Isa Martínez | El procedimiento de juicio político promovido por la presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, Elena Macías Díaz, contra los cinco integrantes del Cabildo señalados en la denuncia avanzó a una nueva fase, luego de que el Congreso del Estado diera por concluido el trabajo de la Comisión Especial encargada de integrar el expediente.
Durante la sesión de este viernes, la Comisión Permanente conoció el informe final de dicho órgano legislativo, el cual confirmó que ya fueron agotadas todas las diligencias relacionadas con la recepción e integración de pruebas dentro del expediente parlamentario LXV-SPPJP-003/2025.
Con ello, la Comisión Especial —integrada por las diputadas Maribel León Cruz, Brenda Cecilia Villantes Rodríguez y Lorena Ruiz García— dejó de existir al haber cumplido el objetivo para el que fue creada.A partir de este momento, el procedimiento queda en manos de la Comisión de Juicio Político del Congreso local, presidida por el diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, instancia que continuará con el análisis del caso y las actuaciones procesales correspondientes.
El informe precisa que el periodo para ofrecer pruebas concluyó el pasado 13 de junio, una vez vencido el plazo establecido para las partes involucradas. La denuncia presentada por la alcaldesa está dirigida contra Eleuterio Roldán González, Karen Guzmán Arias, Jesús Domingo Moreno Mendoza, Leticia Portillo Cruz y Areli Badillo Guzmán, quienes integran el Cabildo del municipio.
Las legisladoras responsables de la integración del expediente dejaron claro que su intervención no implicó emitir un juicio sobre la responsabilidad de los regidores denunciados, ya que su función se limitó exclusivamente a recibir, clasificar e incorporar la documentación presentada por las partes
Será ahora la Comisión de Juicio Político la que determine el alcance de las pruebas reunidas y continúe con el procedimiento previsto por la legislación, antes de que el asunto pueda ser sometido a consideración del Pleno del Congreso.
En su informe, la Comisión Especial enfatizó que cualquier valoración sobre la existencia o no de responsabilidad política corresponde únicamente a la siguiente etapa del procedimiento, por lo que el documento entregado constituye únicamente el cierre de la fase de integración del expediente, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto.