- El organismo de salud acumuló 8.9 millones de pesos pendientes de solventar; COBAT y el Tribunal Electoral superaron los cuatro millones. Entre las comisiones de agua, Chiautempan registró el monto más elevado.
Mariana LOVERA | El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala encabezó a los entes estatales con mayor probable daño patrimonial en la fiscalización de la Cuenta Pública 2025, al registrar 8.9 millones de pesos pendientes de aclarar, según los informes ciudadanos del Órgano de Fiscalización Superior.
La mayor parte de este monto, aproximadamente 7.9 millones de pesos, correspondió a obras o conceptos pagados que no pudieron ser fiscalizados por falta de documentación comprobatoria sobre su ejecución. Además, se reportaron 500 mil pesos por bienes o servicios cuya recepción no fue acreditada, 200 mil pesos por volúmenes de obra pagados pero no ejecutados y otros importes relacionados con trabajos que no cumplieron las especificaciones contratadas.
El OPD Salud recibió 220 observaciones; 113 fueron solventadas y 107 continuaban pendientes, con un porcentaje de solventación de 51 por ciento. El informe también reportó tres casos fiscales que serían turnados al Servicio de Administración Tributaria y a otras autoridades.
COBAT y Tribunal Electoral, arriba de cuatro millones
En segundo lugar entre los entes estatales se colocó el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, con 4.3 millones de pesos de probable daño patrimonial. De ese monto, 3.1 millones correspondieron a gastos improcedentes, 600 mil pesos a erogaciones en exceso y una cantidad similar al pago de remuneraciones por servicios personales no recibidos. COBAT dejó sin solventar 72 de las 171 observaciones emitidas.
Muy cerca apareció el Tribunal Electoral de Tlaxcala, con 4.2 millones de pesos, prácticamente todo el monto clasificado como gastos improcedentes. El organismo solventó 33 de sus 43 observaciones y dejó diez pendientes de aclaración.
La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda ocupó la cuarta posición, con 2.3 millones de pesos. Alrededor de dos millones correspondieron a volúmenes de obra pagados pero no ejecutados, mientras que el resto se relacionó con procesos constructivos deficientes y trabajos que incumplieron especificaciones técnicas. La dependencia dejó 63 observaciones sin solventar de un total de 100.
Otros montos relevantes fueron los de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, con un millón de pesos; el Instituto del Deporte de Tlaxcala, con 900 mil pesos; la Secretaría de Movilidad y Transporte, con 800 mil pesos, y el Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl, con 700 mil pesos.
El Tribunal de Conciliación y Arbitraje registró 600 mil pesos; la Secretaría de Infraestructura, 500 mil, y la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento reportó 300 mil pesos de probable daño relacionado principalmente con conceptos y volúmenes de obra.
Chiautempan encabeza a las comisiones municipales de agua
Entre las cinco comisiones municipales de agua potable fiscalizadas, la de Chiautempan tuvo el monto más alto, con 1.6 millones de pesos de probable daño patrimonial. El OFS señaló un millón de pesos en recursos públicos faltantes, 500 mil pesos en gastos en exceso y alrededor de 100 mil pesos en gastos improcedentes. De sus 51 observaciones, únicamente 18 fueron solventadas y 33 quedaron pendientes.
La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Apizaco ocupó el segundo lugar, con 1.2 millones de pesos, principalmente por gastos improcedentes, bienes o servicios sin comprobar, deudores diversos y volúmenes de obra pagados pero no ejecutados. Solventó 14 de 38 observaciones.
La comisión de la capital registró 400 mil pesos; la de Huamantla, aproximadamente 100 mil pesos, y la de Zacatelco, alrededor de 10 mil pesos de probable afectación patrimonial. En estas tres entidades también se reportaron bajos niveles de solventación: 47 por ciento en Tlaxcala, 26 por ciento en Huamantla y 23 por ciento en Zacatelco.
Las cantidades señaladas se mantienen bajo la categoría de probable daño patrimonial. Corresponderá a los procedimientos de seguimiento, solventación y, en su caso, determinación de responsabilidades, establecer si los recursos deben ser reintegrados o si existen faltas administrativas o posibles conductas de otra naturaleza.