Mariana LOVERA | Organizaciones defensoras de derechos humanos encendieron las alarmas este lunes tras revelarse presuntas anomalías en un proceso de restitución internacional de una menor que vive en Tlaxcala con su madre, una mujer que asegura haber escapado de un ambiente violento en el país sudamericano.
En una conferencia realizada en el centro de la capital tlaxcalteca, la activista Yeny Charrez Carlos dio a conocer el caso de Jazmín Ramos, quien relata que durante siete años fue víctima de maltratos en Chile antes de retornar legalmente a México junto a su hija.
Charrez explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores turnó una solicitud de restitución al Poder Judicial local, aunque precisó que dicho documento no es una orden vinculante, sino una petición sujeta al análisis del interés superior de la niña y los eventuales peligros que enfrentarían ambas al regresar.
Entre las irregularidades señaladas, destacó que el juez del distrito de San Pablo del Monte supuestamente mantuvo conversaciones directas con la madre fuera del expediente, incluso sugiriéndole volver a Chile. Para las activistas, esto vulnera la neutralidad del proceso.
Otro hecho grave expuesto fue el descubrimiento de un localizador GPS oculto dentro de un peluche que le regalaron a la menor durante un acto vinculado al litigio. La madre detectó el aparato gracias a una alerta en su celular y lo entregó a las autoridades tras presentar una denuncia formal.
Charrez Carlos subrayó que estos eventos ponen en grave peligro la integridad de ambas, por lo que demandaron medidas de protección más rigurosas y la participación de organismos especializados en niñez.
La defensora también exhortó a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia estatal a revisar la actuación de los operadores jurídicos involucrados, a fin de garantizar una resolución con perspectiva de derechos humanos y atendiendo los antecedentes de violencia denunciados.
Jazmín Ramos, visiblemente afectada, manifestó su temor a que su hija sea enviada de regreso a Chile. Insistió en que su huida a México fue un acto de protección y pidió a las autoridades abordar el caso desde la empatía y el rigor legal.
Finalmente, las activistas confirmaron que seguirán dando acompañamiento legal a la familia y gestionarán acciones para preservar la seguridad de madre e hija mientras el proceso internacional se define.