• Las transferencias, subsidios y ayudas concentraron el 60.4 por ciento del gasto estatal, mientras que el 92.8 por ciento de los ingresos provino de participaciones, aportaciones, convenios e incentivos federales. La fiscalización no determinó daño patrimonial, aunque detectó deficiencias administrativas, contables y en la ejecución de programas.

Mariana LOVERA | El Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala recibió durante 2025 ingresos por 32 mil 259.7 millones de pesos y ejerció un gasto de 32 mil 253.6 millones, lo que permitió cerrar el ejercicio fiscal con un superávit de 6.1 millones de pesos, de acuerdo con el Informe Individual de la Cuenta Pública elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior de Tlaxcala (OFS).

El documento, correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, señala que no se ejercieron remanentes y que, hasta la fecha de elaboración del reporte, no se tenía registrado algún probable daño patrimonial pendiente de solventar por parte del Poder Ejecutivo estatal.

Transferencias y subsidios concentraron la mayor parte del gasto

La estructura presupuestal muestra que el principal destino de los recursos públicos fueron las transferencias, subsidios y otras ayudas, capítulo en el que se ejercieron 19 mil 468.21 millones de pesos, equivalentes al 60.4 por ciento del gasto total.

En segundo lugar se ubicaron las participaciones y aportaciones transferidas a los municipios, con 5 mil 814.32 millones de pesos, que representaron el 18 por ciento del presupuesto ejercido.

Por concepto de servicios personales, que incluye principalmente remuneraciones, prestaciones y obligaciones laborales, el Gobierno del Estado destinó 3 mil 655.88 millones de pesos, equivalentes al 11.3 por ciento.

La inversión pública alcanzó los mil 871.94 millones de pesos, es decir, el 5.8 por ciento del gasto. Mientras tanto, en servicios generales se ejercieron 634.88 millones; en bienes muebles, inmuebles e intangibles, 375.10 millones; y en materiales y suministros, 330.97 millones de pesos.

El rubro con menor gasto fue el de inversión financiera y otras provisiones, con 102.31 millones de pesos, equivalente al 0.3 por ciento del total ejercido.

Recursos federales representaron el 92.8 por ciento de los ingresos

El informe del OFS revela que la mayor parte de los ingresos estatales tuvo su origen en participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

Por estos conceptos, el Poder Ejecutivo recibió 29 mil 948.86 millones de pesos, que representaron el 92.8 por ciento de todos los recursos reportados durante el ejercicio fiscal.

Los ingresos obtenidos directamente por el estado tuvieron una participación considerablemente menor. Por impuestos se recaudaron mil 128.33 millones de pesos, equivalentes al 3.5 por ciento; por derechos se obtuvieron 708.28 millones, que representaron el 2.2 por ciento; y por productos se recibieron 334.90 millones de pesos, el 1 por ciento del total.

Por la venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos se captaron 137.79 millones de pesos, mientras que los aprovechamientos únicamente representaron 1.56 millones.

Las cifras reflejan que el funcionamiento financiero del Poder Ejecutivo mantuvo una fuerte concentración en los recursos provenientes del sistema de coordinación fiscal, convenios y transferencias federales.

OFS emitió 45 observaciones; cuatro siguen sin solventarse

Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2025, el Órgano de Fiscalización Superior emitió 45 observaciones al Poder Ejecutivo del Estado.

De ese total, 41 observaciones fueron solventadas, mientras que cuatro permanecieron sin solventar, por lo que serán objeto de seguimiento y remitidas a las autoridades competentes. El porcentaje de solventación alcanzó el 91 por ciento.

A pesar de las observaciones administrativas y contables, el organismo fiscalizador reportó cero pesos de probable daño patrimonial, sin cantidades pendientes por aclarar y sin recursos recuperados, debido a que no se determinó un quebranto económico.

Tampoco se establecieron presuntas responsabilidades administrativas ni se reportaron casos fiscales. El informe señala que no se identificaron otros incumplimientos relacionados con omisiones en procedimientos de adjudicación o casos de nepotismo.

Detectan fallas contables y deficiencias en la ejecución de programas

Entre los principales hallazgos de la fiscalización se encuentra la omisión del registro de la depreciación de bienes muebles, lo que representa una deficiencia en el control contable y patrimonial de los activos gubernamentales.

También se identificaron variaciones en los saldos de cuentas bancarias provenientes de administraciones pasadas. De acuerdo con el documento, se reportaron movimientos de aumento y disminución de recursos bancarios que no fueron reconocidos en el ejercicio correspondiente.

El tercer hallazgo se refiere a deficiencias en la administración y distribución de los recursos, así como a falta de capacidad técnica para la programación y ejecución de algunos programas gubernamentales.

Aunque estas irregularidades no fueron cuantificadas como daño patrimonial, representan áreas que deberán ser atendidas por las dependencias estatales para fortalecer los controles internos, mejorar la planeación presupuestal y garantizar un registro adecuado de los recursos y bienes públicos.

Informe presenta alcance financiero de revisión en cero

Un punto que destaca en la ficha del OFS es que el apartado denominado “Alcance de la revisión” señala que se revisaron recursos por cero millones de pesos, equivalentes al 0.0 por ciento del gasto con recursos locales.

La gráfica también presenta una muestra revisada de cero pesos, pese a que el propio informe reporta 45 observaciones derivadas de la auditoría. En la lámina ciudadana no se explica si este dato corresponde únicamente a una modalidad específica de revisión, a la ausencia de recursos locales dentro de la muestra o a una inconsistencia en la presentación de la información.

El documento muestra además un presupuesto autorizado de 28 mil 003.8 millones de pesos, cifra inferior a los ingresos recibidos y al gasto ejercido durante 2025. Sin embargo, la ficha no precisa si la diferencia corresponde a ampliaciones, adecuaciones o modificaciones presupuestales realizadas durante el ejercicio.

En términos generales, el Poder Ejecutivo cerró 2025 con equilibrio entre ingresos y egresos, sin daño patrimonial determinado por el OFS, aunque con observaciones pendientes y deficiencias administrativas que deberán ser corregidas y supervisadas durante las siguientes etapas de fiscalización.

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