Mariana LOVERA// Un grupo de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala ha elevado una denuncia ante la dirección general del instituto, encabezada por el maestro Zoé Robledo Aburto, acusando al encargado de la Jefatura de Servicios Jurídicos en la delegación estatal, Gerardo A. Chávez Hernández, de encabezar una supuesta red de corrupción, cohecho y extorsión.
Las acusaciones, detalladas en un escrito enviado hace semanas a Robledo Aburto y reiteradas esta semana, no han derivado en una investigación interna visible, sino que, según los denunciantes, han sido desoídas. En un giro que ha causado alarma entre los empleados, el delegado estatal del IMSS en Tlaxcala, Dr. Saúl Nevárez Jiménez, habría propuesto la ratificación en el cargo definitivo del propio Gerardo Chávez.
Los trabajadores, que piden mantener el anonimato por temor a represalias, detallan un modus operandi que causaría severo daño patrimonial al Instituto. Acusan a Chávez Hernández de cobrar 250 mil pesos por el reconocimiento de cinco años de antigüedad laboral (50 mil pesos por año), y de exigir el 30% de los salarios caídos que el IMSS paga al reinstalar a exservidores públicos rescindidos. Además, lo señalan de promover convenios conciliatorios lesivos para la institución, donde se reinstala, reconoce antigüedad y se pagan salarios caídos completos sin beneficio para el IMSS.
La denuncia afirma que el funcionario «presume protección política» de Salvador «Chava» Ballesteros, esposo de la gobernadora Lorena Cuéllar, a quien supuestamente se refiere como su respaldo principal. Incluso, menciona tener vínculos con la fiscal estatal, Ernestina Carro, a quien llama “madrina”, y con amigos en el Poder Judicial local.
Uno de los señalamientos más graves es que Chávez Hernández ya estaría «ofreciendo» contratos de adquisiciones para el año 2026, asegurando a proveedores que puede influir para que ganen licitaciones a cambio de grandes sumas de dinero por anticipado.
Los denunciantes también revelan una estrategia de soborno y chantaje hacia los delegados: transferencias directas a cuentas personales por montos entre 100 mil y 400 mil pesos, lo que, alegan, puede corroborarse en los estados de cuenta de las nóminas institucionales. Esto, según la denuncia, comprometería a los funcionarios a mantenerlo en su puesto.
Como caso concreto, señalan que actualmente (enero de 2026) Chávez Hernández pretende reinstalar a la ex servidora pública Verónica Vázquez Pérez –rescindida por un presunto daño patrimonial de más de un millón de pesos y que perdió su juicio laboral– a cambio de 300 mil pesos que ella le habría ofrecido.
Pese a la gravedad y especificidad de las acusaciones, que incluyen también malos tratos al personal, la respuesta institucional ha sido, según los denunciantes, la inacción. Lejos de abrir una investigación, la propuesta de ratificación en el cargo es interpretada por los trabajadores como un «pago» por las «licitaciones 2026 para amigos del Delegado Estatal».
Critican, además, la gestión del delegado Nevárez Jiménez, a quien responsabilizan de la falta crónica de medicamentos, la atención de pacientes en pasillos y el mal estado de las instalaciones en el IMSS Tlaxcala.
Los trabajadores hacen un llamado urgente al director general, Zoé Robledo, para que intervenga e investigue, argumentando que permitir la impunidad en estos señalamientos mancha el principio de «cero tolerancia a la corrupción» que pregona el gobierno federal y daña irreparablemente al Instituto. Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial del IMSS sobre la denuncia o el proceso de ratificación.
