identidad de los ciudadanos se negocie como mercancía y que, por falta de filtros, cualquiera pueda registrar un automóvil sin verdaderos vínculos con el estado.
Es cierto, los que prestan sus comprobantes de domicilios son tan culpables como el que comete el hecho, pero lo mínimo que se exige es vigilancia, rigor y responsabilidad en la institución oficial. Porque hoy, así de fácil, un comprobante de 200 pesos se convierte en la entrada para la impunidad.
La gobernadora Lorena Cuéllar debe poner un correctivo en la SMyT, pues ella prometió en su gobierno acabar con estas prácticas, pero parece que en ese lugar no comulgan con sus ideas de combatir la corrupción.
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LA CAMINERA…Condenable…Lo que debía ser una jornada de orgullo patrio terminó en vergüenza institucional. Durante el desfile cívico por el 215° aniversario de la Independencia de México, el secretario del ayuntamiento de Xaloztoc, Misael Pedraza Ortiz, fue captado pateando brutalmente a un perro callejero. El acto, registrado en video, exhibe no solo violencia, sino una profunda falta de humanidad.
La escena, ocurrida frente al presidente municipal panista Elías Sánchez Nava y miembros del cabildo, se viralizó rápidamente, generando indignación entre ciudadanos y colectivos animalistas. La Ley de Bienestar Animal del Estado de Tlaxcala no distingue cargos: el maltrato es sancionable, y la autoridad debe ser ejemplo, no agresora.
Este episodio no es menor. Revela una cultura de impunidad que se normaliza desde el poder. ¿Qué valores representa un funcionario que responde con violencia a la presencia de un ser indefenso? ¿Qué principios sostienen su permanencia en el cargo?
La conmemoración quedó opacada por la brutalidad. Hoy, la exigencia es clara: sanción ejemplar, no simulación. Porque si el respeto a la vida no es principio básico en el servicio público, entonces no hay servicio, ni hay público. Solo abuso.
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AHORA SÍ, LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS…La defensora cuestionada…Pero si los animales esperan que los defiendan desde la Coordinación de Bienestar Animal, tendrán que esperar un rato, pues resulta que a su titular Lesdy Liliana Chávez Cote le cerraron las oficinas y exigen su renuncia por que ya no aguantan los abusos.
Por lo que este perrito maltrarado en Xaloztoc solo le queda decir. ¡Y ahora, quién podrá ayudarnos!
